La supuesta “inducción al voto” a usuarios de una residencia propiedad del candidato del PRC en Castro Urdiales durante las elecciones municipales del 28M ha llegado a los tribunales. En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de este municipio ha abierto juicio con fecha de 24 de abril, según ha podido saber elDiario.es. La Fiscalía inició el pasado mes de junio una investigación por un presunto delito de fraude electoral y coacción a raíz de los hechos acaecidos la noche electoral del 28 de mayo durante el recuento de votos de los comicios locales.
La denuncia interpuesta ante la Guardia Civil partió de un familiar de una usuaria del centro de mayores y dependientes del que es gerente el entonces líder del partido de Miguel Ángel Revilla en este municipio. La presunta “inducción al voto”, que tuvo lugar en una de las mesas electorales de una pedanía, tuvo repercusión en el reparto final de los escaños de una Corporación de 21 concejales para una población que supera los 30.000 habitantes censados.
Y es que la polémica estalló durante un recuento de infarto y muy ajustado la misma noche electoral. Así, a falta de tan solo un 3% de que se completara el escrutinio, el PSOE perdió un concejal clave para la gobernabilidad en favor del PRC. Y es que la mesa electoral de Sámano, ahora en el foco de las pesquisas, tuvo paralizado el recuento durante varios minutos por este incidente y, finalmente, por un puñado de votos, el edil en disputa cayó del lado regionalista, dejando un escenario político mucho más abierto de cara a formar gobierno: siete ediles para los socialistas -vencedores de los comicios- en vez de ocho, y tres para los regionalistas en lugar de dos.
La usuaria de La Loma denunció que se les estaba “induciendo al voto” hacia el PRC, cuyo candidato era Jesús Gutiérrez, gerente de esta residencia. La Guardia Civil trasladó la denuncia a la Junta Electoral, la cual días más tarde desestimó el recurso presentado por el PSOE contra el acta de escrutinio, manteniendo así el resultado electoral que arrojó el recuento final y dejando en manos de la Fiscalía la investigación en torno a lo ocurrido.
Ahora, nueve meses después, esa investigación ha derivado en apertura de juicio, que se celebrará el miércoles 24 de abril. Los hechos serán juzgados ya con la legislatura habiendo echado a andar con el reparto de escaños resultante del controvertido recuento y con un gobierno de coalición conformado por PSOE y CastroVerde.
Polémica trayectoria
El líder regionalista en Castro Urdiales, que renunció al acta de concejal tras sufrir un batacazo en las urnas, ha estado buena parte de su trayectoria política en el foco de la polémica. Y es que durante dos legislaturas en la oposición trató sin éxito de impulsar un convenio para recalificar el suelo de su fábrica de anchoas (Conservas Lolín), con el objetivo de trasladarla del centro de la ciudad a un polígono industrial a las afueras y ubicar en su localización actual un supermercado.
Pese a que intentó por todos los medios que la modificación urbanística saliera adelante, el Ayuntamiento tumbó hasta en dos ocasiones el convenio -avalándose en informes técnicos-, decisión que fue respaldada posteriormente por la Justicia. Al respecto, su hermano le acusó públicamente en una entrevista a las puertas de la campaña electoral de “utilizar al Ayuntamiento para sus negocios”. Además, reveló otras presuntas irregularidades del líder regionalista, como haber introducido en España “hasta ocho millones de Suiza” o “haber malgastado el dinero de los cántabros” de las ayudas públicas que recibió su empresa.