La incansable lucha que mantiene Cantabria contra el fracking cuenta con un nuevo capítulo. En esta ocasión, el Parlamento debatirá una proposición de ley, registrada por Podemos e impulsada por la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG), con la que se busca “preservar el medio ambiente y la salud de la ciudadanía”.
En el texto, que ha sido redactado por el abogado y asesor legal del sindicato Raúl Fernández, se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de los hidrocarburos mediante esta técnica de extracción de gas.
La iniciativa ha sido presentada este martes en rueda de prensa en el Parlamento por Josefina Acebo, colaboradora de UGAM-COAG y enlace entre el sindicato ganadero y Podemos, y la diputada de la formación morada, Verónica Ordóñez, cuyo grupo parlamentario se ha comprometido a impulsar la tramitación de esta ley.
Acebo, que ha agradecido todo el trabajo realizado por la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, UGAM, Ecologistas en Acción y por la sociedad civil organizada en general “que cada día lucha por defender Cantabria”, ha señalado que “debemos llegar a la prohibición total de la técnica del fracking, que es el deseo de toda la población”.
Sin embargo, ha recordado que Cantabria no tiene competencias para poder tomar tal decisión, puesto que el Tribunal Constitucional tumbó la ley autonómica que prohibía esta técnica en la comunidad. “Mientras tanto, debemos tratar de minimizar los daños que puede provocar en nuestra tierra”, ha subrayado, alertando de que “la amenaza del fracking sigue muy presente”. “No debemos bajar la guardia, debemos seguir vigilantes”, ha insistido, “los motivos para seguir luchando sobran”, ha sentenciado.
Medidas adicionales
Por su parte, la diputada de Podemos ha explicado que el objetivo de la presente ley no es establecer una prohibición absoluta de la técnica de la fractura hidráulica en Cantabria, puesto que el TC “ya ha dejado claro en varias sentencias que se trata de una competencia exclusiva del Estado”.
Sin embargo, según ha expuesto, “sí permite a las comunidades autónomas establecer niveles de protección más altos”, que es lo que lleva a cabo esta PL, estableciendo una serie de requisitos que resultan “procedentes dentro de nuestro marco competencial, derivados de las singularidades propias del territorio de esta Comunidad Autónoma”.
De esta forma, además de establecer “requisitos reforzados” en cuanto a las evaluaciones de impacto ambiental, se exige también para la expedición de la autorización “una evaluación de riesgos del emplazamiento potencial” que deben basarse en las recomendaciones de la Comisión Europea; la presentación de “planes de gestión de riesgos” o la “identificación exacta de las sustancias utilizadas en el proceso”.
Así pues, se rechaza el uso de “sustancias clasificadas como de alto riesgo para la salud, o que puedan causar alteraciones endocrinas o que cumplan criterios para ser persistentes, bioacumulables y tóxicas”, tal y como ha apuntado Ordóñez en su comparecencia. Además, como particularidad, se han delimitado algunas zonas de protección, con perímetros de hasta un máximo de 1.000 metros en los que no se podrá desarrollar la actividad, por ejemplo en zonas sobre las que haya acuíferos, o zonas residenciales.
Con estas medidas se pretende “proteger el estado de las aguas de Cantabria ante los riesgos derivados de incidentes, accidentes o sabotajes, que harían incompatible la correcta preservación ambiental de los recursos hídricos”, ha concluido la diputada morada.
La batalla contra fracking de esta comunidad llegó recientemente al Congreso de los Diputados de la mano de Izquierda Unida, después de que trascendiese que los permiso Bezana y Bigüenzo siguen vigentes pese a su “manifiesta ilegalidad” denunciada por uno de los colectivos cántabros que más se moviliza contra esta práctica.