El Defensor del Pueblo ha remitido un informe al Ayuntamiento de Santander en el que le sugiere valorar la posibilidad de iniciar el procedimiento correspondiente para declarar la zona de Cañadío como “acústicamente saturada”, ante la “contaminación acústica” que ocasionan las actividades de ocio y la aglomeración de personas cada fin de semana.
También le sugiere “intensificar” los controles municipales en la zona, reforzar el Cuerpo de policías para evitar el botellón y adoptar medidas preventivas en la plaza de Cañadío y calles adyacentes, para impedir que se beba en la calle y dispersar las aglomeraciones de personas.
El informe del Defensor del Pueblo responde a las quejas de una vecina que ha denunciado reiteradamente ante esta institución el ruido y la “acumulación” de personas en esa zona durante “muchas horas”, con el consiguiente peligro que esta situación tiene para la seguridad y la salud ciudadana, según ha explicado a Europa Press la afectada.
El nuevo informe del Defensor del Pueblo, fechado el 30 de septiembre de 2016, es el tercero de los referidos a esta denunciante, desde enero de 2015.
En el mismo también señala que ha solicitado al Ayuntamiento información sobre el número de procedimientos sancionadores que se han incoado desde el 1 d enero de 2016 en la zona y sobre el estado de tramitación en que se encuentran en la actualidad. Además, en aquellos expedientes que se hayan resuelto, solicita que remita una “breve” descripción de la infracción cometida y la sanción impuesta.
Por último, pide información sobre el estado de tramitación en que se encuentra la elaboración del Mapa Estratégico del Ruido para Santander, y concluye que informará a la demandante de la respuesta a tales resoluciones y a la solicitud de información adicional que se reciba, a sí como de las actuaciones que procedan.
En el informe, el Defensor del Pueblo detalla que el Ayuntamiento de Santander ha remitido un informe del Comisario-Jefe de la Policía Local en el que se da traslado de las medidas adoptadas para prevenir y disuadir“ la aglomeración de personas consumiendo alcohol en la vía pública, y manifiesta que ”valora positivamente“ esta información, si bien considera que las medidas adoptadas hasta la fecha ”no han resultado suficientes ni eficaces“.
Valora también “favorablemente” la creación de patrullas para abordar el problema, aunque considera que “a la vista de las manifestaciones de los vecinos y hosteleros de la zona, parece prudente que el Ayuntamiento contemple la posibilidad de reforzar dicho dispositivo”.
A juicio del Defensor del Pueblo, la “particularidad” de la situación requiere “una mayor intervención pro parte del Ayuntamiento, realizar mediciones sonométricas periódicas en el entorno y desarrollar un plan de actuación en la zona”.
Igualmente sostiene que los titulares de los locales de ocio “tienen mucho que ver y que hacer al respecto”, no porque sea una zona de su titularidad, sino porque influyen en ella, dice.
Señala, además, que el Ayuntamiento “ha de valorar la oportunidad de adoptar medidas como reducir la superficie y los elementos autorizados a los bares e la plaza (mesas y sillas), limitar el horario de funcionamiento de las terrazas instaladas y preservar la superficies necesarias para el corrector funcionamiento del espacio público, manteniéndose libre de veladores para facilitar el tránsito peatonal”.
Corrobora al respecto que las numerosas actividades de bares en ese entorno, la aglomeración de su clientela y el elevado número de personas que se congregan a hacer botellón, “pueden ocasionar problemas de orden público y peligro para la salud de las personas”, ya que imposibilitan el paso de los vehículos de los servicios de emergencias.
Junto a ello, destaca que en esa zona se generan unos niveles de ruido “que superan los objetivos de calidad acústica” establecidos en la Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. Por ello, la Corporación “ha de actuar con el objetivo de reducir de forma progresiva la contaminación acústica en esa área”, añade.
En este sentido, estima que “resultaría deseable” que el Ayuntamiento “aprovechara” la elaboración de su Mapa Estratégico de Ruido para recavar información sobre los niveles de ruido originados por las actividades y aglomeraciones urbanas en esa zona, y conforme a los resultados obtenidos, “elaborar un plan de acción municipal para dicho entorno”.
Respuesta del Ayuntamiento
En relación con este informe, desde el Ayuntamiento de Santander se considera que el Defensor del Pueblo le “da la razón” en el proceso que está siguiendo.
“La intención del Ayuntamiento, con la elaboración del mapa de ruidos y el posterior plan de acción es conocer la situación de partida en la que se encuentra la ciudad, los puntos en los que existe mayor contaminación acústica y tratar de establecer medidas que ayuden a reducir los niveles de ruido en los lugares en los que sea necesario”, señalan fuentes del Consistorio.
Añaden que los mapas de ruido se centran en evaluar el producido como consecuencia del tráfico viario, ferroviario y aéreo, así como el que afecta a las zonas industriales, “y sin embargo, en el caso de Santander, y por la especial sensibilidad que tiene el equipo de gobierno hacia las molestias que se ocasionan a los vecinos en las áreas de ocio nocturno, se ha querido realizar un estudio específico de esas zonas de la ciudad, como es el caso del Río de la Pila, plaza de Cañadío y la plaza de Pombo, por lo que el plan de acción incidirá especialmente en estos espacios”.
“El tipo de decisiones que plantea el Defensor del Pueblo son las que se establecerían en el plan”, finaliza el Ayuntamiento.