La sede de la soberanía popular en Cantabria parece no conectar con su pueblo. Y es que la nula participación ciudadana en los proyectos de ley que tramita el Parlamento supone un fiel reflejo de la brecha que separa a los 35 representantes políticos electos cada cuatro años del resto de la ciudadanía.
Y pese a que los distintos grupos parlamentarios celebran comparecencias en las que participan personalidades o asociaciones y colectivos relacionados con las materias que abordan las leyes que pretenden aprobar, lo cierto es que el resto de la sociedad cántabra no toma parte de su elaboración pese a tener la oportunidad de hacerlo.
Para ello, la página web de la Cámara autonómica cuenta con una sección llamada 'Parlamento Abierto', que pretende ser un espacio para que el ciudadano “participe en las decisiones y debates que se llevan a cabo”.
En este sentido, le ofrece la posibilidad de enviar sus aportaciones a la tramitación de los proyectos de ley, que se trasladan automáticamente a los grupos parlamentarios, así como puntuar en tiempo real las intervenciones de los diputados en los plenos y comisiones.
Sin embargo, este espacio de participación es un páramo: de los 70 proyectos de ley tramitados y en tramitación durante la última década tan solo nueve cuentan con propuestas, en su mayoría de una única persona, lo que se traduce en que casi el 90% de las normas carecen de ellas.
En total se registran 22 participaciones a esas nueve normas y casi la mitad de ellas se produjeron en la ley contra el fracking en el año 2013. La ley que reguló la prohibición de la técnica de fractura hidráulica cuenta con 10 propuestas de nueve participantes y un total de 103 votos. Esta norma, que se fraguó tras una importante movilización social, es la primera que se incluye en el 'Parlamento Abierto' y la única de las 70 registradas que cuenta con votaciones.
La siguiente ley con más participación es la de coordinación de las policías locales de 2014 con seis propuestas, mientras que las otras siete solo cuentan con una: la ley de ordenación del territorio y urbanismo, y la de homenaje y reconocimiento de las víctimas de terrorismo, ambas en tramitación; la ley de memoria histórica (2021), la de protección y bienestar animal (2019), la de control ambiental (2019), la de transparencia en la actividad pública (2018) y la de ordenación del litoral (2013).
El presidente del Parlamento, Joaquín Gómez (PSOE), cuestionado por este asunto, reconoce que “el número de ciudadanos que utilizan el 'Parlamento abierto' es muy escaso, prácticamente inexistente”. “Sucede de forma parecida con la asistencia a los plenos, tan solo dos o tres ciudadanos acuden con regularidad y la tribuna de público está desierta en la mayoría de las sesiones”, señala a elDiario.es.
Sin embargo, Gómez puntualiza que “la escasa utilización de este canal no quiere decir que los ciudadanos no estén representados”. “Al contrario, una de las circunstancias que suceden es que muchos colectivos e incluso ciudadanos particulares se dirigen directamente a los grupos para expresar sus demandas, peticiones y reivindicaciones, y estos en ocasiones, si así lo consideran, defienden o adoptan estos puntos de vista”, explica.
En este sentido, según dice, “se producen muchas citas de colectivos y de ciudadanos particulares, incluso con el propio presidente, porque plantear una iniciativa directamente es muy complicado y por eso las demandas se canalizan directamente a través de los diputados y diputadas de los grupos parlamentarios”.
Como ejemplo pone la iniciativa en contra de las concertinas del Puerto de Santander que lideró un colectivo social. “Se reunieron con el presidente y después el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley en el Pleno, de modo que esta vía sustituye la necesidad de trasladarnos su aportación a través del canal directo de participación ciudadana”, concluye.
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