El juicio sobre las posibles irregularidades en las primarias del PP se celebrará en mayo

El juicio por la demandas de nulidad del XII Congreso regional del PP de Cantabria, en el que resultó elegida como presidenta del partido María José Sáenz de Buruaga, se celebrará el 15 de mayo de 2018, a partir de las 9.30 horas, en el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander.

Declararán como testigos el afiliado del Partido Popular de Laredo desde cuya cuenta se abonaron las cuotas de 491 militantes para poder participar en la elección --y que según los denunciantes era discapacitado intelectual-- y la que fue gerente del partido y presidenta del comité organizador del congreso, Jesusa Sánchez, según han confirmado a Europa Press fuentes implicadas en el proceso.

Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander en la vista previa celebrada este jueves en relación a estas dos demandas, una presentada por afines al exlíder del PP de Cantabria Ignacio Diego --que perdió el Congreso ante la que hasta el momento del congreso era su número 2-- y que tenía entre los firmantes al diputado regional Santiago Recio y otra por interpuesta por tres afiliados del PP de Laredo.

En la audiencia previa, a la que han asistido abogados y procuradores de cada parte implicada han podido plantear sus pruebas.

Una de las pruebas solicitadas ha sido la información solicitada al banco sobre cómo se realizaron las transferencias para el pago de las cuotas de esos 491 afiliados.

También en relación al tema de estas transferencias, uno de los argumentos en los que más se incide en ambas demandas de solicitud de nulidad del Congreso, se llamará, a petición de los querellantes, al afiliado del PP a través de cuya cuenta se realizaron las trannsferencias.

Fuentes de la parte demandante han asegurado que los representantes legales del PP, que son la parte demandada en este proceso judicial, han intentado “a toda costa” sustituir la declaración en juicio de este afiliado por una declaración ante notario del mismo, petición que ha sido “inadmitida” por el juez.

Además, esta misma fuente ha señalado que la parte demandada defiende la “plena capacidad” de este afiliado para realizar las transferencias, algo que no comparte los demandantes, que insisten en que precisó la ayuda de un tercero.

También declararán otros testigos, entre ellos afiliados y miembros de los órganos del partido, si bien el juez ha inadmitido parte de las solicitudes de pruebas presentada por las partes.

Buruaga guarda silencio

Sobre esta vista previa ha sido preguntada la presidenta del PP de Cantabria y del grupo parlamentario popular, María José Sáenz de Buruaga, quien se ha negado a hacer declaraciones sobre este tema por estar en manos de los tribunales.

Solo ha opinado que se trata de un asunto en el que “los ciudadanos ni piensan hace tiempo, ni están ocupados ni están preocupados en eso”. “Yo creo que lo que preocupa en estos momentos a los ciudadanos de Cantabria es que el Gobierno les va a subir los impuestos y lo que les importa es lo que el Gobierno va a hacer con todo ese dinero de los contribuyentes en beneficio de Cantabria, que parece ser que va a ser muy poco”.

Precisamente, Sáenz de Buruaga ha realizado estas declaraciones realizadas tras registrar las enmiendas a la totalidad de su partido al proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2018 y al de la 'ley de acompañamiento' que incluye la reforma fiscal que pretende el bipartito PRC-PSOE.

Una causa con dos demandas

En el procedimiento judicial del que este jueves se ha celebrado la vista previa, hay unificadas dos demandas.

La primera, que es la que tiene entre sus firmantes a Recio, que fue director general de Turismo durante el Gobierno de Ignacio Diego, y a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdáliga, Lorena García, se interpuso a primeros de mayo y fue admitida a trámite el día 24 de ese mismo mes.

Fue presentada a través del abogado asturiano Manuel Estrada, quien consiguió anular en los tribunales el Congreso del PP de Gijón celebrado el 18 de octubre de 2014, en el que obtuvo la mayoría de los votos David González Medima, lo que supuso la celebración de un congreso extraordinario, que también recurrió ante la Justicia.

El escrito se basaba en diversas “irregularidades” que habrían resultado decisivas para el resultado del Congreso del PP cántabro celebrado el 25 de marzo, dado el escaso margen de votos -cuatro- entre los candidatos, Buruaga y Diego.

Entre ellas, figuran las transferencias realizadas desde una cuenta de un afiliado de Laredo, que según se señalaba es discapacitado psíquico a una a nombre del PP para el pago de cuotas de 491 militantes, la no inclusión de algunos compromisarios natos o supuestas irregularidades sobre las papeletas, además de la consignación a mano por parte de algunos miembros de las mesas de nombres de personas en calidad de compromsiarios que, según se señala, no venían previamente incluidos en las listas.

Por dichos pagos supuestamente irregulares, el exconcejal del PP de Laredo Ramón Arenas había presentado una demanda que fue archivada por la Audiencia de Cantabria.

Y, por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander admitió a trámite la demanda interpuesta por tres afiliados al PP en Laredo contra el PP, en la que piden la nulidad por supuestas “ilegalidades” en el proceso congresual.

Fechada el 23 de junio y admitida el día 30, en la demanda de estos tres afiliados de Laredo se mantiene que el proceso de elección llevado a cabo para presidir el PP en Cantabria y renovar su Comité Ejecutivo Regional ha estado “pergeñado” de un “cúmulo de irregularidades e ilegalidades”.

En opinión de la parte demandante, éstas “contravienen” las “más elementales o esenciales principios de democracia y transparencia interna y el derecho a participar en la elección del presidente del partido a través de un proceso electoral limpio, sin triquiñuelas o manipulado”. Así, los promotores consideran que se han “vulnerado” la Ley y los estatutos del propio partido.

Además, creen que dichas “infracciones” no han sido “debidamente solucionadas de una forma justa” por los órganos internos del PP, razón por la que decidieron acudir a los tribunales.

Entre estas infracciones citan la “adulteración o manipulación arbitraria del proceso electoral mediante el pago fraudulento de 491 cuotas de afiliados y compromisarios que no se encontraban al corriente de dicho pago, sin haberse prestado el preceptivo consentimientoexpreso por los mismos a dicha cesión de datos a un tercero afiliado al partido”.

Al margen de esos abonos de cuotas, también se cita en la demanda la supresión “sin motivación legal alguna” de determinados compromisarios electos en el proceso electoral de 8 de marzo dentro de la circunscripción de Laredo, “sin haberles notificado, tampoco, resolución alguna con la razón de su eliminación de la lista de compromisarios al Congreso del 25 de marzo”.

Y se alude también “la inclusión arbitraria” de otros afiliados no electos como compromisarios en el proceso de primarias del 8 de marzo y que, sin embargo, ejercieron el voto en el Congreso celebrado el 25 de marzo. Además, consideran que no se ha respetado el derecho a impugnar con las debidas garantías legales y con la preceptiva transparencia aquellos acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley y a los Estatutos del partido.