Los hosteleros cántabros declaran la guerra a las viviendas turísticas y piden al Gobierno que acelere su regulación

La proliferación de alquileres turísticos en Cantabria ya es uno de los principales problemas del sector hotelero y hostelero de la comunidad, hasta el punto de que sus representantes manifiestan abiertamente su “preocupación” por ello y exigen cuanto antes más regulación, teniendo en cuenta el balance no especialmente positivo que hacen de la Semana Santa que acaba de finalizar. Precisamente este martes, el Gobierno de Cantabria ha sacado a consulta pública la redacción del nuevo decreto regulador de este tipo de viviendas de uso turístico, aunque, tal y como anunció la consejera del área, no estará listo para verano.

Desde la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria han culpado directamente al auge de los alquileres turísticos de que los datos de ocupación en Semana Santa hayan sido “bastante peores” que los de la anterior: “Se veía mucha gente por la calle, pero en todos los hoteles había plazas”, ha lamentado su directora, Bárbara Gutiérrez, en declaraciones a Europa Press.

“Ha sido uno de los ingredientes del cóctel explosivo que se ha dado para que la Semana Santa que acaba de concluir no haya sido como la anterior”, ha manifestado Gutiérrez, asegurando que los hosteleros están “muy preocupados” por este asunto de cara a la temporada de verano. En este sentido, la directora de esta asociación ha reclamado al Gobierno autonómico que acelere la publicación del decreto regulador, lamentando que no vaya a llegar a tiempo para la época estival y ofreciéndose al Ejecutivo para colaborar en su diseño, para que esté listo lo antes posible.

La nueva normativa, que en palabras de la titular de Turismo se estima que esté para finales de septiembre o principios de octubre, tendrá un plazo de consulta pública de 10 días hábiles a contar desde este miércoles 3 de abril. En la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el Gobierno cántabro reconoce que la proliferación de los alojamientos turísticos “parece generar ciertos problemas, principalmente en los entornos urbanos, con la dificultad de acceso a la vivienda con carácter permanente o la desnaturalización de los barrios”.

Y es que Cantabria se ha convertido en el territorio peninsular con mayor crecimiento porcentual de estos pisos turísticos desde la pandemia. En España, solo Canarias y Baleares han experimentado un auge mayor.

El texto también señala que “a mayor abundamiento su ejercicio irregular o ilegal supone una competencia desleal para el resto del sector de alojamientos turísticos”, y subraya que “la extraordinaria dimensión adquirida por el mercado del alquiler de viviendas de uso turístico provoca en ocasiones efectos indeseados”.

Declaración responsable

Todo ello, según la Consejería de Turismo, pone de manifiesto “la necesidad de elaborar una nueva regulación” cuatro años después de la entrada en vigor del marco jurídico actual. Así, con la redacción de un nuevo decreto se pretende “reforzar” una norma que permita, en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma, “un control en el momento de comprobación del cumplimiento de los requisitos de la declaración responsable y de la adecuación de la actividad de alquiler de viviendas de uso turístico a la normativa turística y sectorial, en particular la urbanística”.

“Es por ello que resulta necesario actualizar los requisitos comprensivos de la declaración responsable”, detalla la resolución, que busca expandir la definición de quiénes pueden ser considerados como propietarios para operar alojamientos turísticos, así como detallar las condiciones bajo las cuales se puede realizar esta actividad, incluyendo la frecuencia de su uso.

Adicionalmente, se introduce la declaración responsable como una estrategia para reducir la carga administrativa, lo que facilitará la gestión de los alojamientos turísticos. Y aunque esta medida está diseñada para agilizar el servicio, no suprime las responsabilidades que los propietarios deben asumir al momento de hacer esta declaración y su contenido. “Con la nueva regulación se pretende incidir en este aspecto y al tiempo definir el procedimiento de comprobación e inspección de las declaraciones responsables”, sentencia el documento.

La resolución también se ha publicado en el Portal de Transparencia de Cantabria, con el objetivo de recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. Las opiniones deberán realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Turismo y Hostelería. Se podrán presentar en el Registro General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como en los registros u oficinas establecidos por ley. Igualmente podrán presentarse alegaciones a través del portal de transparencia.

La consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández (PP), anunció en el Parlamento autonómico hace dos semanas los plazos de este decreto y se excusó en que “depende de otros órganos y de informes ajenos” a su departamento para justificar que no llegue a tiempo a verano. Además, la oposición criticó que el Gobierno sea partidario de regular ese tipo de viviendas, mientras rechaza hacer lo propio con los alquileres residenciales tachando de “comunista” aplicar el índice de precios que marca la Ley de Vivienda estatal.

Al respecto de esta nueva normativa, Fernández ha expresado este martes que el crecimiento “desbordado de las viviendas de uso turístico ha planteado nuevos desafíos que la región debe afrontar sin dilación”, como la necesidad de “garantizar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la calidad de vida de los residentes, así como la de garantizar una competencia leal dentro del sector turístico”. “Esta iniciativa es un paso firme en el compromiso del Gobierno de Cantabria de hacer de Cantabria un destino turístico sostenible y responsable”, ha concluido.