El Colegio de Periodistas de Cantabria ha reclamado que se regule el reparto de publicidad institucional a los medios de comunicación y las herramientas para que la profesión “pueda autorregularse sin injerencias ajenas y se pueda garantizar una información veraz a la sociedad”.
El organismo, que ha celebrado este sábado su asamblea de colegiados, señala que lleva “mucho tiempo” denunciando el intrusismo y la desinformación “que desacreditan a la profesión y que impiden a la sociedad estar bien informada”.
En este sentido, la entidad colegial considera que han “proliferado pseudomedios de comunicación con intereses ajenos a la información, más cercanos al activismo y la propaganda, que a menudo reciben subvenciones públicas”, según indica en un comunicado.
Ante esto, una de las medidas que plantean tomar para “frenar esta dinámica, combatir la desinformación y promover un periodismo libre y profesional” es que las administraciones nacionales, autonómicas y locales se doten de una legislación o normativa que regule el reparto del dinero público en forma de ayudas o publicidad institucional a los medios de comunicación.
“Dicha financiación debe otorgarse en función de criterios transparentes y objetivos” -explica la decana, Olga Agüero- “donde entre otras cuestiones se valore la audiencia del medio, el respeto a la ética periodística, la contratación de periodistas titulados o la pluralidad informativa”. Es decir, “que elabore información propia y no se limite a divulgar notas de prensa”.
Por ello, el Colegio también solicita poner en marcha órganos reguladores de la comunicación que estén “en manos de los propios profesionales”, como el Consejo General de Colegios de Periodistas que, al igual que en otras profesiones, le corresponde regular y vigilar el ejercicio de la profesión y sancionar, en su caso, los incumplimientos del código deontológico.
En cualquier caso, “la libertad de prensa y la propia libertad de expresión no justifica calumnias, injurias ni noticias falsas”, precisa Agüero.
La creación del Consejo General de Colegios de Periodistas o la aprobación del Estatuto del Periodista Profesional son dos medidas que “deberían haber servido para promover el periodismo profesional y combatir prácticas contrarias a la ética ”pero han sido pospuestas repetidamente por parte de sucesivos gobiernos sin ninguna justificación“, concluye la decana.