Así lo ha indicado este lunes ante el Pleno del Parlamento el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Ejecutivo PRC-PSOE, Francisco Martín, al ser interpelado por el diputado de Podemos Alberto Bolado sobre el estado de las actuaciones de las distintas piezas judiciales en el caso Racing.
Tras aclarar que el Gobierno no es acusación, sino que la ejerce Cantur, sociedad dependiente de su departamento, Martín ha recordado que el bipartito aseguró que no iba a retirar la acusación de esta empresa sobre el Racing y “así ha sido”.
Y no lo ha hecho, como ha apuntado el consejero, porque socialistas y regionalistas están “convencidos” de que la gestión del patrocinio de la empresa al club de fútbol fue “transparente”.
Tampoco han retirado dicha acusación por “respeto” a los trámites judiciales, porque creen que “lo mejor” para aclarar la situación es que un juez se pronuncie y, también, porque el actual Gobierno se comprometió con Podemos a mantener esa acusación, para que el partido morado facilitara con su abstención la investidura de Miguel Ángel Revilla como presidente de Cantabria.
De todas formas, Martín ha opinado que la personación en el caso, materializada la pasada legislatura con el PP en el Ejecutivo, responde más a un “ánimo de revancha” o a una “caza de brujas” que a “decisiones importantes”.
En este sentido, cree el titular de Turismo que la decisión de Cantur de apoyar al Racing de Santander dado su pasado deportivo y trascendencia social es algo que “no se pone en tela de juicio”, aunque “tal vez sí” la forma en que se apoyó.
De todas formas, ha recordado que la tramitación de la causa está parada, a raíz del recurso de apelación que interpusieron en mayo de 2015 ante la Audiencia de Cantabria los representantes de los acusados, entre ellos los exconsejeros de Turismo, Cultura y Deporte y Economía y Hacienda, Francisco Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE).
Así, hasta que no se resuelva esta apelación, “no hay ninguna novedad” en el caso Racing, ha apuntado Francisco Martín, que ha insistido en que el actual Ejecutivo no ha modificado “ni un solo papel”, sino que “todo” está “en manos del juez”.