A Mally Rodríguez se le quiebra la voz. Los restos de su tío, Santiago Gil Santos, llevan más de 80 años en una fosa ubicada en algún punto del Coterón de la Pra, en Cillorigo de Liébana. “Es una depresión… no puedo porque me emociono… llevo muchos años detrás de esto y yo ya me voy haciendo mayor… Sé que mi madre quería que lo buscáramos”, explica. “Mi hermano, que era médico y vivía en Santander, también lo intentó pero murió hace tiempo”. Su madre, Concepción Gil, falleció en 2010. Ella, que estudió Filología Románica en Valladolid y fue profesora en Madrid hasta su jubilación, tiene 73 años, pero su prima, que nunca llegó a conocer a su padre porque nació cuando ya estaba detenido, cuatro días antes de que lo mataran, tiene ya 86.
El cadáver de aquel joven de 26 años no fue el único arrojado a la cuneta de la carretera entre Castro y Tama. De acuerdo a los datos que los investigadores Jesús Gutiérrez Flores y Fernando Obregón aportaron al Gobierno de Cantabria, en el mismo lugar habría, al menos, otras cinco víctimas: Lorenzo Rodríguez Armiño, Camilo Bargaño Vicente, Pedro Martín Esteban Ruiz, Lucas Arias García y Federico Rodríguez. Los trabajos de localización, que habían comenzado en febrero, han quedado paralizados.
PP y Vox aprobaron este pasado lunes instar al Ejecutivo autonómico, presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP) tras las elecciones del 28M, “a presentar a la mayor brevedad un proyecto de ley de derogación de la Ley de Cantabria de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria” aprobada en 2021 por PRC y PSOE. Y así han frenado el proceso de recuperación de la memoria en la comunidad autónoma tras años de espera.
Me encanta que algunos se rasguen las vestiduras. Ahora que no se sorprendan
“Me encanta que algunos se rasguen las vestiduras. Ahora que no se sorprendan”, afirma el diputado y senador autonómico Íñigo Fernández (PP) en declaraciones a elDiario.es. Y es cierto que estaban sobre aviso. El 10 de mayo de 2021, en el debate y votación de la enmienda a la totalidad del proyecto, presentada entonces por el ya extinto grupo parlamentario de Ciudadanos, el propio Fernández ejerció como portavoz del PP y anunció desde la tribuna la futura derogación de la norma “si de él dependía”.
Ahora ha sido a través de una iniciativa de Vox, presentada por Leticia Díaz -quien fuera consejera de Presidencia y Justicia entre 2011 y 2015, durante el Gobierno de Ignacio Diego (PP)- cuando Fernández ha tenido la oportunidad de representar al grupo parlamentario Popular para certificar la muerte fetal de una normativa que, en el ámbito de las exhumaciones de víctimas de la represión franquista, no ha llegado a dar ningún fruto.
La paradoja cántabra es que, más allá de las acusaciones de “sectarismo” lanzadas por PP y Vox, la única exhumación que se ha producido en la comunidad autónoma tuvo lugar en 2019, recién creada la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica pero sin ley autonómica en vigor, y fue la de Eloy Campillo, alcalde pedáneo de Sotres y guarda del coto de caza de Picos de Europa, asesinado en 1945 por guerrilleros de la Brigada Machado, recuerda la exdirectora de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa (PSOE).
Mariano Calvo Haya, representante de Desmemoriados, que es una asociación para la recuperación de la memoria colectiva de Cantabria, también incide en este punto. “A mí me molestó un poco, pensé: Qué prisa se han dado, ¿no? No se dan tanta prisa con los otros. Ahora entiendo que quizá quisieron empezar por ahí para acallar a la derecha”, confiesa por su parte Marisol González, delegada en Cantabria de la asociación de memoria histórica Archivo, Guerra y Exilio (AGE). Si esa era la intención, no funcionó. “La ley es sectaria aunque la primera fosa que hayan abierto haya sido para recuperar el cadáver de una víctima de los maquis”, sentencia el popular Íñigo Fernández.
El Gobierno de Cantabria “tendrá que mover ficha” ahora y trabajar en la derogación de la ley “salvaguardando dos supuestos: el derecho a la recuperación de los restos mortales de las víctimas y la necesidad de custodiar el material documental”, continua Fernández. El mismo jueves por la tarde, la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, Eva Guillermina Fernández (PP), refrendaba este punto en el Parlamento.
