La Fiscalía Superior de Cantabria ha decretado el archivo de la denuncia de El Defensor del Paciente sobre la “desaparición” de 78.000 personas de las listas de espera sanitaria de la región, porque solo se basa en una intervención parlamentaria y no se aporta “el más mínimo indicio de que esa ausencia tenga origen en un hecho delictivo”.
Así, archiva las actuaciones por “no estar acreditada la comisión de delito alguno” y porque de iniciar una investigación, “esta sería claramente prospectiva”, lo que está “vedado” por la doctrina y la jurisprudencia.
Lo han informado a Europa Press fuentes del ministerio público tras la petición de la asociación de que investigara de oficio el asunto, a raíz de las últimas cifras difundidas por el Gobierno regional y criticadas por partidos de la oposición.
En concreto, el PRC denunció que los datos ofrecidos por el consejero de Salud, César Pascual (PP), no cuadraban, al haber 78.000 pacientes “desaparecidos” del sistema, “sin que conste que hayan sido operados, ni atendidos en una primera consulta, ni que les haya sido practicada una prueba diagnóstica”.
El Defensor remitió a la fiscal superior en la comunidad autónoma estas informaciones y, ante la “gravedad” de las mismas, pedía que investigara para averiguar “dónde han ido 78.000 pacientes desaparecidos de las listas de espera”.
Pero, como indica la Fiscalía para explicar el archivo de la denuncia, “tan solo se nos comunica que en una comparecencia en el Parlamento una diputada ha puesto en conocimiento de la Cámara que hay 78.000 pacientes desaparecidos en la lista de espera”.
“No se aporta el más mínimo indicio de que esa ausencia tenga origen en un hecho delictivo, por lo que, de iniciar una investigación, esta sería claramente prospectiva, lo que está vedado en nuestras leyes, como ha resaltado la Fiscalía General”, añaden desde el ministerio público en la comunidad.
“Para que pueda iniciarse una investigación o acordarse una determinada diligencia indagatoria, ha de existir una sospecha fundada, un indicio racional de criminalidad que justifique investigar los hechos y determinar si los mismos pueden ser o no delictivos, sin que la investigación pueda sustentarse en meras hipótesis o en la pura y simple sospecha, sin la existencia real de indicios”, abunda la Fiscalía en su respuesta al Defensor, consultada por esta agencia.
Incide además en que la denuncia “únicamente” se afirma que en las listas de espera sanitaria hay 78.000 personas menos que antes, pero no se indica las fechas en las que se ha producido esa comparación ni el motivo. “La jurisdicción penal no puede iniciar la averiguación del motivo por el que las personas abandonan una lista de espera porque no hay el más mínimo indicio de que dicho abandono se haya producido a consecuencia de un hecho delictivo”, señala.