Gobierno de Cantabria y Cruz Roja Española han renovado el convenio de colaboración para atender a menores pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad dentro del Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil.
La vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, y el presidente de Cruz Roja Española en Cantabria, Javier Fernández, han firmado la renovación del acuerdo, por el que el Instituto Cántabros de Servicios Sociales (ICASS) destinará 39.400 euros para el programa 'Promoción del Éxito Escolar en Menores en Dificultad Social'.
Se trata de una iniciativa con la que se atienden las necesidades básicas de atención y alimentación de menores de entre 3 y 16 años, cuyas familias se encuentran en una situación de escasez de recursos económicos que las sitúan en una posición de vulnerabilidad.
La finalidad del programa es proporcionar apoyo escolar y prestar ayuda económica para el pago del material escolar y de otros gastos relacionados; dotar de recursos a aquellos menores que pertenecen a familias sin suficientes recursos como para cubrir sus necesidades básicas, y atender a los menores remitidos de forma expresa por el ICASS que se hayan bajo su tutela, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.
Díaz Tezanos ha expresado su satisfacción porque “de esta manera seguimos trabajando para garantizar los recursos necesarios a niños que atraviesan en Cantabria por situaciones de auténtica necesidad”.
En este sentido, ha reiterado que el Gobierno de Cantabria tiene a la infancia como un objetivo “prioritario” en sus políticas para favorecer el desarrollo integral de las personas menores, en particular el desarrollo de su personalidad, “garantizando la prestación de una atención adecuada a las diferentes etapas evolutivas”.
Fundada en 1864, Cruz Roja es una institución humanitaria que trabaja a favor de las personas vulnerables, tanto a nivel nacional como internacional, llevando a cabo acciones de prevención, cuidado, emergencia y recuperación y desarrollo, gracias a sus más de 3.000 personas voluntarias, más de 16.000 socios y 200 trabajadores, lo que dio como resultado que durante 2016 atendiera a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad desde los 94 proyectos activos actualmente.