El Gobierno mantiene vacías las 40 viviendas cedidas en marzo por la SAREB

Las 40 viviendas cedidas hace cinco meses por la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) al Gobierno de Cantabria siguen vacías. El pasado mes de marzo, la Consejería de Obras Públicas y Viviendas suscribió un convenio con el 'banco malo', que a cambio de 4.000 euros mensuales cedió al Ejecutivo cántabro casi medio centenar de inmuebles para destinarlos a alquiler social. A día de hoy ninguna de esas viviendas están ocupadas, según ha reconocido el propio consejero del ramo, José María Mazón, a preguntas de la Cadena SER.

A principios de marzo, cuando se rubricó el acuerdo, Mazón anunció que el departamento que dirige iba a proceder a inspeccionar el estado en el que se encontraban las viviendas y a comprobar su encaje en las características y demandas de los solicitantes de un alquiler social, de modo que las viviendas pasarían a estar ocupadas “en dos meses”'.

Sin embargo, los plazos dados por Vivienda no se han cumplido y los 40 inmuebles, que se encuentran repartidos por Santander, Torrelavega, Astillero, Piélagos, Camargo y Laredo, permanecen todavía hoy vacíos.

“Todavía estamos en el periodo de adaptación porque muchas de las viviendas que nos han pasado necesitan obras de reforma. En este momento creo que tenemos ya 14 que están prácticamente a punto de terminarse y que se irán ofreciendo algunas para casos de emergencia y otras para personas que necesiten un alquiler pero no estén en situación de desahucio”, indicó Mazón a dicha emisora.

Este lunes, tras conocerse la noticia, la Consejería ha confirmado que esta semana van a quedar “disponibles” las primeras seis viviendas, con lo que se espera que las primeras familias puedan beneficiarse de estos recursos en los próximos días.

Nuevo acuerdo

Precisamente, la semana pasada José María Mazón y su equipo mantuvieron un encuentro con responsables de distintas entidades bancarias para solicitar información sobre las viviendas que tienen en propiedad en Cantabria y proponerles un acuerdo para que cedan en usufructo parte de esos inmuebles y se incluyan en el parque público de viviendas en alquiler de la comunidad autónoma.