La minoría parlamentaria del Gobierno de Cantabria quedará patente el próximo 24 de octubre, cuando el Ejecutivo bipartito deba asumir una modificación de la Ley del Suelo que había negado reiteradamente. No ha sido habitual la acción conjunta de la oposición a lo largo de esta legislatura. Sin embargo, Partido Popular, Podemos y Ciudadanos han coincidido en esta ocasión en la necesidad de sacar adelante una medida ampliamente debatida en los últimos meses.
A juicio de los partidos que integran la oposición, esta iniciativa conjunta garantiza el derecho al realojo y al retorno de los afectados en procesos urbanísticos en los que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual. No se pueden hacer leyes a medida, pero en el imaginario colectivo aparece irremediablemente un nombre: El Pilón.
Los vecinos de este barrio santanderino han reclamado en la calle y en las instituciones su derecho a permanecer en sus hogares, a pesar de la operación urbanística en marcha, que cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de la capital. Por eso, el PSOE califica de “oportunista” esta medida y acusa a los impulsores de “indultar y ser cómplices” de la “nefasta” e “irresponsable” acción urbanística del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP) en el caso de El Pilón.
Según han explicado este viernes los portavoces de los grupos políticos de la oposición en el órgano en el que se ha abordado desde principios de año esta proposición de ley del PP para modificar la actual Ley del Suelo, el texto original que presentaron los populares ha sido modificado con las enmiendas planteadas por Podemos y Ciudadanos, que, según ha reconocido el diputado José Manuel Igual, han servido para obtener una iniciativa “muy mejorada”.
Tras reunirse la Ponencia y cerrar el acuerdo, los representantes de los tres grupos han expresado su satisfacción por el texto consensuado y han lamentado que PRC y PSOE, los partidos que sustentan al Gobierno, no se hayan sumado a él.
Y es que durante toda la tramitación de esta iniciativa, el Ejecutivo PRC-PSOE ha mostrado su criterio en contra y ha mantenido que esta proposición de ley del PP “solo busca solucionar al Ayuntamiento de Santander el problema generado en el barrio de El Pilón cuando el Consistorio tiene medios urbanísticos y de mediación suficientes para hacerlo”.
Además, insiste en que en la nueva Ley del Suelo en la que está trabajando y que se llevará al Parlamento ya se recogerá de forma general este derecho al realojo y no ve ahora la urgencia para legislar a través de una modificación de la actual norma en lugar de esperar a que se apruebe la nueva.
Precisamente, los tres grupos que han acordado esta proposición de ley creen que “llega a tiempo para solucionar el problema de El Pilón” dado que aún no se han establecido de forma definitiva los derechos y bienes a expropiar.
En esta proposición de ley se plantea una regulación basada en dos principios básicos, cuya atención se entiende “ineludible”: la igualdad de trato en materia de realojo en los distintos tipos de operaciones urbanísticas y la universalización de ese derecho mediante la garantía del acceso efectivo a una vivienda digna en todos los casos.
Así, se procede a extender la garantía del derecho a toda actuación de ejecución urbanística en la que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual y se atribuye el mismo contenido material al deber de realojo, tanto si se actúa mediante expropiación forzosa como a través de cualquier otro sistema de ejecución del planeamiento previsto en la legislación autonómica.
Vivienda de sustitución
Por otro lado, al objeto de impedir que ningún afectado pueda ver entorpecido su derecho a acceder a una vivienda digna y en condiciones asumibles, se obliga al promotor de la actuación a dar cumplimiento al deber de realojo y retorno ofreciendo una vivienda de sustitución a cambio de la que resulta expropiada sin que deba existir compensación económica adicional.
Además, se impone como criterio de realojo el de mayor proximidad a la ubicación originaria, siendo preferente, en todo caso, que la vivienda o local de sustitución se ubiquen en el mismo ámbito de la actuación, “a menos que no sea posible en razón a los usos previstos o por otras causas debidamente justificadas”.
Se introduce con este texto la exigencia de que las viviendas de sustitución reúnan “condiciones adecuadas a las necesidades, no solo del titular del derecho de realojo, sino también de cuantos integran su unidad familiar o de convivencia”.
También por medio de la ley se pretende extender el derecho del realojo y retorno en favor de quienes explotan locales comerciales o negocios en los ámbitos de actuación afectados por las operaciones de renovación urbana o reforma interior.
Además, se faculta con esta ley a las partes afectadas por la actuación urbanística a llegar a posibles soluciones alternativas, por vía convencional, para dotar al sistema de la mayor flexibilidad posible.
En esta proposición de ley se incorporan garantías procedimentales para que el derecho al realojo sea contemplado desde un inicio, en el curso de la tramitación de los respectivos instrumentos de gestión urbanística, que da lugar a su nacimiento. Así, en este procedimiento, se determina el momento concreto en que se debe poner a disposición del afectado la vivienda de sustitución y se fija un régimen supletorio de realojo provisional.
Según se expone en el texto que, tras la entrada en vigor de la presente norma, “no se podrán ocupar las viviendas de los afectados que tengan reconocido el derecho de realojo en tanto que no se haya procedido a la entrega de la vivienda de realojo provisional o definitivo o no se haya producido la renuncia efectiva al derecho reconocido”.
“De espaldas al Gobierno”
“Mienten cuando dicen que no nos hemos querido acordar con ellos esta modificación porque nos la han trasladado al entrar a la Ponencia de la Comisión que está trabajando en la futura Ley del Suelo”, ha afirmado en un comunicado la portavoz del grupo socialista, Silvia Abascal.
A juicio de la diputada del PSOE, el acuerdo entre PP, Podemos y Ciudadanos, “pretende tapar la falta de iniciativas parlamentarias de la oposición en el Parlamento”.
También ha asegurado que, a diferencia de lo que hizo el PP durante la pasada legislatura, el actual Gobierno PRC-PSOE “ha puesto en marcha todos los mecanismos de participación y se ha puesto a disposición de este Parlamento para dar cuantas explicaciones soliciten los grupos”. Por ello, insiste en que “acusar de falta de diálogo y voluntad de acuerdo es una falacia”.