El nombramiento de César Pascual (PP) como nuevo consejero de Salud de Cantabria, pese a que fue el responsable político del polémico megacontrato de 900 millones de euros a favor de la constructora Ferrovial, que tiene en plantilla a sus hijos y que supuso la privatización de una veintena de servicios del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander en su anterior etapa en el Ejecutivo autonómico entre 2011 y 2015, ha desatado la crítica inmediata de la oposición liderada por el PSOE, que tacha de “auténtico escándalo” esta designación.
“Da la sensación de que a este consejero lo ha nombrado un Consejo de Administración más que una presidenta elegida democráticamente por los cántabros”, ha lamentado el secretario general de los socialistas cántabros, que ha recordado también que César Pascual, en su etapa como gerente de Valdecilla, fue “el responsable de privatizar el hospital y ponerlo en manos de Ferrovial”. A su juicio, la designación de Pascual como consejero de Salud “es el paso que evidencia hacia dónde quiere ir el PP: los recortes y las privatizaciones”.
“Me preocupa la capacidad de gestión de personas que tienen muy poco bagaje en lo institucional, muchas explicaciones que dar sin haber tomado posesión del cargo y que tienen una relación extraña con las empresas que gestionan la sanidad privada en otras comunidades autónomas”, ha apuntado el dirigente socialista en una comparecencia pública minutos antes de presentar las candidaturas del PSOE para las próximas elecciones generales del 23J, en la que ha valorado los nombramientos anunciados el viernes por la nueva presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP).
Como reacción a estas declaraciones, y a preguntas de elDiario.es, desde el Partido Popular han defendido el nombramiento de César Pascual y han calificado de “calumnias” las palabras del secretario general de los socialistas cántabros hacia una de las personas más cercanas a María José Sáenz de Buruaga en su anterior etapa en el Gobierno y considerado como el 'gurú sanitario' de los populares cántabros.
“Son las mismas calumnias de siempre de Pablo Zuloaga, que no puede dar lecciones de ética ni de moralidad, cuando su exconsejera de Sanidad tiene a dos altos cargos del Servicio Cántabro de Salud condenados por prevaricación e inhabilitados a 14 y 11 años para empleo o cargo público por fraccionamiento de contratos de obra y servicios en la pasada legislatura”, han señalado fuentes del Gobierno en nombre de la nueva presidenta de Cantabria.
Un extenso currículum
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria, con buen número de diplomas y másteres en gestión sanitaria, Pascual ha sido funcionario de carrera del Gobierno de Cantabria, aunque se ha internado en varias ocasiones en el ámbito de la política con el Partido Popular. Fue así director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, con rango de viceconsejero, durante la Presidencia de Cristina Cifuentes; y fue director-gerente del Hospital de Valdecilla entre 2011 y 2015, cuando la actual presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ejerció como vicepresidenta y consejera de Sanidad, durante la mayoría absoluta de Ignacio Diego.
En 2019 volvió a la política de Cantabria tras su etapa madrileña, donde tuvo que enfrentarse a una imputación por prevaricación de la que fue finalmente absuelto, figurando como número 7 de la candidatura del PP a las elecciones autonómicas. Elegido diputado autonómico, ha sido portavoz durante la pasada legislatura en materia de Sanidad y Políticas Sociales del Grupo Popular. Anunció su retirada de la política este pasado mes de mayo, cuando elDiario.es publicó sus relaciones personales con Ferrovial.
Y es que la constructora Ferrovial tiene en nómina a dos hijos de César Pascual, futuro consejero de Salud de Cantabria a partir del lunes. La primera de esas contrataciones se produjo en 2013, cuando Pascual, entonces gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, adjudicó un multimillonario contrato para la gestión no sanitaria de este centro al grupo de la familia Del Pino, al que luego blindó durante más de dos años de posibles indemnizaciones por incumplimientos de contrato.
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