Ceruti denuncia que durante cuatro años “nadie movió un dedo” para sancionar a la adjudicataria de basuras

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha denunciado este martes que durante cuatro años, desde mayo de 2015 a mayo de 2019, cuando el Partido Popular “supo que no iba a gobernar en solitario”, “nadie movió un dedo” para sancionar a la UTE adjudicataria del contrato de basuras, la UTE Ascan Servicios Urbanos (ASU) Geaser, pese a los reiterados incumplimientos del contrato.

Ceruti quiere saber el “por qué” de este “agujero negro” y por eso este martes ha vuelto a reclamar una comisión de investigación pública de lo sucedido con este contrato, en el que “cuando se rasca un poco, van surgiendo noticias desconocidas, muchas de las cuales no están en el expediente administrativo”. “Por eso insistimos en una comisión pública frente a la cerrazón del PP, que si fuera cierto lo que dice que ha hecho todo bien, estaría encantado de que se hiciera público”.

El concejal se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre el dictamen del Consejo de Estado que, según ha matizado, “no es que avale, es que pide” la incoación de la resolución del contrato.

El edil ha insistido en que durante más de cuatro años el Ayuntamiento “no tomó ninguna medida frente al incumplimiento del contrato, que ha sido ratificado por Intervención y previamente por los informes externos de la Fundación Leonardo Torres Quevedo, a la que se encargó el seguimiento del contrato y que denunció los incumplimientos esenciales que ahora confirma el Consejo de Estado”.

Según ha sostenido, “el único momento en que empieza a actuar el Ayuntamiento es cuando entramos nosotros en el Gobierno”.

En este sentido, se ha referido a las declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual (PP), que ayer afirmó que “no ha sido un contrato pacífico” porque desde 2014 se incoaron procedimientos. Tras señalar Ceruti que “esto se explicaría mejor en una comisión de investigación”, se ha remitido al informe del Consejo de Estado, que indica que en 2014, con el contrato “recién inaugurado”, ya se detectan incumplimientos en personal y material, y de 2014 a mayo de 2015 se incoan cuatro procedimientos sancionadores avalados por los tribunales.

El portavoz de Cs ha señalado que a partir de mayo de 2015 “no hay ningún movimiento del Ayuntamiento en seguir exigiendo el cumplimiento del contrato que siguió siendo incumplido. Y no hay ninguna actuación más del Ayuntamiento hasta el día después de las elecciones de 2019, cuando ven que no van a poder gobernar en solitario; momento en que se inician nueve expedientes sancionadores”.

“Ya choca que no se hiciera una continuidad en el seguimiento una vez que habían visto que incumplía al inicio la concesionaria, pero es que hay algo especialmente sangrante, que es que en febrero de 2018 la Fundación Leonardo Torres Quevedo pone encima de la mesa de los responsables municipales un informe que denuncia los incumplimientos esenciales confirmados por el Consejo de Estado, y hasta mayo de 2019 no incoan procedimientos sancionadores”, ha denunciado.

Un periodo de cuatro años sin expedientes que la concesionaria ha esgrimido como “años de pacífica ejecución” del contrato, y que, para Ceruti, son “el gran agujero negro en este asunto”, puesto que, como han confirmado resoluciones judiciales y el Consejo de Estado, en dicho intervalo “se producían los mismos incumplimientos que ahora llevan a la resolución del contrato”. “Y nadie movió un dedo no solo para exigir la resolución sino tampoco para sancionar en esos cuatro años y queremos saber por qué”.

El concejal ha dicho que con Ciudadanos en Contratación, impulsa la continuación de los procedimientos sancionadores y como la concesionaria no reacciona, “hacemos lo que debieron hacer en 2015: pedir la resolución del contrato”. Para el edil, “la gran cuestión es por qué no la pidieron en 2015”.

Al hilo, ha subrayado que “esa falta de diligencia en la exigencia del cumplimento del contrato ha provocado todos estos años de suciedad y que todavía no podamos ver con precisión cuándo va a terminar esta situación”.

La “solución ideal” sería que la concesionaria aceptar la resolución y se procediera a la licitación “inmediata” de un nuevo contrato, ha indicado el edil, que ha explicado que “hace semanas”, Cs pidió avanzar en la redacción de los pliegos “y nos llevamos la sorpresa de que ya se estaban tramitando”.

Y ha advertido que “queda tramitación por delante” porque todavía no se ha pedido la colaboración del departamento de Innovación, que gestiona Ciudadanos, y que es “esencial” para redactar “bien” los pliegos, teniendo en cuenta que uno de los tres incumplimientos esenciales detectados por el Consejo de Estado es el de la plataforma tecnológica, que en el nuevo contrato “debe funcionar con todas las garantías” y que, sin embargo, en el actual “no ha llegado a funcionar nunca” aún cuando este recurso “provocaba orgullo en la alcaldesa” cuando hablaba de la Smart City.

“En cuanto se rasca un poco en este asunto, van surgiendo noticias y variables que son desconocidas, muchas de ellas no están en el expediente administrativo y ese es el motivo por el que insistimos en celebrar una comisión de investigación pública”, ha remarcado.

Por otra parte, ha destacado que la resolución del Consejo de Estado “avala las denuncias que hicimos Cs y partidos de la oposición antes de esta legislatura; la actitud firme que ha mantenido Cs cumpliendo sus compromisos de exigir el cumplimento de los contratos y sino, su resolución; y pone en evidencia que el PP estuvo cuatro años mirando al tendido y la consecuencia es que todavía no tengamos un contrato de basuras adecuadamente cumplido para mantener la ciudad” limpia.

Plazos

Por otra parte, en cuanto a los tiempos la resolución del contrato, el plazo es un mes, según Cs, puesto que la tramitación para enviar al Consejo de Estado la petición del dictamen era de tres meses y se han consumido dos; se ha paralizado el plazo y hora se reactiva por un mes.

Una vez se ha producido el dictamen, la concesionaria tendrá un plazo para recurrir la resolución en vía contencioso-administrativa.