El Gobierno de Cantabria formado por el bipartito PRC-PSOE sigue dando rodeos para no reconocer una evidencia que manejan desde mucho tiempo antes de llegar al poder el pasado mes de mayo: el contrato de colaboración público-privada para acabar el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla que firmó el PP con la constructora Ferrovial-Siec por cerca de 900 millones de euros durante los próximos 20 años está blindado legalmente. Un nuevo informe de los Servicios Jurídicos de la Administración autonómica así lo certifica, puesto que reconoce que el acuerdo es “plenamente legal” y “se ajusta a los requisitos formales exigibles”.
Esta información, que el Ejecutivo regional ha dado a conocer camuflada en los últimos párrafos de una nota de prensa en la que relataba los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana, ha venido acompañada por el anuncio de que el Gabinete bipartito que lideran Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos conocerá en breve, en el transcurso de las próximas semanas, los costes económicos que supondría la recuperación de la gestión de los servicios no sanitarios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
“El Ejecutivo está a la espera de conocer los resultados del estudio encargado al Servicio Cántabro de Salud sobre los costes económicos de las distintas causas de resolución posibles, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado”, explican en el comunicado emitido después de analizar el informe redactado por la Dirección General del Servicio Jurídico sobre el multimillonario contrato de Valdecilla.
Según el informe, que coincide con uno similar elaborado desde la Consejería de Sanidad, el contrato “se ajusta a los requisitos formales exigibles”, resultado que esperaba el Ejecutivo, “dado que de haber existido errores en la tramitación o en el contenido del contrato no hubiera superado los filtros jurídicos necesarios para someterlo a la aprobación del Consejo de Gobierno”, admiten.
No obstante, el bipartito PRC-PSOE también considera que “la actual gestión ha hipotecado a la comunidad autónoma y ha convertido a pacientes y profesionales en inquilinos”, al haber privatizado los servicios no sanitarios que influyen a diario en el funcionamiento del centro sanitario. De ahí, “la necesidad para el Gobierno de valorar los costes económicos que supondría recuperar esa gestión”, remarcan.
Según explican, el Gobierno seguirá llevando a cabo un “seguimiento estricto” del contrato de colaboración público-privada, con el objeto de “evitar cualquier posible incumplimiento y actuar en consecuencia en el caso de producirse alguno”. Hasta el momento, insisten, ya se ha creado una comisión interna de seguimiento y se ha contratado una auditoría sobre el acabado de la obra y su adaptación al proyecto.
Además, el Ejecutivo recuerda que ha encargado a la Universidad de Cantabria sendos estudios sobre la diferencia de coste que ha supuesto para la comunidad autónoma este contrato respecto al procedimiento administrativo habitual y el porcentaje que su pago supone en el presupuesto regional.
“Fin a este sinsentido”
Por su parte, la secretaria general del PP y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, se ha mostrado convencida de que el Gobierno no podrá anular el contrato de colaboración público privada de Valdecilla, porque sería “más gravoso” que mantenerlo y exigir su cumplimiento, y ha pedido al presidente, Miguel Angel Revilla, que “ponga fin a este sinsentido del que está siendo cómplice silencioso” y a la “huida hacia adelante” del PSOE.
En su opinión, el informe de los servicios jurídicos confirma que el contrato de Valdecilla es “irreprochable” y deja al descubierto el “montaje político” del PSOE. Por ello, Sáenz de Buruaga ha afirmado que la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos, “debería pedir perdón al PP y a la sociedad cántabra”, porque “ha actuado de mala fe, ha demorado los informes a su conveniencia para seguir alimentando su estrategia de manipulación, ha mentido a sabiendas y sigue haciéndolo”.
“Exijo a la vicepresidenta, campeona del embuste, que deje de engañar a la población”, ha dicho la exconsejera en una rueda de prensa convocada a los pocos minutos de que el Gobierno diera a conocer las conclusiones del informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, un informe “rotundo y concluyente” que el Ejecutivo “pretende despachar con un breve comunicado”, ha censurado la exvicepresidenta.
Sáenz de Buruaga ha recalcado que el informe del Servicio Jurídico es “rotundo y concluyente” y ratifica las conclusiones del emitido en diciembre por la asesoría jurídica de la Consejería de Sanidad, ese que la vicepresidenta, ha añadido, “se apresuró a decir que era provisional y que no cabía esperar otra cosa”, lo que a su entender, no hace sino “cuestionar la imparcialidad y profesionalidad de los servicios jurídicos” de la Administración.
A su juicio, el informe definitivo sobre el contrato de Valdecilla supone “un revés definitivo” para el Gobierno, en especial para la parte socialista del Gobierno. En este sentido, ha reiterado que el contrato es “jurídicamente impecable” e “irreprochable desde cualquier punto de vista”, y que “no hay causa jurídica” que justifique su nulidad.
“Es hora de poner Valdecilla a pleno rendimiento”
La exconsejera ha reprochado al PSOE que no recurriera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria -la que le negó legitimidad para denunciar el contrato-, y ahora pretenda “combatirlo desde el Gobierno con fondos públicos”. “Exijo el mismo cuidado con los fondos públicos que el que tuvieron con los fondos de su partido”, ha espetado.
Sáenz de Buruaga ha dicho que el Gobierno miente cuando afirma que el Servicio Cántabro de Salud encargó una auditoría de las obras tras constatar la “falta de control” de las mismas. En este sentido, ha recalcado que no consta en el expediente certificación alguna de técnico competente que acredite esa “falta de control”, y ha asegurado que la auditoría “no les inquieta en absoluto”. “Es más, estamos deseando conocer sus conclusiones”, ha apostillado.
La portavoz de Sanidad del PP ha denunciado que pese a los “varapalos”, la “ofensiva del PSOE no ha terminado” y ahora, la tercera “línea de ataque” es la vertiente económica financiera del contrato, pese a que está avalado y financiado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que “mensualmente se encarga de su seguimiento y supervisión”.
Sáenz de Buruaga “desconoce” en qué fase se encuentra el estudio encargado a la Universidad de Cantabria. “Lo que sí sé es que será otra causa perdida”, ha afirmado, para argumentar a continuación que la doctrina del Consejo de Estado y exige que la resolución de un contrato tenga en cuenta el interés público. Interés público que se vería “perjudicado” cuando esa opción resulte “más gravosa” que el cumplimiento del contrato, como a su entender ocurre en este caso.
“La administración tiene que ponderar si es más gravoso resolver, indemnizar y seguir prestando los servicios, o continuar con el contrato y exigir su cumplimiento. No sé dónde va el Gobierno, pero sé que el recorrido es muy corto y dónde va a terminar. Lo gravoso sería el capricho del PSOE de resolver el contrato”, ha sentenciado.
Asimismo, Sáenz de Buruaga ha reiterado que Valdecilla “no solo es tan público como lo fue siempre, sino que no ha hecho más que avanzar en su condición de referente y en excelencia asistencial. Tan solo necesita un Gobierno capaz de estar a su altura”, ha dicho, tras opinar que “mal que les pese Valdecilla es un éxito moral, social y político de la sociedad de Cantabria, liderado por un Gobierno del Partido Popular”.
“Ya es hora de dejar de poner en cuestión a Valdecilla. Es hora de poner Valdecilla a pleno rendimiento y de aprovechar la modernización de sus instalaciones y equipamiento como palanca de cambio de la propia organización y de innovación asistencial”, concluyó.