En nota de prensa, el sindicato ha manifestado su oposición “al tijeretazo del 70%” de la partida presupuestaria destinada a la prestación del servicio postal público que Fomento y Hacienda quieren aplicar a Correos en los Presupuestos del Estado de 2017.
CCOO critica que el Gobierno, “lejos de rectificar el tijeretazo anunciado el pasado mes de abril, haya ampliado el recorte de la financiación hasta los dos tercios, hachazo financiero que tendrá claras repercusiones en el servicio público postal prestado a los ciudadanos, y que podría acarrear graves recortes de plantilla”, asegura.
El sindicato, que ya criticó en el inicio del debate de Presupuestos del Estado “el recorte de un tercio de la financiación, y de medio millón más para enjuagar los acuerdos políticos”, considera que “la eliminación de otros 62 millones de euros, suprimiendo 123 millones de los 180, es inadmisible, inexplicable y carece de justificación alguna en un servicio que se verá recortado en casi un 70% y que ya era claramente deficitario”.
Según CCOO, Fomento y Hacienda “están subastando Correos para salvar los Presupuestos Generales del Estado”, y ha incidido en que “este ataque directo a la empresa postal pública tiene el objetivo de llevar a la quiebra a Correos y de convertirla en una empresa lowcost”.
La gravedad del “recorte” que el Gobierno quiere aplicar radica, para el sindicato, en que Correos es una empresa presente en todos los núcleos de población, en los más de 100 municipios de Cantabria, que ejerce “un papel fundamental” en la vertebración territorial, social y económica, “una labor social y de país, que podrían ver truncada miles de ciudadanos al ver cómo la empresa queda reducida, menguada o incluso privatizada a la vez que se podrían ver afectados cientos de puestos de trabajo”, denuncia.
Por último, CCOO espera que en la reunión que se celebrará mañana viernes con Fomento, “se entre en profundidad a discutir contenidos y se fijen compromisos firmes sobre la viabilidad de la empresa”.
El sindicato exigirá la restitución completa de la partida presupuestaria que se quiere recortar y una discusión integral sobre el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal pendiente desde hace más de seis años, que cuantifica cercano a los 300 millones de euros.