El Partido Regionalista de Cantabria en Santa María de Cayón ha alertado de la “desaparición” de expedientes y de documentos municipales del Ayuntamiento y ha censurado “la nefasta gestión” del equipo de Gobierno del Partido Popular, “que no es capaz ni de tener en orden el Archivo municipal”.
En un comunicado, los regionalistas han calificado de “inadmisible” el estado en el que se encuentran las instalaciones del Archivo, con “múltiples” expedientes y documentación tirados por el suelo, “que hace imposible saber de qué expedientes y documentos se trata”. “La falta de organización es clara y notoria”, han apuntado.
A este “caos organizativo” hay que sumar la “desaparición de numerosos expedientes”, como, según el PRC, han constatado tanto concejales como vecinos que acuden diariamente al Ayuntamiento “y que ven cómo se han perdido parte de sus solicitudes y datos. Hay numerosos testimonios al respecto”, han asegurado.
Por ello, han solicitado un Pleno extraordinario en el que urgirán al equipo de Gobierno a que “ponga orden” y “organice” la documentación “correctamente”, para que no se produzca ningún inconveniente a los vecinos de Santa María de Cayón.
Asimismo, los regionalistas han pedido a la alcaldesa, Pilar del Río, que aclare las actuaciones emprendidas “o que tiene previsto realizar” para solucionar los incumplimientos del Ayuntamiento en material laboral.
Sobre este asunto, han recordado que el PRC ya criticó la situación en el mes de junio, cuando se conoció el informe de la Secretaría municipal que alude a “diversos incumplimientos de la normativa de aplicación al funcionamiento del Ayuntamiento”, como “recurrir a una comisión de servicios o que se realicen contrataciones de trabajadores a través de una empresa externa”.
Los regionalistas han recordado que en ambos casos se trata de un problema “que viene de lejos”, ya que la situación de “descontrol” se remonta a los mandatos de los anteriores regidores, también del PP.
Por último, han pedido explicaciones de los motivos que han llevado al equipo de Gobierno a “incumplir sus obligaciones” en materia de celebración de plenos ordinarios y sobre la negativa a proporcionar a los concejales la documentación del área de Intervención solicitada para su revisión.