Comienza más de dos décadas después la demolición de cinco viviendas afectadas por sentencias de derribo en Liencres

Las máquinas han iniciado esta mañana la demolición de cinco de las siete viviendas afectadas por sentencias de derribo de la urbanización Calas del Norte de Cerrias, en Liencres (Piélagos), cuyos propietarios ya han sido indemnizados tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de Cantabria, a través de Gesvican.

De esta forma, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Piélagos ejecutan las primeras sentencias de derribo que pesan sobre un total de 22 viviendas en Cerrias II, 17 en Cerrias I, otras 20 en Entrelindes y 21 en el área L05.

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Roberto Media, y el alcalde, Carlos Caramés, han acudido a Cerrias este martes y han mostrado su empatía con los propietarios de las viviendas, en un día “triste para toda Cantabria” dado que, como ha dicho el primero, “hace mucho tiempo que se debiera haber llegado a una solución que permitiera salvar las viviendas de vecinos que no tuvieron ninguna culpa”.

Media ha asegurado que se sigue trabajando con todos los vecinos para cumplir los convenios que permitan compensarlos económicamente por el derribo de sus viviendas, con el objetivo de que, “a lo largo de la legislatura”, tanto en Piélagos como en todos los municipios afectados, se consiga “una solución definitiva”.

“No se puede eternizar el dolor y los perjuicios a los vecinos”, ha dicho el consejero, que ha insistido en que es “el momento de finalizar esta situación”.

El titular de Urbanismo ha apuntado a que, como responsables políticos, “no queda más remedio que cumplir las sentencias judiciales”, si bien ha lamentado el “sinsentido” de que “casas mucho más cercanas a la costa vayan a seguir ahí porque no tienen ningún problema legal”.

En la misma línea se ha expresado el alcalde, quien ha afirmado que se acatan las sentencias judiciales, aunque ha recalcado que las viviendas que se están derribando “no contravienen ninguna Ley de Costas”.

Así, ha indicado que la asociación ecologista ARCA en la demanda que planteó lo que denunciaba es que el suelo no cumplía los requisitos para ser urbano --“independientemente de que estén cerca o lejos de la costa”--.

“Se consideró que no cumplía los requisitos para considerarse suelo urbano y se anularon las licencias”, ha señalado Caramés.

El regidor ha defendido que las licencias fueron concedidas “en base a la calificación como suelo urbano que le había dado el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Piélagos aprobado en 1993 por todos los grupos políticos que formaban parte de la entonces Corporación municipal (UPCA, PSOE y PP) y por el Gobierno de Cantabria ”con el visto bueno del PRC que entonces presidía lo que hoes la actual Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

Caramés ha señalado que “es responsabilidad de todos y no de un grupo concreto”, aunque ha recordado que en Piélagos gobernaba UPCA y PSOE cuando se dieron las licencias y el PRC era el resposable de Urbanismo en el Gobierno de Cantabria.

El alcalde ha expresado su “sensibilidad” con las familias del municipio, que llevan “más de 20 o 25 años sufriendo y padeciendo la espada de Damocles de los derribos de sus casas”.

Caramés ha explicado que el Ayuntamiento trabaja en dar una solución al mayor número de viviendas posibles a través del Plan General de Ordenación Urbana y otras herramientas legales. También ha reivindicado la necesidad de trabajar para que “no vuelvan a suceder estas cosas en el futuro”.