La situación en torno al crecimiento exponencial de los pisos turísticos en Cantabria está en boca de todos, principalmente porque afecta a sectores tan importantes como el hotelero y hostelero, pero, sobre todo, a los vecinos que residen en zonas especialmente afectadas por la proliferación de los mismos.
El Gobierno autonómico está elaborando un nuevo marco regulatorio, cuya fase de consulta pública acaba de finalizar con aportaciones de diferentes colectivos que el Ejecutivo tendrá que valorar. Así todo, tal y como ha reconocido en varias ocasiones la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández (PP), el nuevo decreto no llegará a tiempo para este verano, por lo que este tipo de alojamientos seguirán bajo el paraguas del aprobado en 2019.
“La regulación actual está obsoleta por la masificación de los últimos años”, reconoce Ignacio Sariego López, experto en esta materia, en conversación con elDiario.es. Este profesor titular de la Escuela de Turismo Altamira, perteneciente a la Universidad de Cantabria (UC), va más allá de los diferentes puntos de debate que se están suscitando en los últimos días en torno al documento que está 'cocinando' el Gobierno y pone sobre la mesa lo que considera “un problema real en cuanto a la inspección y control” de este tipo de alojamientos vacacionales.
Y es que, según subraya, “no existen funcionarios ni personal suficiente en la administración pública para hacer un control exhaustivo”. “La policía no tiene competencias directas sobre esto, por lo que tiene que ir un inspector, y no existen suficientes inspectores para poder abordar este tema”, explica, advirtiendo que esta será la problemática “a medio y largo plazo” en torno a este asunto.
Por un lado, Sariego hace referencia al “cierto vacío legal” que existe alrededor de las viviendas turísticas con el decreto actual en vigor, puesto que el crecimiento exponencial de las mismas en Cantabria ha cambiado radicalmente el escenario en pocos años. “No es muy restrictivo y contempla ciertos vacíos legales”, remarca. Por otro, insiste en la “complejidad” que supone para la Administración el control de la vivienda temporal, cada vez más habitual en las zonas más turísticas de Cantabria.
“En Santander, en zonas del Sardinero, por ejemplo, es casi imposible encontrar una vivienda que puedas alquilar todo el año porque los alquileres se hacen de septiembre a junio, en muchos casos aprovechando los meses de verano para hacer un subarrendamiento”, explica este experto, que reconoce que el nivel de gentrificación que se está dando en grandes ciudades como Madrid o Barcelona todavía no ha llegado a Cantabria, aunque en ciertas zonas se empieza a notar.
La gentrificación, según explica, se refiere al cambio de los usos del suelo de viviendas particulares que se han convertido en turísticas, por lo que “se genera una sobre especulación sobre esos terrenos”. “El uso del suelo cambia y, por tanto, las viviendas cambian su valor, empiezan a hacerse mucho más caras, al igual que los servicios anexos, y eso hace que sea imposible que algunas personas que han vivido en ese barrio toda su vida puedan seguir manteniendo esos mismos ritmos de vida”, expone Sariego.
En este sentido, este profesor universitario señala “puntos álgidos” en los que este fenómeno se produce en Cantabria, como, evidentemente, Santander, o destinos turísticos como Comillas, Santillana del Mar o San Vicente, donde la presión turística cada vez es más fuerte“. Así pues, en su opinión, es ”el momento de tomar riendas en el asunto“, teniendo en cuenta principalmente el trastorno que estas viviendas vacacionales producen en lo vecinos con residencia habitual en ese territorio. ”Más ruido y más gasto en servicios como agua o basuras“, detalla.
Alegaciones
A lo largo de los diez días que el decreto ha estado en fase de consulta pública han sido varios los grupos que han presentado alegaciones. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ecologistas en Acción, formaciones políticas como Izquierda Unida o Cantabristas, las asociaciones de Hostelería y Turismo Rural o el Ayuntamiento de Santander.
La PAH reclama medidas como establecer un censo obligatorio de los alojamientos turísticos o implementar un impuesto ecológico a los mismos. Además, propone bonificaciones fiscales a los alquileres de larga duración y limitar el número de propiedades que una personas o entidad pueda ofrecer en alquiler turístico. Son propuestas que coinciden con las de Ecologistas en Acción, colectivo que, además, critica el “desorden urbanístico en suelo rústico y el aumento del deterioro del territorio de Cantabria” como consecuencia de la modificación de la Ley del Suelo.
IU, por su parte, plantea una moratoria de tres años que impida la proliferación de estos alquileres vacacionales mientras “no exista una regulación clara y se conozcan sus efectos”. En lo que respecta a Cantabristas, sus representantes piden establecer un régimen de licencia urbanística previa para estos casos, eliminando el actual régimen de declaración responsable. También estiman oportuno delimitar un porcentaje máximo de viviendas de uso turístico respecto del total del parque de vivienda residencial por cada municipio, así como un máximo de viviendas turísticas que pueda tener una persona o entidad, entre otras medidas.
Desde las asociaciones de Turismo Rural y Hostelería reclaman que se igualen los requisitos entre pisos turísticos y el resto de alojamientos regulados, al tiempo que ponen el foco en algunas obligaciones que deben cumplir las viviendas vacacionales en cuestión, tanto en materia de seguridad, como fiscal y de registro de usuarios, entre otras.