La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha defendido este miércoles una queja en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde ha advertido que los permisos de fracking “hipotecan gravemente dos tercios de la superficie de Cantabria” y “condicionan muy negativamente toda futura actividad social, ganadera, agrícola, industrial o turística de sus vecinos”, sus “reales propietarios”, además de conllevar “graves afecciones para la salud”.
“Aquí se han otorgado esos derechos gravosos sobre más de 300.000 hectáreas, sobre las que podrán pedir actuaciones de fracking de cualquier dimensión, en el lugar y en el momento que quieran, que a ellos convenga. Sin necesidad de entrar siquiera en los daños objetivos que ocasiona la técnica del fracking, otorgar esos derechos significa muerte; nuestra muerte”, ha alertado la plataforma.
Además, ha denunciado que en algunas de las zonas donde se han solicitado permisos de fracking está prevista al mismo tiempo, “por las mismas empresas y en las mismas circunstancias de falta de información, participación y planificación, la implantación de gigantescos parques industriales eólicos”.
La plataforma ha denunciado el “flagrante incumplimiento” de la normativa europea y nacional que regula los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia de medio ambiente, y ha exigido “ser informados y participar, desde antes de la toma de decisiones, en asuntos de tanta relevancia e impacto ambiental como el fracking”.
Para este colectivo, un ejemplo “sangrante” de ese incumplimiento es el permiso Bezana-Bigüenzo, aprobado en 2009, “cuando en España nadie había aún oído hablar de lo que era el fracking”, y “en ningún sitio se indicaba que se tratara de tan agresiva técnica de extracción de gas, sino que tan solo se refería a un permiso más para la extracción de hidrocarburos”.
La plataforma ha explicado que en el marco del permiso Bezana-Bigüenzo se están solicitando una serie de sondeos, -Cadialso-2, El Coto-2, El Sestero-1-, que incluyen ya la utilización expresa del fracking.
Además, ha denunciado que el Gobierno de España no ha informado a la Comisión de Peticiones que la Dirección General de Política Energética y Minas solicitó el pasado 1 de febrero al órgano ambiental la ampliación del plazo para la realización del trámite de información pública y de consultas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el sondeo de investigación Coto-2 y Cadialso-2; y tampoco que con fecha 18 de abril el secretario de Estado de Medio Ambiente resolvió ampliar ese plazo, así como otra serie de incumplimientos de la normativa.
La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha concluido su intervención en la Comisión de Peticiones instando al Parlamento Europeo a exigir el cumplimiento, “con rigor”, las directivas y normas que limitan las actividades con incidencia ambiental.
“Europa no puede ahora, presionada por los lobbys del dinero, ocultarse tras palabras o vanas interpretaciones con falsa apariencia jurídica que, además, no engañan a nadie con un mínimo de conocimientos y conciencia solidaria. No nos fuercen a desobedecer”.
Incumplimientos del Gobierno
También la organización agraria UGAM-COAG ha llevado al Parlamento Europeo su queja sobre la fractura hidráulica en Cantabria. El debate sobre el fracking en la comunidad llegó al Parlamento Europeo en enero de 2015, si bien tuvo que ser suspendido dado que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no había remitido a la Comisión Europea toda la información del permiso Luena.
De hecho, según UGAM-COAG, únicamente había aportado la documentación relativa a las fases del permiso Luena en las que no estaba previsto el uso del fracking, por lo que la Comisión Europa entendió que no se contemplaba esa técnica, por lo que el expediente quedó en suspenso.
En marzo de 2015 la Comisión solicitó información adicional a las autoridades españolas, que recibió en junio de 2015. Con ella se constató que el Ministerio de Industria no había remitido originariamente la información relevante para la cuestión planteada, pues a través de la nueva documentación remitida queda acreditado que se preveía que el pozo de exploración Luena Profundo-1 conllevara el empleo de fracturación hidráulica de alto volumen (1.600 metros cúbicos de agua utilizados en cada fase de fracturación, con un total de 6.400 en total).
Sin embargo, recientemente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha archivado el procedimiento de evaluación ambiental del sondeo Luena Profundo-1, dado que la empresa Repsol, titular del permiso, no había entregado el estudio de impacto ambiental.