Izquierda Unida (IU) no quiere que los responsables del desaguisado urbanístico del Alto del Cuco se vayan de rositas. Por eso, el concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Piélagos, Rubén Vicente Carrillo, ha presentado una moción en la que insta al Consistorio a iniciar un procedimiento judicial de responsabilidad patrimonial contra los ediles que votaron a favor del proyecto y contra los funcionarios que lo avalaron con sus informes.
Para hacer frente al derribo de esta macroubanización de 200 chalés de lujo -declarada ilegal en el año 2011 por el Tribunal Supremo- y a la restauración ambiental de la zona, el Ayuntamiento tendrá que desembolsar 3,7 millones de euros.
Estos trabajos comenzaron en agosto del año pasado gracias al acuerdo alcanzado entre el Consistorio y el Gobierno de Cantabria. Ante la incapacidad económica del Ayuntamiento de asumir el coste de las obras -un informe de los servicios técnicos municipales advertía de la necesidad de hacer importantes recortes en los servicios básicos e incluso tener que crear una tasa especial entre los vecinos-, el Ejecutivo autonómico aceptó adelantar los 3,7 millones, que serán devueltos por la administración local en los próximos diez años más un 1% de intereses.
A esa cantidad habrá que sumar la indemnización que los jueces determinen que le corresponde a la empresa constructora, Martinsa Fadesa, ya que esta levantó la urbanización con todos los permisos municipales en regla. Según señala IU en la exposición de motivos de la moción, que será debatida el próximo 11 de mayo, los administradores concursales de Martinsa Fadesa -que está en fase de liquidación- reclaman al Ayuntamiento 69 millones de euros por el lucro cesante.
Los responsables del Cuco
En la moción, consultada por eldiario.es, el concejal de IU expone que el exalcalde, Jesús Ángel Pacheco (PP) -ya fallecido- “no es muchísimo menos el único responsable” de la “nefasta” operación urbanística del Alto del Cuco.
Tal y como relata, el Plan Parcial fue aprobado de forma provisional en diciembre de 2013, pese a que el entonces portavoz municipal del PRC, Manuel Quintanal, ya advertía de la conveniencia de no otorgar derechos edificatorios en una zona que pudiera verse afectada por los futuros planes regionales de ordenación del territorio y del litoral, que fueron aprobados tan solo unos meses después.
En febrero de 2014, la dirección general y la comisión regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria emitieron sendos informes en los desfavorables a este Plan.
Aunque “la lógica y la prudencia” indicaban entonces que se paralizase la tramitación -continúa exponiendo Vicente Carrillo-, el 23 de marzo el Pleno de la Corporación municipal aprobó de forma definitiva el proyecto urbanístico. Este salió adelante con los votos favorables de los siete ediles del PP más otros dos concejales no adscritos que meses antes habían abandonado esta formación y que un mes después de la votación se reincorporaron con dedicación exclusiva al equipo de Gobierno. En contra se posicionaron los cuatro representantes del PSOE, los tres del PRC y el edil de la Agrupación de Pueblos Independiente de Piélagos.
Una “losa” sobre Piélagos
“Quienes votaron a favor de esta aprobación definitiva conocían el informe de la Comisión Regional de Urbanismo y fueron advertidos de las recientes modificaciones legislativas autonómicas, y sin embargo siguieron avanzando hacia el desastre que ahora pesa como una losa sobre las espaldas de todo el municipio”, denuncia el concejal de IU.
Además, Vicente Carrillo también apunta que “los concejales del PP tuvieron una última oportunidad de evitar tantos perjuicios a la ciudadanía, cuando 10 de junio de 2004 el Gobierno de Cantabria, desde su Consejería de Presidencia, requirió al Ayuntamiento que anulase o revocase el acuerdo del Pleno, una oportunidad que fue ignorada por los entonces gobernantes del municipio, que a través del puño y letra del alcalde rechazó el requerimiento”.
La urbanización
La urbanización del Alto del Cuco preveía la construcción de 400 viviendas de lujo. Fue declarada ilegal en el año 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a raíz de una demanda presentada por la asociación ecologista ARCA, a la que se adhirió el propio Gobierno de Cantabria -integrado por PRC y PSOE-, contrario a esta actuación urbanística.
En la sentencia, el TSJC cuestionaba “la agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplazaba la urbanización), y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar 395 viviendas”, en una actuación que calificaba de “traumática”. El fallo fue ratificado por el Tribunal Supremo en el año 2011.