Un día después de que el Gobierno de Cantabria haya dado a conocer los detalles del nuevo modelo implantado en la comunidad para contener el avance de la pandemia sin el paraguas del estado de alarma, la oposición ha procedido a realizar su valoración, en este caso en forma de crítica, a las diferentes medidas establecidas en el semáforo COVID por municipios que ha entrado en vigor este miércoles.
Y es que para el PP, el nuevo escenario implementando en la región “consolida las restricciones y el cerrojazo económico y deja a Cantabria en vilo, pendiente del BOC”. Así lo ha dicho en nota de prensa su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, quien ha reclamado “un verdadero plan de desescalada vinculado al avance de la vacunación”.
“No puede ser que nadie en Cantabria sepa que va a ser de su vida, de su negocio y de su empleo dentro de siete días porque tenemos un Gobierno incapaz de anticiparse y de planificar”, ha afirmado la número 1 del PP cántabro, quien, además, ha criticado “la preocupante falta de sensibilidad de la Consejería de Sanidad al esperar al último minuto y no publicar hasta las siete de la tarde la resolución en el BOC, manteniendo a empresarios y trabajadores pendientes hasta última hora de lo que les esperaba al día siguiente”.
“La resolución es más de lo mismo y no avanza nada porque el Gobierno mantiene las restricciones en su nivel y grado máximo y no tiene más plan que limitar la actividad de la hostelería”, ha lamentado Buruaga.
Asimismo, la dirigente popular ha criticado que “el Gobierno de Cantabria esté imponiendo la inseguridad y la incertidumbre a familias y negocios con medidas extremas, injustificadas e incongruentes con la situación epidemiológica y sanitaria que vive la comunidad”.
Y es que para la dirigente popular, “no puede ser que se impongan las mismas restricciones que cuando no había vacunas y no se tenga en cuenta que la situación no tiene hoy nada que ver con la de hace un año o unos meses, porque la comunidad dispone ahora de un potente instrumento como es la vacunación, con la población mayor y más vulnerable inmunizada”.
Además, considera “incongruente” que Cantabria “no haya movido un dedo para evitar que se levante el toque de queda y el cierre perimetral y se permita que media España nos visite, mientras se proclama la apertura de la economía y del país y, al mismo tiempo, se limite la actividad de la hostelería, pero permitiendo el tránsito de un municipio a otro para comer en el interior de un restaurante”.
“Es todo absurdo y no tiene ni pies no cabeza”, ha advertido la presidenta, quien ha considerado un “sinsentido que mientras repuntan los botellones y se producen avalanchas de visitantes, se siga limitando la actividad de todo un sector”.
Finalmente, Buruaga ha anunciado que lo que el Partido Popular pide y va a proponer “es un verdadero plan de desescalada que permita conciliar economía y salud, que pivote sobre el criterio general de apertura y no de cierre y que permita modular y flexibilizar las restricciones a medida que vaya avanzando en el objetivo de vacunación”.
Un plan, según ha explicado, “a imagen y semejanza del de Andalucía”, que permite la apertura total de la hostelería hasta las doce de la noche y establece como medida de refuerzo el cierre perimetral y la suspensión de toda la actividad no esencial en los municipios de más de 5.000 habitantes con una incidencia acumulada a 14 días de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
Según la presidenta, el Gobierno “ha desechado esa opción porque requiere ratificación judicial y ha optado por no complicarse la vida a costa de complicársela a los ciudadanos, que es lo que hace con su resolución”.
“El Gobierno de Cantabria está complicando la vida a los ciudadanos y añadiendo incertidumbre a la incertidumbre generada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha abandonado a las comunidades autónomas levantando el Estado de Alarma y negándose a poner en marcha el Plan B jurídico que le reclama el PP”, ha concluido.
“Contradicciones”
Por su parte, Ciudadanos ha cuestionado “las contradicciones” del nuevo modelo calificándolas de “clamorosas” y señalando que “no tienen ningún sentido” y que “vuelven locos a los diferentes colectivos a la hora de trabajar”. En este sentido, el diputado naranja en el Parlamento autonómico, Diego Marañón, ha puesto como ejemplo las visitas al aire libre, en las que no se permite participar a más de 10 personas, “mientras que en las visitas grupales de interior el límite se encuentra en 25”.
Así, este dirigente ha pedido “coherencia y rigurosidad” al Ejecutivo porque, en su opinión, la población “no tiene que andar mirando la letra pequeña del BOC cada dos por tres para no meter la pata y acabar pagando el pato de la inoperancia de otros”.
En este sentido, ha puesto como ejemplo al sector de los guías turísticos, que se han visto “perjudicados”, ha dicho, con la publicación del BOC Extraordinario nº 34 de fecha 11/05/2021, que establece en el apartado 26.5 que en el nivel 1 de alerta sanitaria las visitas de grupos al interior de museos, por ejemplo, puedan contar con hasta 25 personas, que las visitas al aire libre no pueden contar con más de 10 participantes, algo que recoge el apartado 53.5 del mismo documento.
“Queremos saber en qué medidas sanitarias se basa esta normativa”, ha señalado el diputado de Cs después de registrar una pregunta oral en el Parlamento, donde también pondrá sobre la mesa otras “incongruencias” que, asimismo, “no son equiparables si tenemos en cuenta que los guías turísticos piden mayores cupos en el exterior”, como que un evento pueda albergar a un total de 50 asistentes.