El PP liberaliza la construcción en suelo rústico en Cantabria con el apoyo de PRC y Vox

Dentro de mes y medio la construcción de vivienda en suelo rústico se liberará ampliamente en Cantabria, tras la reforma que el PP va a introducir en el trámite parlamentario de la ley de acompañamiento a la Ley del Suelo, por la que se suprimirán limitaciones de todo tipo, tanto temporales, como de control previo, de planeamiento, técnicas y económicas.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha presentado una propuesta de modificación de la Ley del Suelo aprobada la pasada legislatura por el Ejecutivo de PRC-PSOE que incluye cambios como autorizar la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, que la norma actual restringe a partir de septiembre de 2024, eliminar la cédula de habitabilidad o suprimir la tasa que grava la construcción a quienes no estén empadronados en el municipio.

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha comparecido este martes en comisión parlamentaria para presentar la propuesta de los 'populares', con la que pretenden eliminar “el lastre ideológico del PSOE” que a su juicio contiene la ley, y que previsiblemente aprobarán con el apoyo del PRC y de Vox, aunque con enmiendas.

Los cambios en la Ley del Suelo se introducirán a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como 'ley de acompañamiento', que se aprueba junto a los presupuestos. Se trata de un procedimiento que el PSOE ha criticado señalando que se hacen cambios “de gran calado” por “la puerta de atrás” en lugar de mediante una Proposición de Ley. Al respecto, el PP ha justificado que se quiere dar respuesta a una situación que “no puede esperar más”.

Según ha dicho el consejero, el objetivo del PP es “reconducir una situación a la que nunca debiera haberse llegado” y de la que culpa al “afán intervencionista del PSOE que, amparado en una supuesta y malentendida protección, ha intentado relegar a las personas y minusvalorar su patrimonio”. “Si no hacemos nada, no solo están limitadas las posibilidades de construir en suelo rústico de protección ordinaria, sino que, a partir de septiembre de 2024, no se podrá construir ninguna nueva vivienda”, ha destacado el consejero.

Así, el PP pretende volver a las determinaciones de la ley aprobada en 2012 con apoyo del PRC, que entiende que “funcionaban” frente a las actuales, que han llevado a la “práctica totalidad de los alcaldes, de todo signo político”, a pedir que se modifique la Ley del Suelo.

La propuesta del PP introduce algunas modificaciones para corregir “errores” detectados en la ley, otras para ajustarse a las discrepancias manifestadas por el Estado y mantener la concordancia con la legislación estatal y un tercer bloque para lo que los 'populares' entienden como “mejorar o clarificar” la norma.

Cambios legislativos

Estas últimas modificaciones afectan a 28 artículos de la ley, tres disposiciones adicionales y cuatro transitorias. La de “mayor relevancia política” es la de posibilitar la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico ordinario -es decir, aquel que no tiene protección especial- a 200 metros de suelo urbano, tengan o no tengan Plan General.

El PP propone eliminar la transitoriedad de dos años que tiene la norma actual para dejar construir viviendas en suelo rústico, que terminaría en 2024, y permitir a todos los ayuntamientos levantar viviendas, construcciones vinculadas a actividades artesanales, educativas, culturales, de ocio, turismo rural, campamentos de turismo y áreas de autocaravanas.

Todo ello sin necesidad de abordar la redacción de ningún instrumento adicional de planeamiento por parte de los municipios, ya que Media ha destacado que la realidad es que las áreas de desarrollo rural creadas como instrumento obligatorio para posibilitar la construcción de viviendas en suelo rústico “no se han comenzado a redactar en ningún ayuntamiento de Cantabria”.

Además, se adopta como parcela mínima para las construcciones permitidas la de 1.500 metros cuadrados en todos los ayuntamientos, salvo en los municipios en riesgo de despoblamiento, en los que no se exige tamaño mínimo.

También se elimina la prohibición de construir viviendas en suelo rústico por el hecho de existir suelo urbanizable y se suprime la tasa adicional que grava la construcción en suelo rústico a quienes no tengan su domicilio fiscal en ese ayuntamiento, algo con lo que el PRC no está de acuerdo ya que cree que “no tiene ningún sentido” que se facilite la construcción a aquellos que van a hacer una segunda o tercera vivienda.

Otro de los cambios se da en los núcleos rurales, considerados en la ley actual como suelo rústico y que vuelven a calificarse como suelo urbano como anteriormente, ya que para el PP esto supone “un quebranto económico importantísimo a multitud de ayuntamientos”.

Por otro lado, en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) se cambia el límite máximo de miembros del Pleno para dar cabida a un representante de la Asociación de Colegios Profesionales.

Cédula de habitabilidad

Asimismo, la Dirección General de Vivienda trabaja en la elaboración de un nuevo Decreto de Habitabilidad ya que el actual está “obsoleto” por la “cantidad de trámites que dificultan enormemente al ciudadano el obtener una cédula de su vivienda”.

Así, se propone que las intervenciones en las viviendas no requerirán de informe previo de habitabilidad ni de expedición de cédula de habitabilidad, sino que bastará con una declaración responsable de un técnico en la que se determine que se cumplen las condiciones de habitabilidad.

La cédula podrá sustituirse por el certificado final de obra, la licencia de primera ocupación o un certificado suscrito por técnico competente que declare el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de la obra realizada.

Además, dejará de ser obligatorio presentar la cédula de habitabilidad para la contratación de suministros como agua, luz, gas o telecomunicaciones, pues el Gobierno entiende que “existen ya suficientes controles”.

En otro orden, se propone incluir una disposición transitoria en la ley para que los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) puedan caducar y no se mantengan “muertos en un cajón” durante décadas, lo que hace que los dueños de los terrenos “no puedan hacer nada” con ellos.

En cuanto a las modificaciones que se hacen para corregir “errores” de la norma -en cuatro artículos y una disposición general-, Media ha indicado algunas como que se corresponsabiliza y sanciona a los agentes inmobiliarios por no dotar al edificio de medidas de eficiencia energética. Así, se elimina la referencia que se hace a estos profesionales quitándoles la responsabilidad que “erróneamente” se les otorgaba.

Y en el bloque de cambios para recoger el análisis de la ley que se hizo entre el Estado y la Comunidad, se modifica por ejemplo el canon por la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en suelo rústico, estableciendo como hecho imponible la afección visual y ambiental y el número y altura de los aerogeneradores o placas fotovoltaicas.

Tras la exposición del consejero, desde Vox han trasladado que “comparten plenamente” la modificación de la Ley del Suelo y el PRC ha avanzado que la apoyará porque respeta la normativa ambiental y los intereses de los municipios, aunque hay cosas que le generan “dudas”, como que la propuesta supone “asumir que no va a haber ningún Plan General” esta legislatura.

Por su parte, los socialistas han tachado la modificación como “un error y un paso atrás de terribles consecuencias para Cantabria”, ya que se liberaliza la construcción en suelo rústico pese a que “si desaparece bajo el cemento, nunca podrá recuperarse”.

Y han denunciado que el PP ya impulsó este modelo en su anterior gobierno y “no sirve” para paliar problemas como la despoblación. “Se quiere volver a un modelo que sembró Cantabria de construcciones ilegales y con problemas que aún están por resolverse y sentencias de derribo”, ha lamentado el PSOE, aunque el consejero ha respondido que todas las sentencias son anteriores a 2012 y afectan a construcciones en suelo urbano.