El caos sanitario, la crisis de vivienda y el rechazo en las calles al turismo masivo marcan el 2024 en Cantabria

El año 2024 echa el telón y en Cantabria, frente a los golpes de pecho de su presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), sobre la situación de la comunidad autónoma tras su primer año natural completo de mandato, las aguas están revueltas y los ánimos más bien encendidos en lo que concierne a sectores tan importantes como la sanidad o la educación; mención aparte para la vivienda, cuya crisis se ha convertido en un problema nacional de primer orden que enfrenta al Gobierno central con las autonomías -como Cantabria- contrarias a aplicar la ley estatal para topar los precios de los alquileres.

Y es que en este ámbito, la estrategia adoptada por el Ejecutivo cántabro del Partido Popular ha sido clara desde el principio, sobre todo cuando su consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), rechazó aplicar la limitación de los precios porque “el mercado no se puede regular”. “Eso se hace en Cuba”, defendió a principios de año, de manera que aunque ha habido municipios que lo han solicitado, como Comillas y Castro Urdiales, no habrá declaraciones de zonas tensionadas mientras el PP esté al frente de la comunidad autónoma.

De momento, y pese a que gobierna en minoría, su legislatura no está siendo precisamente una carrera de obstáculos en lo que a aritmética parlamentaria se refiere. Más bien está contando con el camino despejado sin necesidad de echar mano de los diputados de la extrema derecha de Vox, porque desde el principio le ha salido un inesperado socio estratégico que en este 2024 se ha consolidado en ese rol.

Se trata del PRC de Miguel Ángel Revilla, que ya facilitó la investidura de Buruaga y sus primeros presupuestos, y que este año ha protagonizado un tercer apretón de manos con la presidenta para aprobar sus segundas cuentas. Ambos dirigentes firmaron un documento en el que los regionalistas reclamaban una serie de obras menores en distintos municipios, además de mantener en marcha proyectos históricos como el polígono de La Pasiega o el MUPAC.

En el texto también se recogía el compromiso del Gobierno de aprobar la nueva legislación para pisos turísticos antes de junio de 2025, más margen para sacar adelante una normativa que arrastra meses de retraso en un contexto en el que este tipo de alojamientos vacacionales están absorbiendo toda la oferta de alquiler residencial, dificultando enormemente el acceso a la vivienda en las localidades más turísticas.

La exconsejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández (PP), anunció el nuevo decreto para el pasado verano y posteriormente lo pospuso a otoño. A día de hoy, ni hay decreto, ni ella está en el cargo. Y el nuevo titular de este departamento, Luis Martínez Abad (PP), asegura que “no tiene sentido” ponerle fecha. El responsable de esta cartera ha tenido un aterrizaje tortuoso al frente de la Consejería, por este motivo y por la decisión de privatizar los servicios de hostelería de Alto Campoo, lo que ha motivado movilizaciones de los trabajadores de la empresa pública Cantur.

Primera crisis de gobierno y problemas en Sanidad

La llegada de Martínez Abad se enmarca en la primera crisis de gobierno del PP en lo que llevamos de legislatura. Fue en septiembre cuando Buruaga decidió destituir a dos de sus consejeros, sobre los que llovían críticas de la oposición e incluso una reprobación parlamentaria.

Así, cesó al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia (PP), señalado desde el principio por sus deudas tributarias con la Administración, y a la citada anteriormente consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, en el foco de la polémica por su gestión en torno a los planes de sostenibilidad turística -además de los pisos vacacionales-. Lo cierto es que este fue un cese a medias, puesto que dos días después fue nombrada directora general de Cultura.

María Jesús Susinos y Luis Martínez Abad se convirtieron en las caras nuevas de un Ejecutivo en el que se mantienen otros consejeros cuya gestión también está en tela de juicio constantemente por la oposición. El principal señalado es César Pascual (PP), máximo responsable de una sanidad pública que ha estado sobre el alambre en este último año, especialmente durante el verano, por la falta de profesionales y por el cierre de consultorios rurales. La crispación llegó al punto de congregar a 7.000 personas en una manifestación en Reinosa.

Además, las listas de espera se han convertido en otro caballo de batalla en la gestión sanitaria, llegando incluso a cobrarse la cabeza de la gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, María Dolores Acón, tras cuestionar públicamente su credibilidad e insinuar que se utilizan con consignas políticas. El Parlamento aprobó reprobar a Pascual en abril y se libró en diciembre de su segunda reprobación en un año gracias al apoyo del diputado tránsfuga de Vox. Pese a todo ello, cuenta con el mayor respaldo posible de la jefa del Ejecutivo: “Ni muerta”, llegó a decir Buruaga sobre la posibilidad de destituirlo.

Conflicto con los docentes

Y además del sanitario, al Gobierno del PP se le ha abierto a finales de este año otro frente, en este caso en el ámbito de la educación, más concretamente de sus profesionales. Y es que los docentes le reclaman una adecuación retributiva que se les lleva negando en el tramo autonómico de sus nóminas desde hace 17 años. Así, nueve representantes sindicales se encerraron durante 10 días en señal de protesta en la sede del Ejecutivo ubicada en la calle Peña Herbosa de Santander.

Además, también se han desarrollado encierros en centros educativos y se han llevado a cabo varias movilizaciones, y la más multitudinaria congregó a 2.000 profesores frente a la Consejería de Educación que dirige Sergio Silva (PP), a quien acusan de no querer negociar. Como consecuencia de ello, los profesionales de la educación pública aseguran que persistirán en sus medidas reivindicativas también en 2025, hasta que el consejero les traslade una propuesta concreta con plazos y cuantías económicas.

Memoria Histórica e 'Ibiza del norte'

También ha habido en este 2024 concentraciones contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria que ha llevado a cabo el Gobierno del PP con el respaldo de Vox. La Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria trató de evitar sin éxito hasta el último momento que estas dos formaciones revocaran la norma aprobada en la pasada legislatura por PRC y PSOE.

Aunque para manifestación multitudinaria y con repercusión en la sociedad cántabra destaca por encima del resto la convocada en mayo por el partido Cantabristas en Ribamontán al Mar contra el comunmente conocido como proyecto para convertir Cantabria en la 'Ibiza del norte', a través de una promotora inmobiliaria que quiere construir un macrocomplejo turístico -350 segundas residencias y un campo de golf- en el entorno natural de Loredo y Langre junto a las playas más atractivas de la zona. Cerca de 10.000 personas se echaron a la calle contra el modelo de turismo masivo que representa este proyecto, del que Cantabristas ha solicitado información en los tribunales.

Y, posteriormente, la plataforma 'Cantabria para vivir',  integrada por una veintena de colectivos entre movimientos sociales, asociaciones vecinales, feministas y culturales, partidos políticos y sindicatos, convocó una nueva movilización contra el citado modelo de turismo masivo, esta vez en Puente San Miguel, coincidiendo con el Día de las Instituciones de Cantabria, con el objetivo de hacer visible la reivindicación a las autoridades políticas presentes en la cita.