El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos de Cantabria, Ángel Agüeros, ha comparecido este lunes en el Pleno del Parlamento a petición del PSOE para informar sobre la aprobación del techo de gasto --el límite de gasto no financiero, excluida la de deuda-- para los presupuestos de la comunidad autónoma de 2025 y que, como avanzó hace un mes la presidenta del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga, será de 3.280 millones de euros, 92 más que en las cuentas de este año, y no podrán crecer más de un 3,2 por ciento, por la decisión de Europa de reactivar la regla de gasto, suspendida en 2020 por el Covid.
Su reactivación y configuración como regla fiscal “más preponderante” por encima del dato de déficit público es la principal novedad de cara a la elaboración del documento económico del próximo ejercicio, sobre el que la oposición ha expresado “dudas” en determinados aspectos, como la reducción de la deuda, porque “una cosa es la teoría y otra la práctica”, han diferenciado desde el PRC, PSOE y Vox.
Los diputados de estos partidos también han cuestionado los efectos de la reforma fiscal introducida en los presupuestos del presente ejercicio, los primeros de la actual legislatura y que el Ejecutivo 'popular' -en minoría parlamentaria- logró sacar adelante con el apoyo de los regionalistas. Mientras, desde el Grupo Popular consideran que el “peligro real” sobre las cuentas no es el cálculo del techo de gasto, sino los efectos de la financiación autonómica con el modelo previsto para Cataluña, que puede suponer “un hachazo” para Cantabria, con la pérdida de 600 millones.
En cuanto al PGC en sí, el aprobado para este 2024 ascendió a 3.542 millones de euros, un 3,5% más, y el del siguiente ejercicio superará los 3.700 millones, según adelantó también, el pasado viernes, Buruaga. Hasta ahora, la jefa del Ejecutivo ha destacado que será un presupuesto “serio, realista y prudente”, además de “expansivo” en el gasto, y desplegará “todos los efectos” de la reforma fiscal iniciada este año.
Respecto a la subida de 92 millones, la jefa del Ejecutivo ha explicado que va a permitir “proteger” los servicios públicos esenciales, especialmente la sanidad, la educación y los servicios sociales, que “seguirán batiendo récord de consignación” presupuestaria, extremo que ha confirmado ahora el titular de Economía, al destacar que estos departamentos van a contar con las cifras “más altas de la historia”.
De acuerdo con la previsión de la Consejería, de la que ha tenido conocimiento Europa Press, la cifra final del presupuesto, aún pendiente de cerrar, rondará los 3.720 millones, lo que supondrá un aumento cercano al 5%.
En cualquier caso, rebasará por primera vez la barrera de los 3.700 millones euros y la idea del departamento es, según ha podido saber esta agencia, que el proyecto de la ley más importante de Cantabria se apruebe antes del 31 de octubre, como establece la norma.
El incremento previsto, de entre el 4 y 5%, se debe al cumplimiento de la regla de gasto que permite subir el gasto no financiero (computable) un 3,2% y el aumento del coste de la deuda (intereses y vencimientos de deuda), porque aunque la comunidad autónoma deba al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) menos volumen de millones (al cierre de 2024 la deuda será de 3.250 millones frente a 3.316 al término de 2023), los nuevos préstamos son más caros (en torno al 3% de tipo de interés).
Certezas e incertidumbres
El consejero de Economía ha explicado en su comparecencia ante la Cámara, a petición del PSOE y aplazada una semana sobre la fecha inicialmente prevista debido al fallecimiento de su padre, que para la aprobación del techo de gasto se ha tenido en cuenta además de la regla de gasto, que supone una “certeza”, otras variables, que son en cambio una “incógnita” o conllevan “incertidumbre”, como la prórroga de los presupuestos del Estado de 2023 -algo “no descartable a estas alturas” para los de 2025-, entre otros extremos.
Así, ha dicho, los PGC de 2025 deben elaborarse con una previsión de ingresos no financieros (capítulos 1 al 7) caracterizada por “prudencia máxima, transparencia y máxima realidad” en sus estimaciones, con la “gran novedad” de que el límite de gasto no financiero deberá ser “coherente” con la regla de gasto.
Críticas y dudas
Tras la detallada exposición técnica del consejero del PP, los parlamentarios de la oposición han expresado diferentes críticas y “dudas”, como la regionalista Paula Fernández, acerca por ejemplo de la apuesta por un equilibrio de déficit cero o por seguir reduciendo la deuda o partidas presupuestas en el capítulo 1, que considera “insuficientes”.
También se ha referido a la ejecución del presupuesto en vigor, del 57% en septiembre, por lo que queda “más de un tercio por gastar” y “en los meses de descuento” además. Y este partido, que ha imputado a “todos” el que no haya senda de estabilidad ni presupuesto estatal, la reforma fiscal “no está teniendo el éxito” vaticinado.
La socialista Ana Belén Álvarez, exconsejera de Economía en la última parte de la pasada legislatura, también se ha referido a dicha reforma, señalando que los ingresos por algunos tipos -como transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados- responden a que las operaciones de compraventa tienen bases imponibles “más altas”, aunque hay un “menor” número de operaciones realizadas, “pero de más importe”.
También ha cuestionado la diputada del PSOE las previsiones del Gobierno del PP con los 92 millones de aumento del techo de gasto “a la vista de todas las promesas y compromisos plurianuales”, punto en el que ha recordado las advertencias de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), incluida la relacionada con el “riesgo” de incumplir la regla de gasto.
El parlamentario de Vox Cristóbal Palacio ha lamentado que el PP no ha bajado los impuestos, sino “mínimamente” los tipos impositivos, porque “adolece de voracidad fiscal”, con lo que la presión y recaudación han “aumentado”. También ha citado el “problema” de que no haya techo de gasto en España, lo que impide conocer ingresos y gastos, y ha contrapuesto los dos modelos de financiación del país: el de la “legítima limosna” y el de la “legítima apropiación” a la que aspira Cataluña con el modelo previsto en esa comunidad.
Finalmente, el diputado del PP Carlos Caramés ha defendido la reforma fiscal autonómica y sus efectos, y ha achacado precisamente el incremento del presupuesto a una mayor recaudación derivada de más actividad por la bajada de impuestos. Y ha aludido a la influencia de la financiación autonómica y al “problema” que surge cuando “el precio de los pactos de Sánchez con los independentistas y radicales catalanes (...) pretenden que lo paguemos el resto de españoles”, incluidos los cántabros.