El Juzgado de lo Social número 4 de Santander ha concedido las medidas cautelares solicitadas por el comité de Digitex y ha suspendido el traslado de la totalidad de sus trabajadoras de Maliaño (Camargo) --159-- a centros de Jaén y Barcelona, previsto para el día 24, hasta la celebración del juicio, el 5 de septiembre.
Según ha informado la delegada del comité, Marta Careaga, a Europa Press, la sentencia, con fecha del 2 de junio, señala que “hay peligro de enviar a 159 personas, sin haber tan siquiera sitio donde quedarse, con familias completas y muy agresivo económicamente”.
En concreto, la sentencia detalla que la medida empresarial impugnada “implica un cambio de residencia de 159 trabajadoras que puede comportar, no solo un traslado de las empleadas, sino también de sus familias, en muchos años con hijos en edad de escolarización, lo que, a su vez, acarrea un cambio importante en la organización familiar y económica, y atención de las necesidades familiares, que no puede estar sometida a los vaivenes de una eventual sentencia estimatoria”.
Así, con la adopción de la medida cautelar, solicitada el pasado miércoles, “se pretende que la afectación familiar, de producirse, tenga lugar una vez que haya decisión definitiva en el procedimiento principal”.
Asimismo, el juez considera que “no son justificados especiales prejuicios que ocasionaría a la empresa la suspensión del traslado colectivo hasta su resolución definitiva”.
Según Careaga, hasta el momento la Dirección no se ha puesto en contacto con el comité para llegar a un posible acuerdo, si bien cree que lo hará porque “no le va a quedar otra”: “No van a querer ir al juicio”, ha sostenido.
El comité de empresa llevó a los tribunales el traslado de la actividad de la empresa, que pertenece al grupo Konecta, al tratarse de una medida, a su juicio, “desproporcional” y “muy injusta”, y al sostener que, en realidad, son “despidos”.
Desde que la Dirección anunciara su traslado, la plantilla ha llevado a cabo movilizaciones, concentraciones y huelgas para pedir trabajar o teletrabajar, y denunciar lo que considera un “ERE encubierto”.