La nula actividad legislativa en el primer año de Gobierno del PP en Cantabria: ninguna ley nueva salvo los presupuestos

Echado el telón a los primeros 365 días del PP al frente del Gobierno de Cantabria, el balance resultante de su actividad legislativa es realmente pobre: un año prácticamente en blanco, podría decirse. Y es que hasta el momento, el Ejecutivo que encabeza María José Sáenz de Buruaga (PP) tan solo ha logrado aprobar dos normas: los presupuestos y la conocida como Ley de Acompañamiento que va ligada a los mismos y que supone un 'cajón de sastre' para modificar leyes sin pasar por el debate y la tramitación ordinarias.

El Gobierno del Partido Popular, que está en minoría, alcanzó un acuerdo con el PRC para aprobar las cuentas del presente ejercicio. De esta forma, los regionalistas, que previamente habían hecho posible la investidura en solitario de la actual presidenta, facilitaron que la legislatura echase a andar, no sin recalcar que los presupuestos a los que prestaban su aval eran “continuistas” con los aprobados cuando ellos gobernaban.

El acuerdo, que también incluyó la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (Ley de Acompañamiento), consolidó la polémica reforma fiscal del PP, criticada incluso por los regionalistas por “beneficiar a las rentas más altas”, con ligeras modificaciones para beneficiar a las rentas medias, y permitió un cambio en la Ley del Suelo aprobada por el bipartito PRC-PSOE en la pasada legislatura, que ha supuesto la flexibilización de los requisitos para construir vivienda unifamiliar en suelo rústico; una liberalización del terreno, en la práctica, que el Gobierno central ha advertido a Cantabria de su “inconstitucionalidad”.

Además de ello, el pacto entre populares y regionalistas, “puntual”, según ambas formaciones, pospuso temporalmente la supresión íntegra el impuesto de patrimonio que pagan las grandes fortunas por encima de tres millones de euros, además de la derogación de la Ley de Memoria Histórica que el PP había pactado llevar a cabo con Vox.

Asimismo, incluyó otras medidas adicionales como la creación de un fondo extraordinario dotado con al menos tres millones de euros para articular ayudas directas a las familias, colectivos profesionales y empresas afectadas por el aumento de la inflación, la cesta de la compra o los intereses hipotecarios o una partida presupuestaria específica, con una cuantía ampliable de 100.000 euros, para apoyar a las personas cuidadoras de dependientes, y que el PRC ha denunciado repetidamente que no se ha puesto en marcha pese a estar incluido en el acuerdo.

Así todo, durante el debate de la Ley de Acompañamiento, que además de la Ley del Suelo acogió otros 25 cambios normativos, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), confirmó que la reforma fiscal que salía adelante consolidaba “una bajada histórica” de impuestos, “la más ambiciosa de la historia de la Comunidad”, una premisa a la que la jefa del Ejecutivo dio continuidad en el conocido como debate sobre el estado de la región celebrado hace pocos días, presumiendo de gobernar “sin ideología”, pero con una política de “impuestos bajos” dejando de ser un Gobierno “depredador fiscal”.

El PRC prestó sus votos para sacar adelante los presupuestos y la Ley de Acompañamiento criticando al Ejecutivo de Buruaga por “pasmado y estupefacto”. Con el paso de los meses, la postura de los regionalistas se ha vuelto más dura en este sentido, asegurando que el actual Gobierno autonómico “está viviendo de la herencia” del anterior y que, por ello, “tiene que despertar ya”. Lo cierto es que durante el primer año de la pasada legislatura, el bipartito, que contaba con mayoría absoluta y venía de gobernar también en la anterior (en minoría), únicamente sacó adelante las mismas dos leyes que el Ejecutivo actual.

Ahora, finalizada la actividad parlamentaria, que se retomará en septiembre con un nuevo periodo de sesiones, quedan en tramitación la Ley de Juventud impulsada por el PRC y las modificaciones del Estatuto Básico del Empleado Público para enfermeras y médicos.

Previsiblemente, y dados los tiempos que se manejan en el Parlamento de Cantabria, donde está previsto incluso reducir el control al Gobierno, la próxima norma en salir adelante será de nuevo el presupuesto para el año 2025, teniendo en cuenta además que los diputados están estudiando acortar los plenos, alternando una semana los dedicados a iniciativas (aprobación de leyes) y otra los de control al Ejecutivo, a diferencia de como se ha realizado tradicionalmente, con un pleno semanal.