Castro Urdiales se ha convertido este lunes en el segundo municipio de Cantabria, después de Comillas, que insta al Gobierno autonómico a que le declare como zona tensionada de vivienda, posibilidad que contempla la normativa estatal para localidades cuyos alquileres tienen precios especialmente elevados, con el objetivo de toparlos y frenar su escalada. Así, el Pleno de la Corporación municipal ha sacado adelante una moción de Podemos relativa a este asunto gracias al respaldo de los grupos que sustentan al equipo de gobierno (PSOE y CastroVerde), al que también se ha sumado Ciudadanos.
Por el contrario, PP y Vox, que han votado 'no' a la iniciativa, y PRC, que se ha abstenido, han expresado su rechazo a la Ley de Vivienda estatal por considerarla “intervencionista”, al tiempo que han puesto el foco en el ya clásico mantra de la derecha y la extrema derecha del “miedo a la ocupación”.
No obstante, la petición al Gobierno del PP ha sido aprobada por 13 de los 21 ediles que representan a este Ayuntamiento, conscientes también de que el Ejecutivo que encabeza María José Sáenz de Buruaga (PP) es frontalmente contrario a declarar zonas tensionadas, tal y como ha reiterado en innumerables ocasiones su consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), y en la línea con la postura adoptada por el PP tanto a nivel nacional como en las autonomías donde gobierna.
“Cantabria no aplicará bajo ningún concepto la limitación del precio de los alquileres porque es lo que se hace en Cuba y en muchos otros sitios parecidos, países comunistas”, dijo Media hace meses. Y desde entonces no ha dejado de repetir que mientras el PP gobierne en Cantabria no se adoptará esa medida, mientras azuza el fantasma de los 'okupas' y reniega de los datos oficiales que minimizan la supuesta ocupación ilegal.
Así todo, desde Castro Urdiales le han instado a que “recapacite” y elabore un estudio para determinar la situación en materia de acceso a la vivienda de un municipio que se encuentra en la parte oriental de la comunidad y prácticamente en la frontera con Bizkaia, cuya influencia se hace notar en los precios de los alquileres, a lo que hay que añadir su carácter turístico en pleno 'boom' de los pisos vacacionales, cuya nueva regulación, pendiente desde hace meses, también depende del Ejecutivo autonómico del PP.
Precisamente sobre esto último, la alcaldesa del municipio, la socialista Susana Herrán, ha anunciado que el Consistorio ha tramitado 15 expedientes sancionadores para “restaurar la legalidad” de viviendas destinadas a alojamientos turísticos que “no cumplen la normativa establecida” para ejercer esta actividad. “Estamos haciendo nuestro trabajo, estamos sancionando”, ha dicho la regidora, tras un debate de la moción en el que también se ha colado la polémica por la falta de construcción desde hace más de dos décadas de vivienda protegida en Castro Urdiales.
Y es que el portavoz del PP ha asegurado que de las 285 viviendas en el citado régimen de protección que el Gobierno autonómico ha proyectado construir en Cantabria, ninguna se hará en este municipio porque el Ayuntamiento trasladó que no disponía de ninguna parcela sin cargas urbanísticas para llegar a tiempo a la convocatoria de financiación que fija los fondos europeos. Por el contrario, la alcaldesa lo ha negado y ha asegurado que a finales del pasado año ofreció la cesión de dos parcelas, meses antes de que la Dirección General de Vivienda les comunicara que no podía asegurar que se fueran a construir en el plazo marcado.
“Voy a seguir pidiendo que se construyan viviendas en alquiler asequible”, ha añadido, criticando también que la normativa autonómica permita que después de 10 o 15 años esas viviendas puedan venderse o alquilarse a un precio estipulado en lugar de retornar a la Administración para ser ofertadas. Asimismo, ha cargado contra el Gobierno regional y contra PP, PRC y Vox por no estar a favor de la declaración de municipios en zonas tensionadas: “Apuestan más por la especulación de la vivienda”, ha subrayado, incidiendo en que “cuando hay un problema, hay que intervenir”. “Eso no es peyorativo”, ha sentenciado.
En líneas similares se han mostrado Podemos, CastroVerde y Ciudadanos. “Castro Urdiales cumple sobradamente los requisitos para ser declarada zona tensionada, lo que redundaría en beneficio de la ciudadanía”, ha señalado el concejal morado. “La vivienda es un bien esencial para los ciudadanos y no puede ser regulado únicamente por el mercado, la Administración tiene que marcar unos límites para que sean asumibles por las familias cuando no puedan acceder a ella”, ha dicho el edil de CV, titular de Urbanismo en el equipo de gobierno. “Podemos intervenir de manera directa o indirecta, pero si no intervenimos, ¿para qué estamos aquí?”, se ha cuestionado el concejal naranja.
Por su parte, el portavoz del PP, aunque ha reconocido que el municipio estaría “cerca del umbral que marca la ley estatal”, ha defendido que la solución “no son gobiernos intervencionistas para topar los precios, lo que supondría frenar el mercado inmobiliario”, sino “más vivienda pública” y “dar seguridad jurídica, incentivos y ayudas”, poniendo el foco en la medida para jóvenes que propuso hace dos meses que no salió adelante.
Finalmente, el portavoz regionalista también ha criticado el intervencionismo y la “chapuza” de la ley estatal, mientras ha asegurado que “la gente tiene miedo” a alquilar sus viviendas por la ocupación, mismos argumentos empleados por el edil de Vox. “Castro sí puede ser una zona tensionada, pero seguro que hay gente que tiene miedo a no alquilar sus viviendas por las consecuencias que pueda tener”, ha afirmado el concejal de la formación de extrema derecha durante el debate.