En junio del año pasado entró en funcionamiento en Cantabria el conocido como juzgado de cláusulas suelo y en este tiempo ha recibido aproximadamente 5.000 demandas, de las que más de 4.000 aún están pendientes de resolverse, según reflejan los datos a los que ha tenido acceso eldiario.es.
Aunque la cifra de casos sin resolver es muy elevada (80%), el ritmo al que los jueces están dictando sentencia es “aceptable”, y una de las causas principales por las que se está comenzando a demorar su resolución es que el número de denuncias que se presentan contra las entidades bancarias no ha dejado de disminuir en este tiempo.
Cada mes entran de media al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, encargado de centralizar todo este tipo de casos, unas 240 reclamaciones. “Un juzgado civil registra habitualmente cerca de 1.000 demandas al año; nosotros, en cláusulas suelo, 5.000”, destaca el juez decano de Santander y titular del juzgado, Jaime Anta.
Esas 5.000 demandas por cláusulas bancarias abusivas suponen el doble de que lo esperaban recibir en el primer año de funcionamiento y el quíntuple de lo que recibe normalmente un juzgado en ese mismo periodo de tiempo.
“Un juez en civil suele dictar como mucho 300 sentencias al año. Yo andaré por las 700, pero por mucho que resuelva, tengo la sensación de que estoy intentando llenar un pozo sin fondo”, describe Anta en declaraciones a este medio.
Además de que no ha bajado el ritmo de entrada de demandas -“se ha estabilizado en torno a las 60 por semana”-, hay otro factor que está provocando este atasco en el juzgado, y es que hasta la fecha los bancos se han negado a negociar con los clientes. “No ha habido ni un solo caso resuelto por acuerdo”, resalta este magistrado. Y ello pese a que un 99% de los fallos judiciales son favorables a los consumidores.
“Quiero pensar que lo que están haciendo los bancos es hacer números; entienden que les sale más a cuenta oponerse a todo, aunque sepan que van a perder, porque de esa manera disuaden a las personas de acudir a los juzgados. Tienen miedo a que si le devuelven los gastos a un cliente, el resto se les venga encima”, considera Anta.
Así, el balance del primer aniversario del conocido como juzgado de cláusulas suelo deja una buena y mala noticia para los demandantes: la buena es que prácticamente ganan la totalidad de los casos, y la mala es que cada se va a demorar más el tiempo en el que logran una sentencia.
5.000 euros de media
Fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que diseñó el año pasado un plan para resolver todas las demandas relacionadas con cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, cuya principal medida a adoptar fue la especialización de 54 Juzgados de Primera Instancia repartidos en toda España.
Aquella encomienda recayó en Cantabria en el Juzgado número 2 de Santander, que en la actualidad cuenta con tres magistrado y que en este primer año ha recibido 5.000 demandas, habiendo resuelto 800 de ellas mediante sentencia -un 99% a favor de los clientes-, y sobreseído otro centenar más por presentar las mismas algún tipo de error.
Anta señala que se han detectado “hasta 52 cláusulas” que podrían ser susceptibles de considerarse abusivas, sin embargo “lo más habitual es que se reclame la anulación de dos o tres”, siendo las más comunes las cláusulas suelo que fijan un interés mínimo, los gastos hipotecarios y el vencimiento anticipado. En su caso lo máximo que ha juzgado han sido 18 en una misma demanda.
En cuanto a las cantidades, la media a percibir por el demandante es de “algo más de 2.000 euros” cuando se reclaman los gastos hipotecarios y “en torno a los 5.000 euros” cuando hablamos de cláusulas suelo. Además, es el banco quien sale condenado a costas.
El titular del Juzgado subraya que es “complicado” dar un dato sobre el periodo medio que se tarda en resolver un caso, aunque para hacerse una idea apunta que la “inmensa mayoría” de las demandas presentadas en julio, septiembre, octubre y noviembre (agosto es inhábil) del año pasado ya se han despachado. “Estamos ahora mismo resolviendo las de enero. Creo que es un plazo razonable”, apostilla este magistrado, que ensalza el “sobreesfuerzo” que están realizando los profesionales.
Cambio de modelo
Las medidas del plan diseñado por el CGPJ vencen el próximo 30 de junio y los titulares de los 54 Juzgados de Primera Instancia se han puesto de acuerdo para pedir que no se renueve. “Podría mantenerse el Juzgado si el número de demandas rondara las 2.500 o 3.000 al año, pero con una entrada tan alta de 5.000 lo lógico sería que se repartiesen entre todos los juzgados”, defiende Anta.
A su juicio, se ha asumido “mucho riesgo” creando estos juzgados específicos. “Se concentra tanto la decisión que la respuesta se hace más lenta”, sostiene.
En este sentido, llama la atención sobre el hecho de que las demandas vinculadas a los abusos bancarios “representan la mitad del partido judicial de Santander”. “No parece una fórmula organizativa muy lógica que el 50% de las demandas se las des a un juzgado y el 50% restante a los otros once que existen en la ciudad”, recalca. “Mejor repartir entre doce que a uno solo”, concluye.