Los colegios de Cantabria cierran sus puertas: una decisión judicial devuelve las vacaciones escolares que el Gobierno canceló por la pandemia

Los centros educativos de Cantabria cerrarán sus puertas de manera precipitada tras la decisión judicial que suspende cautelarmente la resolución de la Consejería de Educación en la que se modificaba el calendario escolar, suprimiendo de un día para otro el periodo no lectivo previsto entre el 2 y el 6 de noviembre justificándose en motivos sanitarios y en la rápida evolución de la pandemia de la COVID-19. Alumnos y docentes recuperan así de manera sorpresiva unas vacaciones que habían dado por perdidas. El lunes y el martes se han desarrollado las clases con normalidad. Este miércoles las aulas permanecerán vacías. ¿El jueves y el viernes? También lo estarán, aunque el desconcierto en el que se ha visto inmersa la comunidad educativa no tiene precedentes.

“La Administración debe explicar por qué, de qué modo y con cuánta intensidad incide el respeto al periodo no lectivo en la expansión de la enfermedad; por qué, cómo y en qué medida la eliminación de ese periodo no lectivo puede frenar esa expansión”. Así de contundente se expresa en una resolución consultada por elDiario.es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) presidida por el magistrado Rafael Losada, que en su escrito acepta las medidas cautelares solicitadas por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que reclamaba la suspensión de esa medida adoptada por el Gobierno de Miguel Ángel Revilla (PRC) y que había levantado en armas a profesores, alumnos y padres.

“Esto es un caos. No sabemos qué pasa a partir de ahora. Necesitamos un informe de los Servicios Jurídicos que nos indique cuál es el camino a seguir”, reconocen desde la Consejería de Educación, cuya titular, la regionalista Marina Lombó, está en el ojo del huracán y ha sido el objeto de todas las críticas en los últimos días. Las organizaciones sindicales no han dudado en pedir su dimisión inmediata, al hacerla responsable de una medida que no estaba avalada en los informes de la Dirección General de Salud Pública, que nunca reclamó la cancelación de las vacaciones escolares a pesar de reconocer que este parón podría suponer un aumento de la movilidad en plena segunda ola de la pandemia.

De hecho, este motivo es el que ha llevado al TSJC a tomar una decisión que devuelve las vacaciones escolares a la comunidad educativa: “La sala entiende que no se ha aportado por quien debe (la Administración autora de la medida impugnada) justificación suficiente para modificar el calendario, al tiempo que queda sin acreditar el interés general de salud pública cuya realización inmediata podría sustentar la denegación de la medida cautelar solicitada”, subraya en el escrito remitido a las partes.

“En la práctica, tendríamos a cientos de estudiantes cántabros al cuidado de sus abuelos, a jóvenes interactuando en espacios menos controlados y un aumento de la movilidad que ahora mismo no podemos permitirnos”, defendió la consejera de Educación cuando la semana pasada adoptó esta medida, que calificó como la “mejor opción”. “Este primer bimestre de curso nos ha demostrado que los centros educativos no son parte del problema, sino parte de la solución, porque en ellos se cumplen las medidas en todo momento y, además, permite tener muy identificados los contactos de cada estudiante, lo que facilita enormemente el rastreo”, aseguró Lombó, en unas declaraciones que desde los sindicatos tacharon de “absurdas, incoherentes y carentes de racionalidad”.

Órdenes a los centros

A pesar del shock inicial que admiten en la propia Consejería, los centros educativos han comenzado a recibir a lo largo de la tarde las instrucciones pertinentes para cerrar sus puertas y tomar las medidas oportunas de cara a los próximos días. “Le comunico que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha dictado un auto por el que se suspende cautelarmente la resolución de la Consejería de Educación, que el pasado viernes modificó el calendario escolar para declarar lectiva esta semana. En consecuencia, los alumnos NO DEBERÁN ACUDIR a clase desde el día 4 al 6 de noviembre”, ha informado a través de un correo electrónico el director general de Centros Educativos, Lorenzo Ruiz.

Y es que el Gobierno de Cantabria tiene la posibilidad de recurrir el auto del TSJC que anula la suspensión de las vacaciones escolares en un plazo máximo de cinco días desde su notificación, pero la premura de tiempo y las consecuencias que podría traer un nuevo cambio de criterio deja en el aire su efectividad y la tormenta política que conlleva. Mientras, desde la Consejería de Sanidad se limitan a echar balones fuera, considerando que “no es de su competencia” lo ocurrido en los colegios, y remiten a la Consejería de Educación que es quien firmó la resolución que ahora ha quedado anulada.

No habrá recurso

Por su parte, desde la Consejería de Educación, en un comunicado enviado a última hora de este martes, han señalado que acatan el auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo que deja en suspenso, cautelarmente, el punto primero de la orden que establecía el carácter lectivo para las jornadas del 2 al 6 de noviembre, y ha adelantado que no lo recurrirá “para no generar más incertidumbre a las familias”, aunque cree que “podría obtener una resolución favorable ante un eventual recurso de reposición” que avalase la medida.

El Ejecutivo sostiene que la renuncia al recurso es “la decisión más responsable” que puede adoptar en este momento, dado que, en caso de resolverse en las próximas horas, podría suponer el retorno a las aulas al final de esta misma semana y, si se resolviese posteriormente, “ya no tendría ningún sentido”. Por otro lado, ha recordado que la decisión se tomó, junto al cierre perimetral de la comunidad autónoma, para “frenar” la expansión del coronavirus. “Se consideró entonces y se considera ahora una actuación proporcionada y adecuada para reducir los desplazamientos”, ha afirmado el Gobierno, que ha reiterado que adoptó la medida por “responsabilidad”, pese al “desagrado” que podría generar.

“Se hizo lo que se tenía que hacer y ahora corresponde, como no puede ser de otra manera, acatar el auto del TSJC y no contribuir a generar más incertidumbre con un recurso cuya resolución llegaría al final de la semana o una vez finalizada”, ha concluido el Gobierno en nota de prensa. Las jornadas del miércoles, del jueves y del viernes serán no lectivas para todos los estudiantes no universitarios de Cantabria.