La Fiscalía y la representación del promotor Jon Loroño mantienen la acusación sobre el juez Luis Acayro Sánchez Lázaro por obtener de forma “ilícita” el certificado de penales y adjuntarlo a unas alegaciones a una queja presentada por el constructor contra él ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), revelando con ello datos “reservados”, entre ellos que había sido condenado a dos años de cárcel por colaborar con ETA.
Sin embargo, tanto la Fiscalía, que reclamaba inicialmente dos años y ocho meses de pena de cárcel, como la acusación particular, que pedía tres, la han rebajado a dos años, seis meses y un día para este juez, titular del Juzgado de Instrucción e Instancia número 2 de Castro Urdiales, al que acusan de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Mientras, ambas partes mantienen invariables su petición de multa e indemnización.
Por su parte, la defensa mantiene la petición de libre absolución, al entender que en la actuación del juez no hubo “dolo” ni éste ha sido demostrado por la acusación y considerar que lo ocurrido se debe a un “lamentable error” en el juzgado que dirige el magistrado pero sobre el que, además, no ha quedado acreditado que fuera el acusado el que lo cometiera, pudiendo ser de “otros trabajadores”. Respecto a esta hipótesis, el juez ha señalado que estaba en el juicio para responder sobre los hechos de los que se les acusa pero no “para responsabilizar a nadie”.
Versiones contrapuestas
Durante el juicio, el juez acusado ha defendido que actuó de forma lícita y ha asegurado que él no pidió en noviembre de 2013 a la secretaria judicial que accediera al Registro de Penales para obtener los antecedentes de Loroño (cancelados desde 2003) para documentar su escrito de alegaciones contra la queja del promotor ante el CGPJ por la actuación del magistrado en un procedimiento judicial en el que el constructor estaba involucrado.
Ha precisado que lo que hizo fue dar indicaciones a una funcionaria para que hiciera una fotocopia de un certificado de penales de Loroño, que se había obtenido en 2009 y que había solicitado ese año para incorporarlo a una pieza de un procedimiento judicial en el que el constructor había figurado como imputado.
Sin embargo, tanto la secretaria judicial como la funcionaria a la que el juez “cree recordar” que le pidió que hiciera esas fotocopias han contradicho la versión del magistrado. Así, la secretaria judicial, que inicialmente figuró como imputada en esta causa, ha asegurado que el juez le pidió, a través de un post-it, que entrara en el Registro de Penales, al que él no tenía acceso, y sacara copia de los antecedentes de Loroño.
La mujer ha explicado que lo hizo porque pensó que había resolución judicial para amparar esa petición y justificación para ello, entregándoselo al juez acusado.
Sin embargo, el juez ha asegurado que el certificado de penales no se lo entregó la secretaria judicial sino que formaba parte de los papeles que le entregó la otra funcionaria, a la que, según su versión, había pedido que fotocopiase los documentos del expediente judicial en el que estuvo imputado Loroño y entre los que, según el juez, iba a estar el certificado de penales del promotor obtenido en 2009.
De esta forma, ha defendido que dio por hecho que el certificado de penales que aportó al CGPJ era una fotocopia del de 2009 y no el procedente de una nueva entrada en el Registro de Penales.
El magistrado ha insistido en que “siempre” que pedía un certificado de penales lo hacía o a través de providencia o auto y no a través de post-it como señala la secretaria judicial, una afirmación del juez que ha sido respaldada por la declaración de otras dos trabajadoras de los juzgados que han declarado este viernes en el juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
La funcionaria a la que el juez encargó las fotocopias ha negado de que el certificado de penales estuviera en el tomo que el juez le indicó que fotocopiara. “En ningún caso”, ha señalado.
La acusación se ratifica
Tras escuchar en el juicio la declaración del juez y de los testigos, tanto la acusación particular como la Fiscalía han mantenido su acusación. Y es que la fiscal considera que la versión del juez “no ha sido corroborada en absoluto”, sino “desvirtuada”, por las declaraciones de la secretaria judidicial y de la funcionaria a la que encargó fotocopias del expediente sobre la causa en la que había sido imputado Loroño.
Considera “totalmente acreditado” que el juez pidió a la secretaria judicial que accediera en noviembre de 2013 al Registro de Penales y le entregara una copia de los de Loroño para adjuntarlo al escrito de alegaciones que iba a presentar en respuesta a la queja de Loroño ante el CGPJ. “El acceso sin autorización está demostrado”, ha dicho la fiscal, que señala al magistrado como “autor intelectual” de dicha acción que llevó a cabo usando como intermediaria a la secretaria judicial.
Además, la fiscal ha incidido en que los datos sobre Loroño que el juez aportó al CGPJ eran de carácter “reservado”, haciendo un uso que estaba “prohibido”, y ha destacado el “perjuicio” generado al constructor al haber “desvelado datos” que tenía derecho a que no se conocieran al menos que haya una resolución que lo justifique, algo que no se cumple en este caso.
Así, no considera que el ejercicio de la legítima defensa del juez ante la queja presentada justifique la revelación de esos datos de Loroño al CGPJ en su escrito de alegaciones, el cual ha calificado, además, de “tendencioso”. Así, mantiene que la actuación del juez tampoco responde a los principios de proporcionalidad ni utilidad.
Respecto a la intención, Acayro señala que aportando ese documento de penales pretendía defenderse de la queja de Loroño pero no desacreditarle ante el CGPJ. “Yo ejecuté mi derecho a la defensa”, ha insistido.
La acusación particular ha respaldado la postura de la fiscal y tampoco ha aceptado la versión ni los argumentos ofrecidos por el juez para explicar por qué decidió incluir el certificado de penales de Loroño. “Esta prueba es ilícita”, ha apuntado el letrado del promotor.
Ambas partes mantienen, por tanto, su petición de inhabilitación para el juez, que es de ocho años en el caso de la representación de Loroño y de seis para la Fiscalía, así como la multa que reclaman, que es de 21.600 y 17.100 euros, respectivamente, y la indemnización para el promotor por daños morales.
Visto para sentencia
Por su parte, la defensa cree que ni la fiscal ni la acusación particular han valorado la prueba de una “forma racional”, dando por probado un relato de hechos que, en su opinión, no lo está y que, según ha mantenido, pudieron ocurrir de modo diferente. Así, ha insistido en que el certificado que el juez quería aportar al escrito de alegaciones era una fotocopia del de 2009 y no que se realizara una nueva entrada al Registro para sacarlo de nuevo.
El abogado de Sánchez Lázaro ha planteado la posibilidad de que no se siguieran por parte del personal del juzgado las indicaciones del juez y, en lugar de buscar el certificado de penales de 2009 y hacer una fotocopia, se optara por entrar de nuevo en el Certificado de Penales para volverlo a obtener. También ha aludido en varias ocasiones a la condición de desimputada de la secretaria judicial en esta causa y a “ciertas discusiones” que había entre ella y el acusado por la organización del juzgado.
El juicio ha quedado visto para sentencia y ha terminado con el juez haciendo uso del derecho a la última palabra, que ha empleado para asegurar que había sido un “honor” haber podido declarar en el juicio y ejercer su derecho de defensa.