El Gobierno de Cantabria se ha posicionado en contra de la tramitación de la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para regular el derecho a la vivienda en Cantabria, porque considera que “implica un aumento de los créditos y disminución de los ingresos presupuestarios y prevé la creación de un nuevo impuesto y un canon municipal a las viviendas vacías”.
Según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE), esta regulación impositiva vulnera lo previsto en la Ley de Cantabria de iniciativa legislativa popular, que excluye expresamente los contenidos fiscales de las materias objeto de este tipo de iniciativa.
Este rechazo, que la Dirección General de Vivienda tiene previsto explicar a la PAH en una reunión, es uno de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal de este jueves, y que ha provocado la respuesta inmediata del colectivo antidesahucios, que ha convocado una rueda de prensa para explicar su hoja de ruta a partir de este momento.
Según explicaron hace apenas un mes, cuando presentaron su iniciativa legislativa popular, “actualmente no existe ninguna ley que regule el acceso a la vivienda, la vivienda social y las medidas para evitar que grandes tenedores acopien vivienda vacía”.
Para lograr este fin, según recalcaron desde la PAH, recurrían a una ley obsoleta de 1985, que el Gobierno de Cantabria pretende reformar esta legislatura, para recoger 10.000 firmas y lograr que esta proposición fuera tenida en cuenta por el Parlamento de Cantabria y pudiera llegar a debatirse en pleno antes del final de la legislatura, algo que finalmente no ocurrirá.
Este colectivo recordó entonces que desde el estallido de la crisis miles de cántabros han sufrido para poder pagar sus hipotecas, muchos no han podido y han padecido ejecuciones hipotecarias. Un buen número de ellos se han agrupado en asociaciones como la PAH, mientras que “otros han padecido en silencio el desahucio y la deuda de por vida”.
“La legislación española ha avanzado solo gracias a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, recalcaron, al tiempo que señalaron que más de un millón y medio de personas firmaron a favor de la ILP para la dación en pago, que “solo sirvió para una pequeña reforma de las leyes pervirtiendo el espíritu de aquella”.
“Por esa razón creemos necesario que se establezcan legalmente medidas que impongan a las administraciones públicas la obligación de poner a disposición de las personas que pierden su vivienda habitual por impago de su hipoteca una alternativa habitacional”, afirmaron desde la PAH, que tras este varapalo del Ejecutivo autonómico debe reconsiderar su estrategia.
Extinción de incendios
El el Consejo de Gobierno también se ha dado el visto bueno a la prórroga de los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales para la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento, firmados en octubre de 2014.
La aportación total es de 1.483.143 euros, de los que Santander recibirá 676.660 euros; Torrelavega, 421.640 euros, y Castro Urdiales, 384.843 euros.
Asimismo, se acordó instar a todas las consejerías a realizar las gestiones oportunas para implementar las medidas establecidas en el nuevo reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo sobre protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de los mismos.
Según ha explicado la vicepresidenta, este acuerdo implica actuaciones organizativas y de gestión, como la evaluación de los datos personales que pueden ser considerados de especial protección y la revisión de todos los procedimientos y formularios utilizados por la Administración para comprobar si cumplen las exigencias, y medidas normativas, como la aprobación de decretos para regular el procedimiento de creación de nuevos ficheros o el ejercicio de derechos y la respuesta a los ciudadanos sobre protección de datos, entre otras medidas.
Por otro lado, se autorizó y dispuso un gasto de 7.400.000 euros a favor de 112 Cantabria para gastos de funcionamiento e inversión y prestación de los servicios de urgencia y emergencia a los ciudadanos; y se acordó la celebración del Acuerdo Marco de Servicios de Administración Electrónica para Municipios de Cantabria, del que informará este viernes el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra.
Campos de voluntariado juvenil
En el área de Educación, Cultura y Deporte, se autorizó la contratación del programa de campos de voluntariado juvenil para el verano 2018, con un coste máximo de 189.250 euros.
Se realizarán campos de trabajo en Valdeolea, de animación sociocultural y de arqueología en el castro cántabro-romano de Camesa Rebolledo; en San Vicente del Monte, sobre la biodiversidad oculta; en Campoo de Yuso, de animación sociocultural; en Villaverde de Pontones, pintura mural en la Ermita de Mortera de Hoz y conservación de arte y patrimonio; en Santillana del Mar, sobre arqueología en el castro de El Cincho; en Colindres, de animación juvenil; en Solórzano, sobre conservación de patrimonio; en Voto, de conservación de arte y patrimonio, y en Valderredible, del patrimonio arqueológico rupestre 'La Dordogne Cantabria'.
Asimismo, se aprobó un convenio con la Federación Cántabra de Piragüismo para impartir los títulos de técnicos deportivos y técnico superior de las diferentes modalidades de piragüismo de las enseñanzas deportivas de régimen especial, que se impartirán en el IES Villajunco de Santander y el bloque específico por la Federación Cántabra de Piragüismo de marzo a mayo de este año.
En Medio Rural, Pesca y Alimentación, se aprobó un gasto de 925.000 euros a favor de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA); y en el área de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, se autorizó un gasto de 57.180 euros para financiar la prórroga del convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la fabricación, personalización, custodia y entrega de tarjetas del Sistema Digital de Control de Transportes por Carretera.
Atención a la víctimas de violencia de género
En el área de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, que dirige la vicepresidenta, se aprobó el proyecto de Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; y se autorizó la prórroga del contrato de servicios de información, orientación y atención integral a las víctimas de violencia de género, con sede en la calle Rualasal de Santander, con un coste de 633.503 euros.
Tal y como ha explicado Díaz Tezanos, este contrato tiene por objeto garantizar a las mujeres y los menores a su cargo así como a las personas sujetas a su tutela o acogimiento, la información y atención de necesidades psicológicas, sociales, jurídicas, educativas y físicas, así como la manutención, precisas para “su recuperación e inserción laboral y social”, a través de una intervención profesional de carácter multidisciplinar y con el objetivo principal de “normalizar la situación de la mujer, promover la autonomía personal y facilitar su recuperación e integración social y familiar”.
También se aprobó el contrato del servicio de préstamo de productos de apoyo, por importe de 272.558 euros, que permite prestar a personas dependientes productos como cama articulada, grúa domiciliaria, silla de ducha con ruedas o mesas auxiliares, entre otros. En 2017 se incorporaron a este sistema de préstamo 265 personas.
Además, se autorizaron gastos por importe de 1.370.000 euros a favor de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, para financiar sus gastos corrientes y de funcionamiento.
Y se concedió una subvención de 66.306 euros al Colegio de Podólogos de Cantabria, para financiar su colaboración con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales en la atención de las personas mayores de los centros sociales Santander, General Dávila, Torrelavega, Camargo, El Astillero, Suances y Reinosa y los centros de atención a la dependencia de Cueto y Laredo.
En Sanidad, se autorizó la prórroga de varios contratos de suministros y servicios, con un coste total de 365.867 euros.Concretamente, se trata de la plataforma informática de la historia clínica en atención primaria, por un importe de 129.800 euros; el suministro de sensores para la medición de la profundidad anestésica, 108.867 euros; y el soporte y mantenimiento de la historia clínica electrónica de atención hospitalaria, 127.200 euros.