El Juzgado de Instancia e Instrucción Número 5 de Santander ha estimado parcialmente las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Cantabria y ha aceptado la petición para ampliar la investigación a las personas jurídicas, con el fin de analizar la petición de apartar a las empresas presuntamente implicadas en el caso de corrupción que concierne a la Consejería de Obras Públicas y que ha provocado la dimisión de su titular, José Luis Gochicoa (PRC).
Las cuatro empresas, Rucecan, Cannor, La Encina y API, tienen ahora un plazo para personarse en la causa con abogado y procurador y, una vez personadas, las partes serán convocadas a una vista en la que podrán alegar sobre la prohibición de contratar solicitada por el Ejecutivo autonómico, al considerar que “no sería responsable contar con ellas a la hora de determinar la adjudicación de los expedientes en los que intervino el funcionario detenido”.
El juzgado ha rechazado, sin embargo, la segunda medida cautelar pedida por el bipartito para la apertura de una cuenta bancaria donde consignar las cantidades pendientes de abonar por las obras ya ejecutadas con participación de esas empresas investigadas, en cuya adjudicación intervino el referido funcionario actualmente en prisión. En este caso, la jueza estima que no procede la tutela judicial porque las obras pendientes de pago no forman parte de la investigación en marcha.