Cantabria realoja en un monasterio a un grupo de personas que vivía en malas condiciones en un edificio abandonado

El Gobierno de Cantabria ha iniciado el traslado al hospedaje del Monasterio de Soto Iruz, en Santiurde de Toranzo, de un grupo de migrantes sin hogar formado por una treintena de personas, que estaban viviendo en malas condiciones en un edificio abandonado de Santander.

El alojamiento en la residencia del Convento, que cuenta con unas 50 plazas disponibles, ha sido posible gracias a la implicación de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, el Obispado de Santander, diversas ONG y un grupo de ciudadanos, que han colaborado y convencido a los propios afectados para trasladarse desde Santander, tal y como ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

El grupo de albaneses va a alojarse en la residencia del convento, que cuenta con unas instalaciones adecuadas, con habitaciones dobles con baño y un pequeño jardín, y todos ellos permanecerán en régimen de aislamiento al igual que el resto de la población de Cantabria.

El traslado se realizará de forma progresiva, al igual que ya se hizo en el Albergue de Solórzano habilitado por Vicepresidencia y Políticas Sociales para acoger a personas sin techo. En este caso, los primeros tres jóvenes fueron trasladados en la tarde de ayer martes, mientras que hoy se ha reubicado a otros diez.

El Gobierno ha agradecido al Obispado que haya aceptado la petición formulada por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, quien contactó con el Obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, para interesarse por la posibilidad de disponer del Seminario de Corbán ante la alerta sanitaria, bien para acoger a personas sin hogar o para trasladar a residentes de centros de atención a la dependencia en caso de que fuera necesario.

La posibilidad de utilizar estas instalaciones no ha sido posible por diversas razones, si bien el Obispado puso a disposición de la Consejería el hospedaje de Soto Iruz. De este modo, el Obispado cede las instalaciones y todos los gastos correrán a cargo de la Consejería de Políticas Sociales.

La residencia va a estar atendida por un equipo de profesionales de la ONG Nueva Vida y durante la estancia de estas personas se promoverá la convivencia y la integración, y se aprovechará el tiempo de confinamiento para que puedan buscar una alternativa vital a su actual situación, así como para impartir clases de español.