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Cantabria compensará este mes con más de un millón de euros a las residencias por los gastos derivados de la pandemia

Sanitarios llevan a una anciana en silla de ruedas a una residencia en Cantabria.

elDiario.es Cantabria

8 de marzo de 2021 21:17 h

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La Consejería de Empleo y Políticas Sociales prevé aprobar este mes de marzo una ayuda económica extraordinaria para los centros de atención residencial a personas mayores y con discapacidad y para las entidades que prestan el servicio de ayuda a domicilio con el objetivo de compensar los gastos que han tenido que afrontar como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Esta nueva línea de ayudas que gestionará el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) estará dotada “con algo más de 1 millón de euros”, con los que se busca mantener y mejorar la adecuada atención a las personas dependientes y garantizar que los servicios se puedan prestar “con normalidad”, asegurando su sostenibilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento la consejera del área, Ana Belén Álvarez (PSOE), en respuesta a una interpelación del Grupo Popular sobre los criterios para compensar los costes extraordinarios que el sector de la dependencia está soportando con motivo de la pandemia.

Según ha explicado Álvarez, esta medida persigue minimizar los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, su desinfección y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas para frenar y reducir los contagios.

“El sector de la Dependencia ha vivido como nadie los efectos de la pandemia. Creo que desde la Consejería de Políticas Sociales lo entendimos desde el minuto uno y creo que, en estos largos, larguísimos doce meses, el sector ha tenido un aliado en nosotros, al igual que nosotros también hemos tenido un aliado en ellos”, ha manifestado la consejera.

Ha recordado que el ICASS ya aprobó el pasado mes de julio un decreto de subvenciones -también dotado con 1 millón de euros- destinado a sufragar las plazas no reemplazables durante el confinamiento, siendo Cantabria “una de las primeras comunidades” en adoptar una medida de este tipo.

La consejera ha explicado que ya trasladó al sector su voluntad de compensar los costes extraordinarios que sigue provocando la COVID, una medida que se ha dado a conocer una vez que se ha confirmado la disponibilidad de los recursos y con la que se quiere contribuir a financiar “el esfuerzo que ha supuesto para los centros residenciales hacer frente a la pandemia y poner en marcha los protocolos de seguridad”. Según ha indicado, la nueva aportación a las entidades que prestan el servicio de atención residencial y ayuda a domicilio estará financiada con los fondos de recuperación europeos, en el marco de los recursos gestionados por el Ministerio de Derechos Sociales.

“Hace escasas 72 horas que el Ministerio me ha confirmado que la Comisión Europea no se opondrá a que una pequeña parte de los fondos puedan destinarse a gastos relacionados con la adaptación de los servicios a los requisitos de seguridad para la protección de profesionales y personas atendidas”, ha indicado Álvarez, quien ha anunciado que la transferencia a las comunidades autónomas se producirá una vez sea aprobada en Consejo Interterritorial.

Otras medidas de apoyo al sector

Finalmente, ha recordado que el ICASS asumió en su propio presupuesto el coste de servicios y material que se prestaron directamente a los centros residenciales, como fueron tareas de desinfección que durante varios meses se realizaron en todos los centros residenciales de Cantabria o el suministro de equipos de protección “gracias a las donaciones de empresas”.

Además, a todo ello se suma la convocatoria de subvenciones para inversiones en las empresas -de cualquier actividad- dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo y reducir el riesgo de transmisión de la COVID de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, a través del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, dotada con otro millón de euros más.

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