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Toda la población de Cantabria respiró aire contaminado por encima de las recomendaciones de la OMS en 2024

Vista de Torrelavega.

Rubén Alonso

Santander —

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Toda la población de Cantabria respiró aire contaminado durante 2024 por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el informe anual sobre calidad del aire presentado por Ecologistas en Acción. La organización ecologista advierte de que, aunque los datos mejoran respecto a años anteriores, la exposición sigue siendo perjudicial para la salud y exige medidas a las administraciones.

El estudio, que analiza los datos recogidos por 790 estaciones oficiales de medición -doce de ellas en Cantabria-, concluye que “los 600.000 habitantes de la comunidad autónoma estuvieron expuestos a niveles de contaminación superiores a los valores guía de la OMS”. Estas recomendaciones son más estrictas que los límites legales actuales y los fijados por la nueva Directiva europea 2024/2881, que deberán cumplirse antes de 2030.

Aunque ningún punto de Cantabria superó en 2024 los límites legales vigentes ni los nuevos valores fijados por la UE, Ecologistas en Acción advierte de que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, hasta 250 muertes en Cantabria registradas apenas dos años antes, en 2022, se atribuyen a la mala calidad del aire.

Bahía de Santander y Torrelavega, los puntos más afectados

Durante el que fue el tercer año más cálido desde que existen registros, Cantabria vivió varios episodios de contaminación por partículas, especialmente en la Bahía de Santander y en la comarca de Torrelavega. Las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO₂) siguieron afectando a la mayoría de la población cántabra, si bien sus niveles se han reducido entre un 25% y un 95% respecto a los promedios del periodo 2012–2019.

La evolución del sistema energético, con una caída del consumo de gas y un aumento del peso de las renovables -que cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica-, se considera el factor principal en esta mejora. También influyó la reducción del uso del carbón y el desmantelamiento de las centrales térmicas más contaminantes, según detalla Ecologistas en Acción.

Zonas de Bajas Emisiones

Por otro lado, el informe señala que el área urbana de Santander cumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Sin embargo, critica que la ciudad “no ha implantado todavía” las obligadas zonas de bajas emisiones -lo acaba de hacer este mes, dejando sin restricciones al tráfico las calles más contaminadas y regulando el acceso a otras con mejores indicadores-. Y es que el plazo legal para hacerlo venció hace más de dos años. En el caso de Torrelavega, la zona implantada es “ineficaz por su mínimo tamaño y la laxitud de las restricciones”, lamenta el colectivo ecologista.

Ecologistas en Acción recuerda que los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios por ley, pero “en muchos casos no existen, y en otros resultan inefectivos por falta de voluntad política”. Según denuncian, ni el Gobierno de Cantabria ni el Ayuntamiento de Santander “disponen de protocolos de actuación frente a los episodios de contaminación atmosférica”.

Además, durante 2024, la organización realizó mediciones de dióxido de nitrógeno en los accesos a varios centros escolares de Santander con alta densidad de tráfico. Los resultados muestran que “la población infantil está a menudo expuesta a niveles muy elevados de contaminación, incluso superiores a los registrados en las estaciones oficiales”, lo que, según la entidad, “cuestiona su correcta ubicación”.

Llamamiento a actuar

Finalmente, Ecologistas en Acción valora como un “gran avance” la aprobación de la nueva Directiva europea de calidad del aire, y confía en que obligue a Gobierno y comunidades autónomas “a aplicar sin prórrogas medidas eficaces” para cumplir los nuevos límites en 2030, y para mejorar tanto la medición como la información pública sobre la calidad del aire.

“La contaminación del aire debe abordarse como un problema sanitario de primer orden”, concluye el informe, que recuerda que los costes sanitarios y laborales derivados ascienden a 50.000 millones de dólares anuales en España, el 3,5 % del PIB, según el Banco Mundial.

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