Los tres grupos de la oposición, PRC, PSOE y Vox, han unido sus votos este lunes en el Pleno del Parlamento para sacar adelante, sin el apoyo del PP, una moción de los regionalistas con medidas que instan al Gobierno regional a adoptar para mejorar la atención sanitaria de Campoo, entre ellas ampliar los servicios de hospitalización domiciliaria, reforzar los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) o reabrir el Centro de Salud de Reinosa donde en septiembre se derrumbó el techo de una consulta antes de abril de 2026.
Hasta entonces, piden que se ofrezca un servicio de transporte que facilite el traslado de los pacientes hasta el Hospital Tres Mares, donde se han derivado las consultas. Sus peticiones también contemplan regularizar la situación del SUAP de Reinosa en igualdad de condiciones respecto del resto de los de Cantabria, asegurar la cobertura permanente con dotación de médico y enfermera en SUAP en Reinosa, restablecer el servicio de las consultas de fisioterapia y odontología en Atención Primaria en Campoo antes de que termine el año y ejecutar la gerencia compartida establecida entre el Hospital Tres Mares y el de Sierrallana en Torrelavega.
Los 'populares', que gobiernan la región en minoría, se han abstenido en esta moción señalando que coinciden con “gran parte” de las peticiones --siete puntos en total-- pero no con la que exige recuperar las 12 plazas de hospitalización domiciliaria que existían antes de julio de 2023, pues considera que se ha fijado esa cifra en base a “criterios políticos” y “obviando los criterios médicos”.
De hecho, el portavoz, Miguel Ángel Vargas, ha asegurado que, cuando había esas 12 camas septiembre de 2024, el porcentaje de ocupación no superó el “49,2%” en los momentos de mayor afectación de gripe y enfermedades respiratorias. También ha criticado que el PRC pida el transporte al Tres Mares cuando “se ha opuesto durante todo el verano” al sistema de derivación de consultas establecido por el Ejecutivo.
Sin embargo, la diputada y portavoz del PRC en materia de Salud, Paula Fernández, que ha defendido la iniciativa, ha sostenido que “no podemos aceptar el recorte del 50%” que se ha producido en el número de camas de hospitalización domiciliaria, que han pasado a seis. Tanto ella como el portavoz del PSOE, Raúl Pesquera, han lamentado el “desmantelamiento” de la sanidad en Campoo y han aludido a la manifestación convocada para el 9 de noviembre en Reinosa, que el socialista vaticina que será “masiva” dada la situación.
Ambos se han referido también a la afirmación que el consejero de Salud, César Pascual, hizo al señalar que se está ejerciendo un sindicalismo “kale borroka”. “Lo suyo no es una kale borroca sindical, es una kale borroca administrativa”, ha replicado Pesquera, al tiempo que Ferbández ha añadido que a las manifestaciones sanitarias se han sumado ya incluso los alcaldes populares campurrianos. “Ya no somos los esquizofrénicos, los autistas, la kale borroca”, ha ironizado. Desde Vox habían presentado una enmienda defendiendo que aportaba soluciones “efectivas y realistas” y pidiendo no tratar el asunto de forma “populista”, aunque finalmente no se ha incluido.
Plan de inversiones municipales
El Pleno, que ha arrancado a las cuatro de la tarde con un minuto de silencio por las víctimas del derrumbe del edificio ocurrido el sábado en La Albericia, y por las que varios de los intervinientes han trasladado sus condolencias, también ha aprobado otra moción del PRC, en este caso por unanimidad, instando al Gobierno a aprobar en un mes el decreto por el que se conceden subvenciones a los Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución del Plan de Inversiones Municipales para el periodo 2024-2027, que como ya anunció el Ejecutivo estará dotado con casi 27 millones de euros.
Ese decreto deberá incluir el compromiso de financiación de las obras de los municipios al 80% por parte del Gobierno y al 20% por parte de los ayuntamientos; y al 95%-5% en el caso de los 37 pueblos declarados en riesgo de despoblamiento; así como al 100% con fondos regionales para Tresviso y el Valle de Villaverde por sus circunstancias “especiales”.
Los regionalistas han reconocido que un mes es un plazo “corto”, pero se debe a que el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), avanzó en la anterior sesión plenaria que se daría luz verde a este documento en el último Consejo de Gobierno de este mes (el 31 de octubre) o en el primero de noviembre.