Ambos principios quedarían amparados por la normativa estatal (Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática). No obstante, “las derechas (PP y Vox) saben que las leyes autonómicas, hechas desde el patio de vecindad, permiten el desarrollo de actuaciones más rápidas y cercanas. Por eso la eliminan, porque quieren perpetuar la situación de olvido que instauró el franquismo”, argumenta Mariano Calvo Haya. “El marco general ampara pero la herramienta autonómica es la que va a más”, suscribe la exdirectora de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica.
Compete ahora al equipo de Eva Guillermina Fernández encontrar la fórmula para encajar la derogación completa de la ley ‘salvando’ las exhumaciones y la conservación de documentación. Eso sí: “No hay ninguna prisa en hacerlo. No tiene que ser la semana que viene. Tampoco tiene por qué tardar mucho. Démonos seis meses, sin ningún problema”, apostilla el diputado popular.
O quizá más, porque “el único cambio” que ha hecho el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga “ha sido eliminar la Dirección de Acción Cultural y la de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica para unificarlas en una -a la que han llamado Dirección de Cultura y Patrimonio Histórico, dirigida ahora por Juan Antonio González Fuentes- y cargar de trabajo al funcionario responsable. Eso demuestra el interés que tienen en ambas áreas”, apunta Zoraida Hijosa.
Mientras tanto, las actuaciones para localizar a Santiago Gil Santos y el resto de víctimas están en suspenso. “Han ido muy despacio y al final se les ha echado la legislatura encima y ha caído el cambio de Gobierno”, lamenta Mally Rodríguez, que recuerda la ingente labor de documentación que ha realizado durante años. “Hablé con todos los historiadores e investigadores vivos de Cantabria”. Rodríguez cita de memoria: Antonio Ontañón, Miguel Ángel Soya, Fernando Obregón o Ángel Armendáriz (entre otros), autor del mapa de fosas más completo que existe hasta la fecha en Cantabria, donde se identificaron al menos 150, cuando antes de 2018 solo se conocían siete, como publicó en su día elDiario.es. “Le entregué todo a Zoraida (Hijosa)”, concluye.
Cantabria es un escenario complicado. “En otras comunidades hay fosas enormes en lugares más o menos accesibles. Aquí ha llevado mucho tiempo localizar los puntos concretos donde pueden estar ubicadas. Además, la política en Cantabria fue encontrar primero a los familiares reconocidos que tuvieran interés en reclamar los restos de esas víctimas”, relata Hijosa.
En el caso concreto del Coterón de la Pra, donde estaría Gil Santos, “hubo que llamar, puerta por puerta” para obtener información sobre el lugar concreto. “Al final un vecino de Tama nos dio una ubicación más exacta, era una zona llena de zarzas que el Ayuntamiento limpió. Se logró identificar un foso y se iban a iniciar las catas”. En Anievas, los intentos de localización de la fosa en la que podría estar los restos de Pedro Terán Arce, transportista y juez municipal, asesinado en 1937, “dieron negativo”. En Piélagos y Cieza no llegaron a comenzar.
Hijosa fue cesada por Decreto de 13 de abril de 2023. “Desde entonces no he conseguido que me den ninguna información sobre el desarrollo de los trabajos”, subraya. La partida de 120.000 euros prevista en el presupuesto de la antigua Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte “no se va a ejecutar y tampoco han sacado las ayudas -un montante total de 30.000 euros- para los proyectos de recuperación de memoria histórica que se sacaban todos los años. No están haciendo nada. Y no lo van a hacer, creo. Ojalá me equivoque”, añade la exresponsable del área.
“En mi casa nunca se hablaba porque tenían miedo. A mi madre nunca pude preguntarle en qué sitio exacto estaba, probablemente ni ella misma lo sabía”, continúa Mally Rodríguez. A su tío lo mataron el 14 de septiembre, Día de la Cruz, en las fiestas de Potes, “para más inri, para que sirviera de lección al pueblo. A él y a Federico Rodríguez los ataron de pies y manos a un camión, no sé si vivos o muertos, y les pasearon por Potes. Lo que sí sé es que los destrozaron”, tal y como recoge Fernando Obregón en su libro República, Guerra Civil y posguerra en los Valles de Liébana y Peñarrubia publicado en 2007.
