El revés que supuso el rechazo por parte del Gobierno de Cantabria de aplicar una moratoria a la planta de cloro de Solvay para adaptar su tecnología a los estándares europeos en una plazo más amplio de tiempo ha puesto también en entredicho la cuantiosa inversión económica pactada con la multinacional portuguesa CUF, cercana a los 40 millones de euros, prevista en la factoría de Barreda.
Así lo confirman todos los sindicatos que integran el comité de empresa -UGT, USO y CCOO- consultados por eldiario.es después de la reunión que los representantes de los trabajadores han mantenido a lo largo de este miércoles con la dirección de la planta de cloro de Solvay.
Las centrales sindicales coinciden en mostrar su preocupación ante el escenario que se plantea ahora y temen que sin la aportación que había comprometido la multinacional se pierdan entre 50 y 80 puestos de trabajo directos de manera prácticamente inmediata. Además, exigen una mediación política para asegurar la llegada del capital extranjero y advierten a la dirección de la empresa que no aceptarán “despidos traumáticos”.
La semana pasada se hizo público de forma oficial el 'no' del Gobierno de Cantabria a conceder la prórroga solicitada por la compañía para adaptar los procesos productivos de la planta a la normativa europea, que prohíbe que a partir de diciembre de este año se siga utilizando la tecnología de celda de mercurio que emplea hasta ahora.
El presidente del comité de empresa, Roberto García Porras (UGT), ha explicado que en la reunión de este miércoles se han puesto sobre la mesa “diferentes escenarios” en función de si el grupo portugués CUF decide finalmente realizar la inversión en la fábrica o no tras el portazo a la moratoria.
En este sentido, el sindicalista ha reconocido que es “urgente” conocer cuanto antes el planteamiento de CUF para saber el impacto sobre el empleo. Sin embargo, se ha mostrado comprensivo y ha considerado normal que la propietaria de la planta tenga que analizar la inversión prevista y las condiciones del mercado que se encontrará dentro de dos años, una vez que la fábrica haya adaptado su tecnología de producción.
También ha señalado que el planteamiento común del comité de empresa ante la dirección será la reincorporación de todos los trabajadores que puedan resultar afectados en este periodo y pelearán por que sean incluidos dentro de la plantilla de Solvay. Además, ante un posible “excedente” de personal, los sindicatos buscarán que se salde con jubilaciones y prejubilaciones pero “no con despidos”.
Tras la primera reunión informal, comité y empresa volverán a reunirse el próximo miércoles 11 de octubre, fecha en la que podría conocerse ya alguna noticia respecto a la decisión de CUF sobre la planta de cloro de Solvay.
ERE de extinción
Mucho más concisas han sido las explicaciones de USO, que ha detallado en un comunicado de prensa que en el encuentro que ha mantenido el comité con la dirección se les ha indicado que, llegado ese caso, la salida de “entre 55 y 80 trabajadores” se realizará a través de un expediente de regulación de empleo de extinción. “Se aplicaría un ERE de extinción inicialmente con una indemnización de 20 días por año de servicio con un tope de una anualidad”, ha precisado.
Para que eso no suceda, USO ha advertido de que son necesarias “gestiones políticas” porque, en estos momentos, es una “posibilidad existente” que la inversión “se desplace” a la fábrica de Pontevedra y no se lleve a cabo en Barreda.
En el escenario contrario, es decir, si la empresa CUF decide invertir en la planta torrelaveguense para modificar la tecnología de producción de cloro que deberá detenerse en diciembre de este año hasta que se realice la reconversión industrial, el sindicato ha señalado que la dirección de Solvay plantea “un ERTE por un periodo de dos años o dos años y medio”, tiempo en que se estima tardaría en modificarse la tecnología y volver a arrancar la actividad.
Ante esta situación, el sindicato ha asegurado que en la reunión con la dirección ha rechazado “frontalmente” mandar al desempleo a ningún trabajador perteneciente a la plantilla de Solvay por ser “absolutamente innecesario” y existir la posibilidad de recolocación en el propio complejo industrial mediante prejubilaciones, bajas voluntarias y ocupaciones en el desmantelamiento de las instalaciones de mercurio.