El PP gobernará en solitario en Cantabria pese a no contar con mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. María José Sáenz de Buruaga será la próxima presidenta de Cantabria en un Ejecutivo monocolor, es decir, sin la presencia de Vox, a diferencia de lo que ha ocurrido en la Comunitat Valenciana y como previsiblemente pasará en otros territorios donde la extrema derecha está presionando a los de Alberto Núñez Feijóo para dar su apoyo a cambio de poder institucional.
La situación excepcional de Cantabria se explica por el acuerdo de investidura que los populares han alcanzado con el PRC y que deja fuera de la ecuación a Vox. Así todo, y aunque Buruaga evitará hacerse la foto con la extrema derecha y tener que conceder consejerías a los diputados del partido ultra, parece que en el PP no están del todo cómodos ante la amenaza de que un pacto con Miguel Ángel Revilla pueda pasarle factura en las elecciones generales del próximo 23 de julio.
Como consecuencia de ello, sus dirigentes están constantemente desgranando los detalles del acuerdo y minimizando la influencia regionalista en la acción de su futuro Gobierno: “No es un pacto de legislatura, sino un acuerdo puntual de investidura basado exclusivamente en la continuidad de los proyectos que están en marcha o en tramitación y que ya formaban parte del programa del PP”, resaltó este miércoles la futura presidenta de Cantabria en la Junta Directiva Regional del partido ante la presencia del líder nacional y de 300 cargos y dirigentes populares allí presentes. En la misma línea abundó este pasado viernes, tras la firma del pacto con el propio Revilla.
Pero sin duda, la principal preocupación radica en el conocido como caso Obras Públicas, escándalo de corrupción que estalló meses antes de las elecciones y que, aunque no ha implicado hasta el momento a ningún dirigente regionalista, se cobró la cabeza del entonces consejero del citado departamento, José Luis Gochicoa (PRC). En este sentido, en el PP temen que el pacto con Revilla le vincule “a su corrupción” y no sea visto con buenos ojos entre parte de su potencial electorado, especialmente el más próximo a Vox, y que sea este partido el que capitalice las consecuencias de gobernar con la abstención del líder regionalista.
A ello hay que añadir la agitación generada por la polémica en torno a las comisiones de investigación, “una tortura” a la que Revilla pidió que su partido no fuera sometido para hacer posible ese gobierno en solitario del PP. Y aunque posteriormente se desdijo, lo cierto es que los populares insisten continuamente en dejar claro que eso “ni ha estado, ni estará sobre la mesa”. “El PP no hubiera aceptado nunca ninguna renuncia a controlar el cumplimiento de la legalidad”, ha remarcado Buruaga varias veces.
En este sentido, recuerda que “lo primero que va a hacer cuando llegue al Gobierno es hacer una auditoría de los últimos 20 años en la Consejería de Obras Públicas y abrir puertas y ventanas para que entre el aire”. “Que nadie os enrede ni intoxique”, exclamó esta semana la lideresa del PP en Cantabria antes casi 300 altos dirigentes de su partido: “No vamos a tapar la corrupción de nadie, jamás lo hemos hecho, de ahí no nos hemos movido y de ahí no nos vamos a mover ni un solo milímetro”, sentenció.
Pero la realidad es que los populares tienen que hacer equilibrios para intentar que el acuerdo con Revilla no le pase factura el 23J, teniendo en cuenta además que desde Vox reciben acusaciones de estar “blanqueando la corrupción regionalista”. La extrema derecha hará campaña electoral con ello como represalia por no aceptar su ofrecimiento a conformar un gobierno de coalición, y el PP tendrá que hacer de funambulista para contener esas críticas distanciándose lo máximo que pueda del PRC y, a su vez, seducir al votante de Revilla de cara a las generales, tal y como trató de hacer Feijóo en su visita a Cantabria.
Se da la paradoja de que durante toda la pasada legislatura, los de Buruaga tendieron la mano al PRC para tratar de persuadirle de que cambiara de socio -el PSOE- y ahora tratan de alejarse para evitar una fuga de votos, incluso cuando el acuerdo con Revilla no implica gobierno de coalición. Y todavía más allá: el PP prometió durante la campaña electoral “acabar con el revillismo”, al que equiparaban incluso con el “sanchismo” en una campaña que mezclaba las imágenes de Miguel Ángel Revilla y Pedro Sánchez. Y desde Vox tratan de sacar partido de la contradicción que supone “acabar con el revillismo” firmando un pacto de investidura con Revilla.
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