Que la caza es un sector en plena decadencia es más que una evidencia. Así lo corroboran los datos que emitió el Ministerio de Transición Ecológica en 2019 y que contemplan los registros desde 2005, donde se apunta a que en 14 años el porcentaje de personas que cazan ha bajado alrededor de un 30%. No obstante, ocurre lo contrario con la edad media de los cazadores, ya que esta no deja de subir y ya se encuentra “por encima de los 55 años”, tal y como apunta Victoria Cedrún, portavoz de la Federación de Defensa Animal de Cantabria (DEAN), a elDiario.es.
Precisamente, la ecologista apunta a que estos son los motivos que han impulsado que gobiernos como el de Cantabria, que lo ha aplicado recientemente, decidan imponer la gratuidad en las licencias de caza para los menores a partir de los 14 años. Una cuestión que ya está siendo criticada por las organizaciones animalistas por la “premura” con la que se está dejando a los jóvenes comenzar a participar “en actividades que pongan en peligro su integridad física”.
“Hay una proximidad a animales heridos y atemorizados y, por tanto, especialmente peligrosos, pero es que además tienen proximidad a armas de fuego... Son contextos muy inseguros, y que un adulto esté presente no protege de los efectos perjudiciales de la violencia que supone”, asegura Cedrún.
Según los datos del Portal de Transparencia del Gobierno de España y sin contar con Euskadi ni Catalunya por tener datos aparte, desde el año 2007 ha habido 63 muertos y 483 heridos en accidentes de caza. Cabe destacar que, de los fallecidos, 21 eran menores de edad. Sin embargo, y aunque desde los 14 años se puede participar en cacerías de forma legal, lo cierto es que no es hasta los 16 años cuando los menores tienen permitido portar un arma, algo que les permite la legislación estatal: “El Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas ya ha expresado su preocupación por el uso de armas de fuego en menores de 18 años, y si ahí se sitúa la mayoría de edad para otras cosas no entiendo por qué aquí no”, asevera la representante de DEAN.
Pero Cantabria no es la única comunidad que ha decidido impulsar ese relevo generacional cinegético a través de la gratuidad en las cuotas y Castilla La Mancha y Andalucía son dos de la comunidades que también cuentan con esta rebaja total en la licencia de caza. Por su parte, otras como Madrid, por ejemplo, aplican descuentos de hasta el 70% en el precio.
Tal y como explica el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco a este periódico, en el caso de esta comunidad, la gratuidad en las licencias también llega a los jubilados, aunque el 'problema' es que hay “mucha menos incorporación de jóvenes al mundo de la caza”.
En cambio, más allá del relevo generacional, el titular del área insiste en que el motivo “principal” que ha llevado al Consejo Regional de la Caza a tomar esta determinación es, además de atender “una vieja reivindicación”, la seguridad jurídica que se les proporciona a aquellos que pretenden llevar a sus hijos o nietos como acompañantes a las cacerías. Y es que Blanco recuerda que si los menores no están inscritos y, por tanto, no tienen licencia, Seprona puede denunciar a los adultos que le acompañan.
Por su parte, para Cedrún, “la seguridad jurídica no implica seguridad en su integridad física”, por lo que esta medida “solo es una manera de legalizar una situación que ya existe”. “Lo único para lo que sirve es para que el seguro les cubra en caso de que ocurra algo, así que me da la sensación de que lo que quieren es escudarse en que si un menor tiene un accidente o lo provoca, ya no tengan que pagar ellos sino el seguro”, sentencia.
Un Gobierno que defiende la caza por ser “necesaria”
Respecto a si el Gobierno bipartito PRC-PSOE en Cantabria defiende la caza, el consejero asiente y explica que esta práctica es “necesaria” para hacer control poblacional. “En Cantabria hay 450 accidentes al año provocados por ungulados, y en España 34.000, eso por no mencionar los daños en los cultivos o la transmisión de enfermedades... Los cazadores hacen algo legal, cazan donde se les permite y pagan por hacerlo”, asegura Blanco.
Asimismo, el regionalista advierte que, si en algún momento no hay cazadores, será el Estado el que tendrá que desempeñar la labor de estos: “Hacerlo por parte de la Administración es carísimo, pero el control habrá que hacerlo igualmente... El año pasado, solo en Cantabria, se batieron entre 3.000 y 5.000 jabalíes -los de los cotos no están contabilizados como los de la reserva-, así que imagínate si mañana se abole la caza lo que nos costaría”, apunta el consejero.
Igualmente, la portavoz de la asociación en defensa de los animales reitera el apoyo “total” del Gobierno cántabro a la caza: “Tenemos un Ejecutivo al que no le tembló el pulso en declarar la actividad cinegética como actividad esencial en el estado de alarma, que está en contra de la inclusión del lobo en el Lespre, que dinamitó el consenso al que se había llegado en la mesa del lobo y que tramita muy rápido las modificaciones de la ley de caza. Sin embargo, tenemos una Ley de Bienestar Animal que lleva dos legislaturas en un cajón y que sigue sin aprobarse”, reflexiona Cedrún.