No es posible que digan que ahora queremos abrir heridas. Queremos que estén donde tienen que estar, no tirados por ahí como alimañas en un 'prao' a la orilla de un río. Es una cosa inhumana
“Yo cada vez que oigo que por qué queremos remover… pues porque hemos estado ochenta y tantos años esperando. Es una cosa inhumana”, reflexiona Mally Rodríguez. “No es posible que digan que ahora queremos abrir heridas. Queremos que estén donde tienen que estar, no tirados por ahí como alimañas en un prao a la orilla de un río”.
El argumentario de PP y Vox para derogar la Ley gira en torno al siguiente razonamiento, expresado por Íñigo Fernández: “Nosotros decimos que la reparación de las víctimas debe hacerla un régimen democrático. No vale decir que la democracia repara las víctimas de un bando porque las otras ya fueron reparadas por la dictadura, porque entonces ya las estamos tratando distinto”.
Y la consejera de Cultura remataba esta misma semana. Según dijo en comisión parlamentaria, las exhumaciones se mantendrán, pero “contando para ello con la voluntad de las familias”. “No todo el mundo quiere remover a sus muertos. Algunos consideran que están bien dónde están. Que se lo pregunten si no a los que están en Paracuellos”.
“Esto no es nuevo”, certifica Calvo Haya, de Desmemoriados. “Lo que pretenden es tapar un muerto con otro muerto. Cada vez que se habla de los muertos que lucharon por la República, la derecha y la extrema derecha recuerdan a muertos que ya han sido suficientemente dignificados”. La derogación de esta ley es “un retroceso antidemocrático que lo que hace es perpetuar la preeminencia de las víctimas del bando llamado Nacional, que ya fueron suficientemente dignificadas y recordadas, solo hay que pensar en las placas de las iglesias, mientras que las del otro bando, muchas de ellas, siguen en cunetas y campos hasta hoy”.
“Esta derecha no está civilizada, ningunear así a las víctimas sería impensable en Europa. Y siguen machacándonos con estas teorías fascistas para justificar el golpe de estado”, argumenta Marisol González, quien apunta dos cuestiones sobre la iniciativa de Vox.
“Ahora bien, como parte de la deseada concordia, se debe satisfacer la justa demanda de la localización de las víctimas de la violencia social, política o religiosa durante aquella época, con independencia de su credo o militancia”, dice, casi para finalizar, la Proposición No de Ley de Vox. “No es cierto que los miles de víctimas que yacen en cunetas sin identificar sean de ambos bandos. Por desgracia los únicos sin identificar son las víctimas que produjo el régimen franquista porque de sus correligionarios se ocuparon muy mucho, tuvieron casi 40 años para hacerlo, así que no quedó victima sin identificar”, matiza González.
Esta derecha no está civilizada, ningunear así a las víctimas sería impensable en Europa. Y siguen machacándonos con estas teorías fascistas para justificar el golpe de estado
De hecho, “como no tenían muchas víctimas, para rellenar utilizaron víctimas del otro lado, como ocurrió en los enterramientos del Valle de Cuelgamuros o de los Caídos, como lo bautizó Franco, donde metieron a muchos republicanos para completar los nichos, sin el conocimiento de sus familias”, incide, a las que quizá también habría que preguntar “si están bien donde están”.
Por otra parte, resalta que Vox habla “de los cinco años que gobernó la República (de 1931 a 1936). Otra falacia: la República estuvo gobernando y legislando hasta que en 1939 el Gobierno se tuvo que exiliar. Es decir, ocho años. No es que no conozcan la Historia, es que ellos dan por bueno el Estado Mayor que Franco estableció en Burgos en 1936 cuando aún no tenía el poder en sus manos”.
“En julio de 1936 se puso fin a la experiencia de la República”, reza de forma literal la propuesta de Vox. “Siempre se trata de justificar el golpe de estado”, explica Marisol González. “Hablan de forma despectiva como si fuera un experimento, no el Gobierno legítimo de la nación, al que los golpistas, por cierto, habían jurado fidelidad”.
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