La plataforma Cantabria Sostenible, formada por 17 colectivos, ha hecho un llamamiento a la población para que “tome conciencia” de la “grave amenaza” que supone el proyecto de la nueva Ley de Suelo, que está elaborando el Gobierno de Cantabria, para el territorio, la economía, el paisaje y los valores naturales de la región, y se sume a la organización y apoye sus propuestas.
El colectivo se ha presentado públicamente este miércoles en un acto en el que ha denunciado que este borrador del anteproyecto de la ley “pretende extender la construcción dispersa y generalizada de viviendas por todo el interior” de la comunidad.
“Es una ley muy problemática que quiere trasladar el modelo fallido de construcción y de ladrillo de la costa al interior de Cantabria”, ha valorado su portavoz, Daniel Lobete, quien ha advertido que la aprobación de esta ley llevará a la construcción de “cientos o miles” de viviendas dispersas por el interior a lo largo de varios años.
Según la plataforma, con esta ley se pretende culminar el proceso de “involución” territorial y económica de Cantabria en la última década, con el “desmantelamiento” del territorio y la “pérdida” de suelo fértil para las generaciones futuras.
A su juicio, previamente a esta ley debe haber un plan de ordenación del territorio “que no existe actualmente en Cantabria” y por lo que hay una “desorganización total”. En su opinión, el borrador apuesta por la “especulación” y la “construcción en suelo rústico”, en lugar de impulsar la economía productiva agraria, ganadera, forestal, agroalimentaria, turística y cultural, garantizando la adecuada ordenación del territorio.
“Utiliza la herramienta de los PSIRes como una especie de comodín, en la cuál se puede construir en prácticamente cualquier lugar, independientemente, además, de la protección del suelo, lo cual nos parece una aberración plantearlo así”, ha valorado. Así, ha asegurado que la nueva ley es “insostenible” ambiental y económicamente porque “degrada” el espacio rural y el paisaje, “destruyendo” un recurso económico básico como es el suelo fértil.
Asimismo, el portavoz ha recordado que el suelo rural en la Comunidad es un bien “limitado y no renovable”, que hay que preservar “decididamente” como soporte básico de políticas agroganaderas, forestales y de conservación de la biodiversidad y los ciclos naturales, y como recurso estratégico para el futuro de actividades e infraestructuras.
Además, ha criticado que a lo largo de la última década la Administración cántabra ha autorizado “actividades y usos no permitidos en otras comunidades, que son contrarios a los principios más básicos de la ordenación territorial y la disciplina urbanística”. En este sentido, ha señalado que mientras en el País Vasco y Asturias la construcción en suelo rural está “estrictamente prohibida y limitada”.
Según el colectivo, la posibilidad de construir en suelo rústico que “abrió” la Ley de 2012 y la “ampliación generalizada” que ahora “potencia” el proyecto de Ley de 2021 sitúa la gestión territorial de la Comunidad “en contra de la normativa moderna seguida por las comunidades vecinas, del resto del Estado y la Unión Europea, y en contra de las necesidades y el interés general de Cantabria”.
Cantabria Sostenible ya ha presentado alegaciones a la propuesta de la Ley del Suelo a través de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), una de las impulsoras de esta iniciativa.
Propuestas de Cantabria Sostenible
La plataforma Cantabria Sostenible está formada, además de ARCA, por Cantabristas, Cantabria no se Vende (CNSV), Madres por el clima, Red Cambera, Nuevo Modelo Energético (Noda Cantabria), Asamblea en defensa de las Excavadas, EQUO, Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT), Ecologista en Acción, IU, el sindicato STEC, Centinelas, Asociación Ría, Podemos, Asociación Hispania Nostra y Unión de ganaderos y agricultores montañeses(UGAM-COAC).
Entre sus propuestas se encuentran la retirada del actual proyecto de Ley del Suelo, la derogación de la Ley del 2.012, la restauración de la Ley del Suelo de 2.001, alternativas económicas para el suelo rural en positivo, orientadas a los fines propios de su naturaleza, y consensuar un nuevo modelo económico diverso, estable y sostenible, con participación social y un horizonte a largo plazo.