Cantabria contará antes de que acabe el presente año 2019 con una regulación específica para las viviendas turísticas. Este viejo propósito del bipartito PRC-PSOE quedó pendiente durante la pasada legislatura y es una vieja reivindicación del sector hostelero, que en los últimos años ha presentado cerca de 2.500 denuncias contra alojamientos de este tipo, pero con poco éxito hasta el momento: más de la mitad de esas denuncias han sido archivadas y las sanciones han rondado los 600.000 euros en total.
Sin embargo, pese a estos retrasos y disfunciones en el sector, la nueva consejera de Turismo de Cantabria, Marina Lombó (PRC), ha asegurado en su primera comparecencia parlamentaria para dar cuenta de sus proyectos de legislatura que tiene a punto el documento y se ha comprometido con un plazo: la publicación y la entrada en vigor del Decreto de Viviendas Turísticas se producirá a finales de este mismo año. “Cumpliremos así con el compromiso adquirido por el Gobierno de Cantabria para regular este tipo de alojamientos”, ha dicho.
Según la nueva responsable del área, que ha asumido estas competencias tras las elecciones autonómicas del mes de mayo en sustitución del también regionalista Francisco Martín, es “imprescindible” adecuar la normativa a un “nuevo turismo”, pero ha considerado que esto debe hacer “protegiendo siempre la legalidad y la calidad de la oferta turística”.
“Para ello, actuaremos, por un lado, regulando las nuevas tendencias y, por otro, controlando su cumplimiento luchando contra el intrusismo. Estamos trabajando ya en varias áreas, como en el caso de las viviendas turísticas”, ha explicado Lombó, que ha señalado la internacionalización y la desestacionalización del sector como las “dos metas necesarias para tener un mejor turismo”.
Y es que el debate sobre la legalidad de los pisos turísticos lleva dando coletazos en Cantabria desde hace años, pero la regulación estaba atascada hasta ahora. El precio de estos pisos turísticos es más competitivo. Se ofertan en las mismas webs que los alojamientos tradicionales o en otras páginas de economía colaborativa, que han tenido un boom en los últimos años, pero convivían con los negocios hoteleros en una especie de limbo legal que ha despertado muchas ampollas. También por la parte de la convivencia, ya que los vecinos suelen ser los principales perjudicados.
Desde agosto de 2017 se estaba tramitando el decreto que regulará estas viviendas de uso turístico. El borrador, según informó el Gobierno la pasada legislatura, estaba en “fase de consulta” y obligará al registro en Turismo del inicio de actividad, el cumplimiento de unos requisitos mínimos de infraestructuras y documentación legal, así como a tener un registro de clientes y de visitantes para contabilizarlo como viajeros llegados a Cantabria, además de un seguro de responsabilidad civil.
La consejera no ha profundizado en los términos concretos de esta nueva normativa ni ha entrado en detalles durante su comparecencia, ni siquiera para confirmar estos extremos que se estaban estudiando por parte de su departamento en la pasada legislatura, y ha emplazado a ese horizonte de finales de año para dar a conocer el resultado final de ese decreto que tiene en vilo a muchos hosteleros y particulares a pesar de la petición de información por parte de los grupos de oposición.
Crecimiento sostenible
Lombó ha señalado en su discurso ante los diputados que, tras la “mejora cuantitativa” de los cuatro años anteriores en turismo por el aumento de viajeros y pernoctaciones que se ha producido, ahora se buscará la “mejora cualitativa”, consolidando un turismo de “calidad y sostenible” dirigido fundamentalmente al turista denominado en el sector como “cosmopolita”.
Según la consejera, este tipo de turista tiene un mayor poder adquisitivo y gasta un 20% más que la media, tiene gusto por descubrir atractivos típicos de cada destino, como su gastronomía o cultura, y hace más de tres viajes al año y no necesariamente en temporada alta. Además, se quiere potenciar diferentes nichos turísticos fuera de temporada, como el ecoturismo, el turismo idiomático, el de congresos, el senior, el cultural, el de cruceros de lujo, el gastronómico o el deportivo.
Infraestructuras
Además, la consejera ha anunciado que se trabajará en la mejora de las infraestructuras turísticas, tanto privadas -a través de ayudas e incentivos a empresas y asociaciones del sector- como públicas, incluidas las de la sociedad pública Cantur.
“Las instalaciones de Cantur nos dan muchísimas alegrías y obtienen resultados excepcionales”, ha dicho la consejera, que ha explicado que en los ocho primeros meses del año el número de visitantes ha crecido un 5,76% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. “Fuente Dé y Cabárceno son las estrellas de la sociedad”, ha dicho la consejera, que ha explicado que se quiere potenciar en esta legislatura la estación de esquí de Alto Campoo, los campos de golf y la Corza Blanca.
También se quiere seguir “apostando más” por la Cueva de El Soplao, a la que ha calificado como un “tesoro geológico”, darlo a conocer más en el mercado internacional y elevar el número de visitantes.
En cuanto al aeropuerto, Lombó ha señalado que se mantiene el objetivo “ambicioso pero alcanzable” de que el aeropuerto Seve Ballesteros llegue este año, por primera vez en su historia, a los 1,2 millones de pasajeros. Además, la consejera ha señalado que se intentará ampliar la oferta de operadores y ruta.
Críticas de la oposición
En la comisión, algunos partidos de la oposición, como el PP, han opinado que “se echa de menos algún proyecto tangible” y le han preguntado por la anunciada recuperación del túnel de La Engaña. Otros, como Cs, han criticado que el área de turismo se haya integrado dentro de la Consejería de Educación y FP, algo que, a su juicio, es “mezclar el agua con el aceite”.
En lo que sí han coincidido de manera unánime los tres portavoces de los grupos de la oposición -Álvaro Aguirre, del PP; Diego Marañón, de Ciudadanos; y Cristóbal Palacio, de Vox- ha sido en cuestionar el reciente nombramiento de Bernardo Colsa como nuevo director general de la empresa pública Cantur, acusando al PRC de utilizar esta sociedad como una “agencia de colocación”.