Vivir de alquiler se está convirtiendo en una verdadera carrera de obstáculos cada vez más difícil de superar. Y es que a los precios disparados y a la misión casi imposible de encontrar un piso que no se alquile por temporada, sobre todo en las zonas más turísticas, se suman una serie de requisitos que a los inquilinos se les está obligando a cumplir y que, en muchos casos, suponen verdaderas barreras para acceder a un arrendamiento. “Entras en una lista de aspirantes y ahí empieza un proceso de selección de inquilinos en el que desnudas toda tu intimidad financiera”, lamenta una ciudadana afectada por este panorama.
El supuesto miedo a la 'okupación', azuzado tanto desde la derecha y la extrema derecha como desde las empresas de seguridad y alarmas, está motivando que los propietarios de viviendas en alquiler se comporten cada vez con mayor recelo y exijan a los potenciales arrendatarios que cumplan unas condiciones que, en muchas ocasiones, son verdaderas trabas, alguna incluso insalvable.
En primer lugar, requieren de solvencia económica. Para ello, reclaman al inquilino ingresos contrastados mediante, generalmente, las dos o tres últimas nóminas o los movimientos bancarios del último año. Llegan incluso a fijar una cifra mínima de ingresos fijos: 1.875 euros mensuales o 22.500 euros anuales, tal y como se puede observar en el ejemplo de anuncio de una vivienda en alquiler en Santander extraído de un conocido portal inmobiliario.
Entre los requisitos que exige el anunciante, y que ya está plenamente extendido, se encuentra el seguro de impago, previo estudio de viabilidad a cargo de la compañía aseguradora. Según fuentes consultadas del sector inmobiliario, el seguro lo suele pagar el inquilino –a veces a medias– aunque el beneficiario sea el propietario, y el coste oscila en torno a la mitad de una mensualidad o entre el 4% y el 5% de la renta anual. Entre las principales coberturas, además del impago de cuotas, el seguro también suele incluir daños en la vivienda o facturas pendientes de servicios básicos como luz, agua y gas. Asimismo, si el arrendatario no cumple la totalidad de lo que el seguro de impago le exige, a veces se le permite aportar un avalista, aunque en ocasiones, como en el anuncio anterior, es requisito indispensable.
“Mucha gente no supera el estudio de viabilidad”, reconocen las mismas fuentes inmobiliarias. Y es que, según explican, el salario medio está en 1.500 euros, cuantía que se exige para alquileres en torno a los 600 o 650 euros, cuando los precios por lo general superan esas cifras, especialmente en los núcleos de mayor población y en las zonas más turísticas. Así todo, aun cumpliendo con los requerimientos exigidos, las exigencias han llegado a tal punto que los propietarios únicamente se abren a arrendar su piso a funcionarios, profesionales con un garantía 100% de ingresos fijos. En el caso de Santander, se específica en los anuncios que están destinados a docentes o a personal del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Todos los requisitos citados anteriormente suponen trabas todavía mayores para las personas de origen extranjero. A veces incluso no llegan a ellos: “Te dicen que no das el perfil solo con escucharte hablar”, lamenta Wilfrido Monge, costarricense que vino a Santander el pasado año con su familia para estudiar un grado en Administración de Empresas y que vivió un auténtico calvario para lograr que le alquilaran un piso.
En conversación con este medio, cuenta cómo ya desde Costa Rica alquiló uno en Santander a través de la plataforma Airbnb y al llegar a España negoció para que el arrendamiento fuera de larga duración. Su casero accedió a ello, pero meses más tarde, a las puertas de la temporada estival, le comunicó que tenía que abandonar la vivienda en un plazo de 15 días. Ahí se encontró lo que él mismo califica como de “verdaderas murallas” para encontrar un propietario que le alquilara un techo.
Pese a contar con ingresos en su país, cuenta que le reclamaban nóminas de los últimos seis meses que fueran de aquí. “El dinero de fuera no es válido para el seguro de impago”, explica, de manera que comenzó a compaginar sus estudios con un trabajo de hostelería para poder acreditar ingresos en España. “Me llegué a encontrar con el dueño de un piso al que la inmobiliaria le dijo que si no quería problemas no me lo alquilara, y eso que él era mexicano”, relata.
En su búsqueda, pese a acreditar permisos de residencia y de trabajo, le llegaron a decir incluso que preferían mascotas antes que niños, por lo que su mujer y sus hijos se terminaron marchando de vuelta a Costa Rica mientras solucionaba su problema de vivienda. Él logró alquilar un piso de una habitación, aunque se trata de un arrendamiento por temporada, de manera que en julio lo tiene que dejar y vuelve en septiembre, dado que le reclaman 6.000 euros por esos dos meses de verano.
“Es un precio abusivo que no estoy dispuesto a pagar”, asegura, lamentando la situación de “inestabilidad” que le produce tener que abandonar la vivienda durante ese periodo. Cuenta, además, que los alojamientos que encontraba estaban “en condiciones deplorables”. “Piden 500 euros por pisos muy pequeños, inhabitables, con paredes falseadas y ventanas sujetas con bridas”, pone como ejemplo.
