La oposición en el Ayuntamiento de Santander ha pedido este miércoles la dimisión “inmediata” de la concejala de Empleo y Hacienda, Ana González Pescador (PP), tras confirmarse la sanción impuesta por la Dirección General de Trabajo a la empresa pública municipal Santurban y al Consistorio por contratación fraudulenta de desempleados, adelantada por eldiario.es.
Los portavoces de PSOE, PRC, Santander Sí Puede e IU han subrayado que se trata de unos hechos “muy graves” que tienen repercusión económica de “varios cientos de miles de euros” para las arcas públicas y que han supuesto la “precarización” en los contratos laborales realizados a parados con cargo a la Orden de Corporaciones locales del Gobierno de Cantabria, además de “perjudicar” a los trabajadores municipales.
Igualmente, tal y como han recordado, la investigación abierta por la Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno de España, llevó al Ayuntamiento a dejar de ejecutar la segunda fase de este programa, que preveía la contratación de 131 personas en situación de desempleo a comienzos de este año. “Esto ya de por sí es suficiente razón para pedir su dimisión”, ha manifestado el portavoz socialista Pedro Casares.
En su resolución, la Dirección General de Trabajo confirmó que el Ayuntamiento de Santander ha incurrido en cesión ilegal de trabajadores al utilizar a la empresa pública Santurban para contratar a los desempleados en peores condiciones económicas que si lo hubiera hecho a través del propio Consistorio, para quien realmente realizaban las labores.
“Se ha constatado que el PP ha hecho una maniobra ilegal para pagar de menos a los parados y ahorrarse su dinero”, ha subrayado el secretario general del PSOE en Santander, quien ha incidido en que González Pescador debe dimitir “hoy mismo”.
La rueda de prensa ha dejado además una significativa novedad respecto a este caso, y es que, según ha desvelado Casares, Santurban presentó un ERE de Extinción para la totalidad de los 169 personas que fueron contratadas en la primera fase de la Orden de Corporaciones locales alegando para ellos causas económicas y organizativas.
A este respecto, el dirigente socialista ha manifestado que Santurban registró ese ERE el 1 de diciembre tras tener conocimiento de la investigación abierta por la Inspección de Trabajo y ha apuntado que fue retirado posteriormente “siguiendo las recomendaciones del Gobierno de Cantabria”, ya que lo que pretendía el Ayuntamiento era una “huida hacia adelante” que “no tenía justificación” y suponía “una barbaridad”.
Para el socialista, ese ERE, sumado a los pactos económicos que está ofreciendo el Ayuntamiento al medio de centenar de trabajadores que han denunciado los hechos ante los tribunales, pone de manifiesto que el equipo de Gobierno era plenamente consciente de las irregularidades que estaba cometiendo y choca frontalmente con las declaraciones realizadas por González Pescador defendiendo este sistema de contratación.
Por su parte, el líder del PRC en la capital cántabra, José María Fuentes-Pila, ha señalado a González Pescador como la “responsable directa” de que el Ayuntamiento haya actuado “de forma ilegal” y ha aseverado que no puede estar “ni un día más” al frente de la Concejalía de Empleo ni como consejera delegada de Santurban. “Si no da ese paso, la alcaldesa debería cesarla”, ha considerado.
El dirigente regionalista también ha hecho alusión a la cantidad de “desastres” que han sucedido desde que Gema Igual ocupa la alcaldía y ha citado el caos circulatorio, el derrumbe del edificio de Sol, el “atentado paisajístico” de La Magdalena o el currículum falso, entre otros. “Pedimos las dimisiones que son justas y necesarias”, ha apostillado Fuentes-Pila adelantándose a la posible réplica de los populares.
En esta misma línea se ha pronunciado Antonio Mantecón, portavoz de Santander Sí Puede, quien ha destacado que el caso de Santurban es “un nuevo escándalo, uno más, a los que nos tiene acostumbrados el PP”. Este edil ha justificado la petición de dimisión de González Pescador por el “efecto acumulativo de su acción errática”, al considerarla la responsable de la “mala gestión” económica del Ayuntamiento. En su intervención, Mantecón ha dejado abierta la posibilidad de reclamar a la concejala la responsabilidad patrimonial “por su metedura de pata”.
Desde IU, Miguel Saro ha calificado la actuación de Santurban como “dumping social” y ha resaltado que “supone un tremendo ataque a los derechos de los trabajadores”. También ha denunciado que el equipo de Gobierno ha utilizado esta empresa pública como una “herramienta” para llevar a cabo “prácticas clientelares”, dificultando el acceso al empleo a los santanderinos.
Si González Pescador no presenta su dimisión ni la alcaldesa la cesa, como han exigido, los grupos de la oposición llevarán al Pleno municipal una moción en este sentido, en la que esperan que el concejal tránsfuga de Ciudadanos, David González Pescador, que a lo largo de toda la legislatura ha servido al PP como muleta para superar su minoría, se posicione “del lado de la legalidad” y la iniciativa salga adelante.
Sanción mínima y encomiendas de gestión
Tanto el Ayuntamiento de Santander como Santurban han sido sancionados cada uno con 6.251 euros, la cantidad mínima para este tipo de irregularidades. No obstante, el portavoz del PSOE ha subrayado que se trata de una infracción tipificada como “muy grave” y ha sostenido que el objetivo de la Dirección General de Trabajo “no es recaudatorio, sino corregir estas ilegalidades”.
También ha advertido que el Consistorio ha concurrido a la nueva convocatoria de Corporaciones locales otra vez a través de Santurban, aunque en esta ocasión con encomiendas de gestión, una operación que a la oposición le sigue generando “dudas” sobre su legalidad y que, según han alertado, puede acarrear “nuevas sanciones”.
Finalmente, han mostrado su “solidaridad” con el sindicato CCOO frente al “ataque” del equipo de Gobierno porque “lo único que ha hecho ha sido defender la legalidad y los derechos de los trabajadores”.