Polémica por el cierre de un colegio público en Castro Urdiales para uso privado de una fundación religiosa

Un colegio público que parece tener los días contados, una comunidad educativa en pie de guerra, dos administraciones de distinto color político -autonómica y local- enfrentadas y una fundación de carácter religioso propietaria del edificio en cuestión que ha decidido no renovar su cesión para destinarlo a actividades privadas. Estas son las aristas de la polémica que ha estallado recientemente en el municipio cántabro de Castro Urdiales y que ha tornado en un conflicto cada vez más agudizado.

Y es que hace unos días, el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) anunció el cierre del CEIP El Pedregal para el próximo curso. Se trata de un centro educativo público que actualmente alberga a alrededor de 90 alumnos y que se inauguró hace 16 años en unas instalaciones propiedad de la Fundación Barquín Hermoso, en un contexto de aumento de la natalidad en el municipio y de falta de plazas públicas.

Es el sexto colegio público de la localidad -de hecho, inicialmente se llamó Nº6 y en 2020 adoptó la denominación actual- y ahora está abocado a la clausura después de que la citada fundación religiosa haya decidido no renovar el contrato de alquiler -por el que percibía 20.000 euros al año de la Consejería de Educación- para ceder ese espacio a una empresa privada en vistas de organizar cursos náuticos en verano, según denuncian las familias, pese a que, según resaltan, la Fundación tiene “fines benéficos-docentes” recogidos en sus estatutos.

Así, tras hacerse público el cierre, la comunidad educativa de este centro inició una serie de acciones de protesta para tratar de evitarlo. De esta manera, la indignación de familias, docentes y vecinos ha cristalizado en una recogida de firmas en la plataforma Change.org, que en pocos días ha alcanzado más de 3.000 adhesiones reclamando la continuidad del CEIP El Pedregal. 

“No permitas que nos separen, somos una familia”, señalan en el texto de la petición, que denuncia la “falta de transparencia” en el proceso y acusa a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades que encabeza Sergio Silva (PP) de “comerciar con el futuro” de los alumnos: “La Educación Pública no está en venta”, expresan.

Además, la movilización se ha trasladado a la calle este sábado, con una concentración convocada en la plaza del Ayuntamiento para exigir que el Gobierno cántabro revoque la decisión, y a la que han acudido dos centenares de personas. Desde la AMPA insisten en que “un colegio no es un edificio, sino la comunidad que lo forma”, y rechazan la solución propuesta por la Consejería de dispersar a los alumnos en otros cinco centros públicos de Castro Urdiales.

Discrepancias por el acta

Por su parte, la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), que ha acudido a la concentración, ha mostrado su apoyo a las familias y ha impugnado el acta en la que se decidió la rescisión del contrato de alquiler. La regidora, que por su condición de alcaldesa forma parte del patronato, sostiene que la reunión del 20 de diciembre de 2024, en la que se votó en favor de no renovar la cesión del edificio, se convocó de forma “cuando menos irregular”.

Asegura que las reuniones normalmente se convocan de forma presencial y adjuntando el orden del día, mientras que en esa ocasión, según ha detallado, se hizo de forma telemática y sin aportar esa documentación habitual. Asimismo, Herrán ha señalado que no pudo asistir y no le permitieron delegar su voto, aunque en el acta oficial figura como presente y absteniéndose en la votación.

En este sentido, en la siguiente reunión del patronato celebrada este mes de marzo, de nuevo de manera presencial, la alcaldesa asegura que reclamó que se rectificara el contenido del acta de la “reunión fantasma” de diciembre. “Malamente pude votar si no asistí y no me permitieron delegar mi voto”, ha subrayado.

Por contra, el secretario de la Fundación, Luis Mora, ha desmentido a través de un comunicado esas “acusaciones de falsedad documental y manipulación del acta”, señalando que Herrán emitió su voto de abstención “desde una cuenta de correo oficial del Ayuntamiento”. Al respecto, la alcaldesa ha reaccionado confirmando que denunciará la citada “falsedad documental” y que tomará “las medidas judiciales oportunas contra el propio secretario de la Fundación en relación a las declaraciones vertidas” contra ella.

Asimismo, Herrán ha cargado contra la postura adoptada por la Consejería: “Estamos viendo cómo de manera sibilina, torticera y tendenciosa la Consejería de Educación se respalda en que ha sido la Fundación Barquín Hermoso la que ha tomado la decisión de resolver el contrato de arrendamiento, cuando la Fundación no es un ente abstracto, sino que la conformamos personas por el cargo que ostentamos, y en este caso hay nueve personas, cargos políticos del Partido Popular, de la Consejería de Educación y del ICASS, aparte del párroco de la Iglesia de Santa María y el cargo que yo ostento yo como alcaldesa, quienes toman esa decisión. No pueden echar el balón fuera como diciendo que ha sido una decisión que ha tomado la Fundación cuando son ellos mismos son quienes votan y quienes deciden resolver ese contrato del colegio público El Pedregal”.

