Al igual que muchos asuntos recurrentes, la 'guerra del agua' reaparece cíclicamente en el debate político y enfrenta a territorios como Cantabria y Aragón por este recurso vital. Y es que la disputa por el trasvase del Ebro ha vuelto a reavivarse esta semana a raíz del anuncio de Chunta Aragonesista -formación integrada en Sumar- de que intentará impedir la transferencia hídrica que ha pedido el Parlamento cántabro al Ministerio de Transición Ecológica, a través de una proposición no de ley en el Congreso.
La postura expresada por el portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, no ha sentado nada bien en Cantabria, especialmente en el PRC, dado que la formación regionalista fue impulsora de la moción que salió adelante el pasado lunes por unanimidad y que reclamaba un trasvase mínimo anual de 10 hectómetros cúbicos de agua del embalse del Ebro a la cuenca del Besaya de forma gratuita.
El trasvase Ebro-Pas-Besaya es uno de los ocho trasvases que soporta el río Ebro. Se construyó en 1982 y comunica el embalse de este río con las cuencas de los ríos Pas y Besaya. Esta infraestructura, que se inauguró en 2007, permite mejorar el abastecimiento urbano e industrial de las comarcas de Torrelavega, Santander y la zona oriental de Cantabria, pero su historia no está exenta de episodios polémicos e incluso de un paso por los tribunales que marcó un antes y un después.
Y es que en 2015, la Audiencia Nacional resolvió definitivamente un recurso presentado años atrás por el colectivo ecologista ARCA -que criticó la obra “faraónica” que supondría una gestión del agua “basada en la obra pública y el hormigón”- y tumbó todo el proyecto por una deficiencia en la tramitación ambiental, dejando en el aire el abastecimiento de agua, que posteriormente se resolvió en 2021 con un acuerdo entre Gobierno de Cantabria y Ministerio de Transición Ecológica.
El documento sellado entre ambas administraciones tenía una vigencia de cuatro años y permitía a Cantabria captar hasta 26 hectómetros cúbicos que tendría que devolver con un desfase de 12, es decir, se asumía que esta comunidad no tuviera la capacidad de devolver esa cantidad. No obstante, posteriormente se modificó ese acuerdo, y recayó en el Estado la responsabilidad de la citada devolución, la cual no ha llegado a producirse, y actualmente el déficit es de 10 hectómetros cúbicos, cuantía que ahora la comunidad reclama recibir, toda vez que el convenio caduca en marzo de 2025.
Es por ello que desde hace meses el Gobierno autonómico viene reclamando una solución “definitiva y gratuita” sobre la concesión aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “En Cantabria, aunque pueda parecer que no, necesitamos agua todos los años. Nosotros tenemos nuestra capacidad hidráulica en nuestras propias captaciones, pero en verano no es suficiente y necesitamos que ese trasvase del pantano del Ebro hacia Cantabria esté resuelto de forma definitiva, gratuita y permanente, como tienen el resto de comunidades autónomas que se surten del pantano del Ebro. Nosotros no tenemos por qué ser diferentes”, señaló hace dos meses el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP).
Y de ahí la moción que salió adelante por unanimidad este pasado lunes, no sin matices entre unas formaciones y otras, especialmente en el caso del PSOE, que criticó con dureza “el alarmismo” del PP. “Son ustedes unos alarmistas, han insinuado que existe la posibilidad de que Cantabria se quede sin agua, ¿cuándo nos hemos quedado sin agua en estos últimos cuatro años?”, cuestionó la diputada socialista Norak Cruz, defendiendo la solicitud de un mínimo de 10 hectómetros cúbicos por el cambio climático, que previsiblemente aumentará las necesidades de agua de la población, y para surtir al tejido empresarial y futuros proyectos que se instalen en Cantabria.
Así, PP, PRC, PSOE y Vox aprobaron la solicitud al Ministerio: “Pedimos una solución inmediata para que los cántabros tengamos asegurado de manera permanente y gratuita el consumo de agua, un consumo sostenible, responsable, medioambientalmente asequible y solidario, que permita a las comunidades autónomas que están aguas abajo del embalse del Ebro surtirse para sus actividades económicas, agrícolas o para el consumo de la población”, defendió el alcalde de Torrelavega y diputado del PRC, Javier López Estrada, en la tribuna de oradores durante el Pleno que tuvo lugar el pasado lunes en el antiguo Hospital de San Rafael de Santander.
Pero 24 horas más tarde, Pueyo dijo que en su formación estarían “vigilantes para impedir que pueda hacerse un trasvase que, aunque sea pequeño y sea en la cabecera, pueda ser utilizado como precedente para posteriores trasvases”. “Estamos acostumbrados a que el Partido Popular y el PSOE tengan un discurso diferente en cada territorio. En Aragón critican los trasvases, pero luego en Murcia o en Cantabria son ellos quienes los aprueban. Por eso no son de fiar”, argumentó.
La reacción regionalista no se hizo esperar y tildó de “egoísta” la posición de Chunta. “No tiene ningún sentido que sean los aragoneses los que decidan sobre el futuro de los cántabros”, señaló López Estrada, subrayando que Aragón “no tiene más derecho que Cantabria a utilizar un agua que está en nuestro territorio”.
Asimismo, el PRC recuerda que Cantabria fue “la gran perjudicada” por la construcción del pantano, dado que afectó a siete municipios y supuso la desaparición de 3.000 puestos de trabajo y cuatro pueblos de manera íntegra, con el consiguiente desplazamiento de “miles de personas”. “Se prometieron muchas cosas y pocas se cumplieron”, lamenta, aludiendo a un ferrocarril y nuevas viviendas e infraestructuras.
No es la primera vez que Aragón se posiciona en contra del trasvase a Cantabria. En 2020, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba ultimando el acuerdo para llevarlo a cabo, el Gobierno de Aragón pidió no autorizarlo porque, en palabras de su presidente, iba “en contra” de los intereses de su región.