“Notan tu acento”
Otro caso similar al suyo es el de Mila Parra, natural de Venezuela. Estaba con sus hijos menores en un piso de acogida de la ONG Movimiento por la Paz, pero le restaban apenas 15 días para tener que dejarlo. Comenzó la búsqueda de un alquiler, pero los problemas se fueron sucediendo uno tras otro. En primer lugar, le exigieron tres nóminas, pero ella acababa de llegar a España y, por tanto, llevaba poco tiempo trabajando aquí. Y eso no era suficiente para superar el seguro de impago. “No tienes la cualidad para ello”, me decían.
Parra tuvo la fortuna de que la ONG Nueva Vida le hizo de avalista, y eso le permitió superar los requisitos del seguro de impago. “En cuanto presenté el avalista 'milagrosamente' todo fue bien”, señala. Aún así, resalta que “en cuanto notan tu acento el contrato es más exigente”. “Cada dos párrafos pierdo la fianza”, lamenta. “Tengo que abrir diariamente las ventanas porque si no la pierdo”, ejemplifica, afirmando que una abogada le dijo que “el contrato es abusivo”.
Ella tiene su alquiler, pero a diario recibe mensajes de gente de su entorno que está en búsqueda y tiene serias complicaciones. “Estamos en un país del primer mundo y nunca pensamos que la situación iba a ser tan difícil”, reconoce en conversación con elDiario.es. “Y va a peor”, sentencia, remarcando que el precio de una habitación de antes ahora es el de dos.
“Discriminación normalizada”
Ambos casos pertenecen a la Asociación Nueva Vida, que lanzó recientemente una campaña denominada 'Misión (im)posible', con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas que se celebró este pasado 20 de junio. El objetivo, según detallan, es “concienciar sobre la dificultad de acceso a la vivienda que afecta a buena parte de la población en España y la discriminación residencial añadida que sufren las personas migrantes o solicitantes de asilo”.
Para el gerente de Nueva Vida, David García, “que hoy en día esto suponga una de las mayores barreras de integración en España, para personas que incluso están realizando trabajos fundamentales como los sociosanitarios o en el sector servicios, creemos que requiere de un análisis y búsqueda de soluciones conjunta”.
García se hace referencia al informe '¿Se alquila? Racismo y Xenofobia en el mercado de alquiler', realizado por la asociación Provivienda a través de la metodología del testing inmobiliario, que concluye que la discriminación de las personas extracomunitarias es un fenómeno “normalizado”. “El 72% de las inmobiliarias contactadas admiten que aceptan formas explícitas de discriminación a la hora de atender a potenciales inquilinos”, apunta.
Investigación patrimonial
La vida de Sonia, su marido y sus tres hijos menores dio un vuelco cuando le notificaron hace casi un año que debía dejar la casa de alquiler en la que reside en la zona de Peñacastillo, en Santander. Una vivienda que fue suya pero que desafortunadamente con la crisis pasó a manos de un banco. Un jueves por la tarde, hace once meses, un matrimonio llamó a la puerta de su casa. Eran los nuevos dueños de la vivienda y querían disponer de ella lo antes posible. Sonia tenía un contrato hasta final de este mes de junio que se comprometieron a respetar. Nunca imaginó que fuese imposible alquilar un piso de tres habitaciones en la periferia de Santander.
“Empezamos a buscar el año pasado con un límite de 800 euros, y entonces todavía había algo por este precio, porque ahora si encuentro algo por 1.000 euros me daría por satisfecha”, explica. “El problema es que casi todas las viviendas están destinadas a alquiler temporal, nadie quiere inquilinos fijos”, advierte en conversación con elDiario.es.
En su caso, están padeciendo además una “humillante investigación patrimonial” cada vez que intentan firmar un contrato. “Entras en una lista de aspirantes y ahí empieza un proceso de selección de inquilinos en el que tienes que demostrar tu solvencia, enseñar las nóminas… desnudas toda tu intimidad financiera, les tienes que proporcionar un montón de información y datos personales”, añade.
Le han exigido un seguro de alquiler que es el que pide toda la documentación y después indaga en los registros de morosos. Después, con esa información, descartan a los que no cumplen determinados requisitos y con el resto se elabora una especie de ranking de fiabilidad en el que priman las nóminas fijas, que se sea funcionario mejor que un trabajador autónomo que no puede demostrar ingresos fijos, o incluso la capacidad de depositar un aval que garantice el pago del primer año. “Te pueden pedir cualquier cosa” –lamenta Sonia– “incluso en ocasiones, cuando consigues llegar a 'semifinales', empieza una especie de subasta en la que los futuros inquilinos empiezan a subir la puja ofreciendo 50 euros más para quedarse con el piso”.
A estas prácticas selectivas se une otra barrera que es la de los niños. Si pueden elegir, muchos propietarios no quieren alquilar a familias con hijos pequeños, lo cual reduce mucho más unas posibilidades ya de por sí mínimas. A finales de junio vence el plazo para dejar la casa. Durante estos meses han buscado alquiler por su cuenta y también están apuntados en seis inmobiliarias. “Estamos dispuestos a pagar hasta 950 euros por un piso de tres habitaciones en la periferia de Santander, Astillero, Bezana o Maliaño. Es desesperante. Los veraneantes y turistas lo tienen más fácil, pero para nosotros no parece haber posibilidad”, concluye.