Las elecciones de mayo de 2023 son el principal obstáculo para que se cumpla entre 2022 y 2023 la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ciudades españolas que aún no las han desarrollado como es el caso de Santander.
El portavoz de Ciudadanos y del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital de Cantabria, Javier Ceruti, ha reconocido este martes que la “impopularidad” de algunas de las medidas que entraña la implantación de la ZBE, como es la prohibición de acceso al centro de los vehículos más antiguos, es lo que disuade a las autoridades de agilizar los plazos para que se implante plenamente en 2023.
Va a ser “muy problemático” que entre en vigor en plazo, es decir en 2023, la ordenanza de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y más cuando el próximo año hay elecciones municipales y algunas de las medidas que recoge “son muy impopulares”, ha dicho el portavoz conjunto PP-Cs.
A preguntas de la prensa sobre las ZBE, que deberán tener a 31 de diciembre de 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes para la reducción de la contaminación por lo que no podrán circular por ellas los coches sin etiqueta ambiental, el edil ha manifestado que “con el hermetismo habitual” de la Concejalía de Movilidad Sostenible, que dirige César Díaz (PP), no tiene información directa más allá de la facilitada en la última comisión del área, previa al Pleno de septiembre, en la que Ceruti ha entendido que “es probable que no entre en vigor” en plazo.
En dicha Comisión de Desarrollo Sostenible se expuso que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está intentando que se atrase la aplicación de la ordenanza “porque va a ser muy problemático que entre en vigor”.
“Y siendo claros, porque hay elecciones en mayo y porque las medidas que pueden derivar de la aplicación de estas ZBE son muy impopulares en algunos casos”, ha señalado.
Ceruti ha subrayado la necesidad de tener en cuenta a la hora de aplicar las ZBE “cómo puede afectar al día a día, especialmente al de la actividad económica”.
El concejal espera recibir más datos en la Mesa de Movilidad, que se celebrará el próximo martes.
De momento, el Ayuntamiento de Santander está realizando un estudio con la instalación de sensores para detectar las zonas de mayor ruido y contaminación. Sobre sus resultados se elaborará un mapa de Santander Centro, en el que se regulará el acceso de los vehículos según su capacidad contaminante. Dicho mapa tendría que estar realizado a finales de 2022 y la ZBE plenamente operativa a lo largo de 2023.
Posición del PP y PSOE
César Díaz, concejal de Movilidad Sostenible, defendió ante el pleno este jueves la postura de su Grupo, que es la de apoyar una petición de aplazamiento del calendario de implantación, al tiempo que se contrata una asistencia que examine las vertientes jurídica y técnica de la Zona de Bajas Emisiones. En la parte técnica iría la política de compra de sensores y plataformas, con cargo a los fondos europeos de recuperación, mientras que la jurídica pretende que la Justicia no eche abajo la planificación que se haga, como ha ocurrido en Barcelona.
Todas estas políticas implican retraso. Este es asumido por el PP, que en la Federación Española de Municipios (FEMP) ha pedido una moratoria en la implantación de la ley. Esta ampliación de plazos se justifica, a juicio de César Díaz, en que la legislación no es lo suficientemente precisa a la hora de trasladar obligaciones a los ayuntamientos.
El PSOE está convencido de que el Partido Popular no moverá ficha realmente hasta pasadas las elecciones del año que viene. La insistencia en recabar sensores de medición y plataformas de control entraña, a su juicio, una estrategia dilatoria para no definir un Santander Centro hasta que no haya datos mensurables, pero los socialistas entienden que, si es así, podría haberse iniciado el proceso mucho antes, y que en todo caso sí que hay datos: los que ofrecen las estaciones de medición de la calidad del aire repartidas por la ciudad.