La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha ofrecido al presidente Miguel Ángel Revilla (PRC), los votos del PP para “blindar” en la nueva Ley del Suelo la actual regulación de la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico frente a la propuesta del Gobierno, que la “restringe al máximo” hasta convertirla “en una excepción”, en lo que ve “una concesión” de los regionalistas a sus socios del PSOE. “Es un clarísimo paso atrás”, ha dicho.
La dirigente popular ha asegurado en rueda de prensa que, con cada paso en la tramitación de la ley, la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, en manos del PRC, ha dado “una nueva vuelta de tuerca” a la regulación del suelo rústico “en una clara concesión” al PSOE y ha advertido de que para el PP mantener la regulación actual “es irrenunciable”.
En este sentido, ha trasladado a Revilla que el PP no va “a pasar por ahí” y que tiene sus votos para defender la vivienda en suelo rústico: “No necesita plegarse a su socio, porque para mantener el régimen de la vivienda unifamiliar más facilitador y equilibrado que ha existido nunca cuenta con el Partido Popular”, ha recalcado.
Y ha explicado que la primera pregunta que le va hacer al presidente en la reunión a la que le ha emplazado para negociar la nueva Ley del Suelo va a ser si va a seguir adelante con una propuesta “tan restrictiva que convierte la construcción en suelo rústico en una excepción o, por el contrario, está dispuesto a rectificar y a mantener la regulación actual”.
Buruaga ha reiterado el planteamiento que ayer trasladó por carta a Revilla, que la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo debería aprobarse con el mismo consenso que suscitó la de 2001, porque “esa es la garantía de permanencia y durabilidad y la mejor manera de evitar constantes modificaciones en función de los vaivenes políticos, de generar un escenario de estabilidad y seguridad jurídica y económica, y de normalizar la situación urbanística de Cantabria”.
Este es el motivo por el que el PP no ha presentado una enmienda a la totalidad, ha dicho, porque “le vale” el punto de partida del proyecto, que es la Ley del Suelo de 2001, y porque está “empeñado” en alcanzar un acuerdo para mejorarla.
No obstante, ha insistido en que la Ley de Suelo que tramita el Gobierno supone “un enorme paso atrás” y de salir adelante implicará “un importante retroceso, recorte de derechos y pérdida de oportunidades”. Y es que, a su juicio, el proyecto “restringe al máximo e incluso elimina” la construcción de vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico y “ni la facilita ni la flexibiliza.
Según ha explicado, con la normativa en vigor se permiten las construcciones en suelo rústico en todos los municipios sin exclusión, mientras que con la propuesta del Gobierno se prohíbe en todos los mayores de 5.000 habitantes y, dentro de ellos, se limita a los alrededores de los núcleos urbanos que no dispongan de suelo urbanizable, lo que supone “una discriminación entre municipios inaceptable”, ha dicho.
Además, reduce también el ámbito de crecimiento próximo al suelo urbano, de los 200 metros que fija la normativa en vigor a los 100, al tiempo que se limita “al máximo” tanto la superficie a ocupar como el número de viviendas a construir en esa área.
Asimismo, los denominados núcleos rurales que durante 21 años han tenido la consideración de suelo urbano pasan a ser suelo rústico, “abortando” su forma de crecimiento tradicional y la posibilidad de construir vivienda unifamiliar a su alrededor, ha añadido.
Buruaga ha hecho hincapié en que la actual regulación de la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, vigente desde 2012, se aprobó con el respaldo del PRC como respuesta a una demanda social y a la necesidad de favorecer la dinamización social y económica del medio y del suelo rural. En una década, se han concedido 1.425 autorizaciones.
“Aquí no se trata de especular ni de arrasar con todo como pretenden hacer ver sus detractores desde la izquierda o los colectivos ecologistas, sino de apostar por un desarrollo equilibrado, moderado y sostenible en torno a los núcleos existentes y con todas las cautelas para garantizar una protección ambiental y paisajística”, ha dicho.
Y ha precisado que el PP defiende estas edificaciones “no en la cima de un monte”, sino en áreas idóneas y previamente delimitadas, en las inmediaciones de los núcleos urbanos existentes, integradas en el entorno y con una estructura y materiales acordes, “como ha venido siendo hasta ahora sin que nadie haya puesto un solo pero”.
Enmiendas parciales
Buruaga, que todavía no ha recibido respuesta de Revilla a su petición de reunión, ha anunciado que el PP va a concretar su propuesta alternativa este lunes, a través de las enmiendas parciales.
En su propuesta, pedirá que en los municipios sin planeamiento todo el suelo que no sea urbano sea considerado rústico ordinario y que, en consecuencia, solo sea objeto de protección especial aquel suelo rústico que deba serlo en atención a su naturaleza, circunstancias, riesgos y valores y no por definición legal, invirtiendo así el planteamiento del Gobierno“ de que ese suelo sea considerado rústico de especial protección por el simple hecho de no haber desarrollado la normativa urbanística”.
Para el PP, la nueva ley supone una “magnífica oportunidad” para apostar por la necesaria simplificación normativa y agilización de procedimientos, la supresión de trabas burocráticas innecesarias y la coordinación y cooperación entre administraciones durante todo el proceso.
Según Buruaga, “ese es el camino para acabar con la parálisis y la situación de bloqueo en materia de planificación y gestión urbanística de los últimos años”.
Ha recordado que solo 30 de los 102 municipios de Cantabria han adaptado sus planteamientos urbanísticos a la ley vigente, por lo que la nueva legislación debe apostar por la “simplificación máxima” de los instrumentos de planteamiento facilitando el proceso de aprobación que se ha convertido en un “calvario administrativo, agilizando los procedimientos y eliminando trabas innecesarias para atraer inversiones y mejorar la competitividad”.
Y ha concluido que la Ley del Suelo tiene que “solucionar problemas, simplificar, agilizar y facilitar las cosas a ciudadanos, empresas y administraciones, porque la necesaria seguridad jurídica no puede convertirse en un freno a la actividad económica y a la inversión”.