Y es que la Consejería mantiene que el cierre es “definitivo” y que la decisión de la fundación propietaria del edificio “debe respetarse”. Además, defiende que la calidad educativa en Castro Urdiales “no se verá afectada”, ya que existen suficientes vacantes en otros colegios públicos de la localidad, en concreto más de 300, según el propio Silva.

Sin embargo, para las familias afectadas, el cierre supone la desaparición de “un modelo educativo único” en la zona y la ruptura de un entorno escolar en el que sus hijos llevan años. “Cuando se cierra una escuela pública, las víctimas somos todos y todas”, subrayan.

Es por ello que han pedido al titular de Educación como alternativa buscar otra sede para trasladar esta comunidad educativa o, en caso de que no sea posible, reubicar a todos los alumnos en un mismo centro. Al respecto, el consejero se ha mostrado de acuerdo con la opción de estudiar el traslado del colegio a un nuevo edificio, siempre y cuando “cumpla con las condiciones”, entre ellas, que “la inversión sea cero”. Y eso “no es realmente viable”, ha reconocido.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Castro Urdiales ha ofrecido de la mano de la Junta Vecinal de Otañes un edificio en la citada pedanía para acoger el curso que viene a todo el alumnado en bloque. “Lo más fácil es prorrogar el actual contrato de alquiler, pero la Junta Vecinal de Otañes pone a disposición de la Consejería como segunda opción las antiguas escuelas de Otañes”, ha anunciado la regidora castreña este viernes.

“Frente común”

Y es que la propia Herrán ha propuesto esta semana llevar a cabo “un frente común” desde la Corporación municipal y emitir una declaración institucional contra el cierre del centro. En un pleno extraordinario celebrado este viernes con este fin, la citada declaración institucional ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, PRC, CastroVerde, Ciudadanos y Podemos. “Pedimos dialogo, soluciones y, sobre todo, respeto a la voluntad de quienes creemos en la educáción pública como pilar básico de una sociedad justa y cohesionada”, recoge la declaración. El PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

Al respecto de esta iniciativa del Consistorio castreño, el titular de Educación, del Partido Popular, se ha mostrado “muy sorprendido” y ha pedido “no politizar” la clausura de este centro. “La Fundación Barquín Hermoso ha contribuido a la educación de Cantabria y de Castro Urdiales cuando resolvió un problema de escolarización porque no había centros públicos en el municipio, pero toda la comunidad educativa de Castro sabía que esto no era una situación indefinida, sino provisional”, ha expresado Silva esta semana en declaraciones a los medios.

Por su parte, CastroVerde, formación política que gobierna en coalición con el PSOE en esta municipio, y cuya concejala Elena García Lafuente es titular de Educación, también ha trasladado esta semana su respaldo a las familias afectadas por el cierre del colegio. “Si el Gobierno conocía las intenciones de la Fundación Barquín debería haber informado claramente y negociado otro tipo de solución alternativa al cierre”, ha señalado, apostando así por la renovación del convenio, puesto que “el uso como colegio público es compatible con otros usos educativos en el periodo estival”.

Respaldo sindical

Al movimiento reivindicativo contra el cierre se han sumado algunos sindicatos como STEC y CCOO. “El Patronato de la Fundación recibe todo tipo de ayudas y colaboración pública”, denuncia el primero, que recuerda, asimismo, el origen de la misma: una herencia benéfica de una familia de Talledo -un barrio de Castro Urdiales-, preocupada por garantizar el cuidado de las personas discapacitadas y la educación gratuita de los más jóvenes.

Y es que sus bienes también han dado lugar al colegio concertado Menéndez Pelayo y al instituto público Ataúlfo Argenta, expropiado por el Estado en 1989, ya que se estaba utilizando como seminario religioso y no para los fines educativos que establecen los estatutos de la Fundación.

“Vamos a apoyar al claustro y a la comunidad educativa de El Pedregal para defender la continuidad del colegio en su actual emplazamiento. Sabemos que las administraciones públicas tienen argumentos y recursos de sobra para hacer valer el interés colectivo ante el afán lucrativo. Lo que no han demostrado hasta ahora es voluntad alguna, poniéndose de perfil cuando se trata de quitar un colegio público para instalar una colonia privada, lo que nos parece inaceptable”, apunta STEC.

Y desde CCOO han advertido que se movilizarán o recurrirán a la vía judicial para evitar el cierre: “Lucharemos junto a la comunidad educativa por mantener abierto el centro ante un cierre que se ha decidido a espaldas de la comunidad educativa y de los sindicatos, y que podría responder a un pelotazo económico o urbanístico, o a intereses políticos que nada tienen que ver con la defensa de la educación pública”.