Las obras de construcción de los diques en el entorno de La Magdalena suman un nuevo frente, ahora judicial, tras la decisión de la Fiscalía de Cantabria de abrir diligencias de investigación ante las posibles “irregularidades” que se ciernen sobre este polémico proyecto, que ha provocado distintas concentraciones de protesta por parte de los vecinos de la ciudad y que cuenta con un mandato parlamentario exigiendo su paralización por los graves efectos medioambientales que puede causar.
Esta decisión del Ministerio Público se produce tras la denuncia presentada por el abogado Javier Gómez-Acebo, que señalaba diferentes anomalías en el proceso seguido para la redacción y adjudicación del proyecto de estabilización de las playas de La Magdalena, Bikinis y Los Peligros, así como la falta de informes técnicos que descartaran los daños que esta actuación puede generar en un entorno protegido como la Bahía de Santander.
En el escrito que presentó ante la Fiscalía, el letrado solicitaba que se investigue la “probable comisión de un delito contra el medio ambiente” en unos trabajos que tienen como objetivo la estabilización de los arenales mediante la construcción de dos escolleras, una frente al Balneario de La Magdalena y otra junto al dique de Gamazo.
Este proyecto ha sido encargado y depende directamente del Ministerio de Medio Ambiente, que lo puso en marcha a petición del Ayuntamiento de Santander cuando todavía era alcalde el ahora ministro Íñigo de la Serna (PP), y ya estuvo paralizado durante varios meses ante las dudas que despertaba en el Gobierno de Cantabria. Tras el comienzo de las obras, el malestar ciudadano ha ido creciendo y a él se han sumado distintos partidos políticos, dejando al Partido Popular como el único que defiende la necesidad de construir los diques.
Afección paisajística
Además, tal y como reflejó un informe del propio Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander fechado en agosto de 2013, entre los distintos proyectos técnicos que se plantearon para estabilizar la arena de las playas de La Magdalena, Bikinis y Los Peligros, el Ministerio se decantó por la construcción de dos espigones de seis metros de altura, fundamentalmente, porque era la opción más económica, sin tener apenas en cuenta otros aspectos como la afección paisajística.
En concreto, la integración en el entorno solo tuvo un peso en la decisión final de la alternativa a elegir de tan solo un 12 por ciento frente a otras cuestiones como el coste económico y el volumen de aportación de arena que sumaron una puntuación del 40 por ciento.
También, tal y como adelantó eldiario.es, la aprobación por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la declaración de impacto ambiental para llevar a cabo el proyecto de estabilización de las playas en la Bahía de Santander, a través de la construcción de espigones de escollera para que se genere una superficie de arena seca similar o superior a la existente, sin necesidad de las actuales aportaciones periódicas que compensen la pérdida continua por erosión, desoyó las advertencias de distintos organismos públicos, que rechazaban una actuación “tan agresiva” en un entorno protegido por su alto valor ecológico.
El departamento que dirige la ministra Isabel Tejerina (PP) no tuvo en cuenta así las posibles consecuencias para las dunas de El Puntal y el estuario del Miera, una zona declarada Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por la Unión Europea, ni tampoco los cambios en las mareas o los efectos sobre el tráfico marítimo, entre otras cuestiones que se recogían en las alegaciones a un proyecto que supondrá una inversión de 2,2 millones de euros mediante la construcción de dos espigones y la aportación de más de 50.000 metros cúbicos de arena.
Adjudicación bajo sospecha
A todos estos aspectos se le ha sumado en las últimas horas una derivada, después de que se haya conocido la adjudicación a la empresa del marido de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), de unos trabajos relacionados con las obras de construcción de los polémicos diques de La Magdalena, una información que adelantó El Faradio y que señala que Excavaciones Bedia cobrará más de 133.000 euros en un proyecto que es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, pero atendiendo a una petición del Ayuntamiento.
El último en pronunciarse ha sido el portavoz socialista en el Consistorio, Pedro Casares: “Puede ser legal que contraten a la empresa del marido de la alcaldesa para trabajos de las obras, pero desde luego no es ético ni moral ni siquiera lícito”, ha opinado el líder del PSOE en Santander, que ha recordado a Igual que es “la alcaldesa de todos los santanderinos y el cargo que ocupa exige honorabilidad”.
“En condiciones normales esto no tendría un pase, ya que es escandaloso que defienda unas obras, en contra de la opinión de la ciudadanía, a la vez que se sabe que parte de los trabajos los está realizando su marido y que por tanto es parte interesada”, ha concluido Casares.